“En distintas localidades del país, es habitual observar edificios públicos que, aun permaneciendo cerrados, mantienen encendidas las luces de sus oficinas y espacios comunes, pese a encontrarse estos sin funcionarios presentes y sin actividad alguna”. Con esta introducción, la diputada blanca Adriana Balcarcel presentó en el Parlamento un proyecto de ley para que haya un uso más eficiente de la energía eléctrica en los ministerios y las oficinas de otras dependencias del Poder Ejecutivo.
Balcarcel explicó, en el texto de su proyecto de ley, al que accedió El País, que su idea es establecer la obligación de apagar las luces de las áreas interiores que no estén en “funcionamiento o no exista personal desarrollando tareas” en ellos.
Esto incluye “oficinas, despachos, salas de reuniones, salones, áreas administrativas y demás espacios”, aunque hay excepciones a la regla, se especifica en el documento.
No deberá acatarse esta norma —de aprobarse el proyecto de ley— cuando se precise tener encendidas las luces por seguridad y vigilancia, emergencia, prestación de servicios esenciales, limpieza, mantenimiento, reparaciones, actividades laborales o institucionales que efectivamente se estén desarrollando fuera del horario o requerimientos técnicos.
Estarían comprendidos los ministerios y otras dependencias del Poder Ejecutivo, además del Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los gobiernos departamentales y los entes autónomos y servicios descentralizados.
Estos organismos —se indica en el proyecto— deberán “procurar, progresivamente, la instalación de sistemas automáticos de apagado, temporizadores, sensores de movimiento u otras tecnologías que permitan reducir el consumo innecesario de energía eléctrica”.
En esa misma línea, se propone que, en los edificios nuevos, refaccionados o sometidos a reformas significativas, se procure incorporar dichos sistemas con el objetivo de ahorrar.
Asimismo, se sugiere que el Ministerio de Industria, Energía y Minería, a través de la Dirección Nacional de Energía, sea quien controle de manera periódica estas nuevas normas, en caso de que puedan ver la luz.