Advierten en el Parlamento que brasileños compran armas en Uruguay y luego se van y "no se ven más"

El gobierno de Yamandú Orsi tiene un reconocido problema con los homicidios —aumentaron un 13% este año, y la tendencia continúa—, con el avance del crimen organizado y el recrudecimiento de la violencia narco. El diagnóstico está más que claro, y sus principales referentes —el prosecretario Jorge Díaz, por ejemplo— han hecho referencia a este problema en las últimas horas y a medidas que estaban en camino, como la anunciada este miércoles por el ministro del Interior, Carlos Negro: un decreto exclusivamente destinado a regularizar el uso de las municiones por parte de los usuarios legales.

La situación es compleja, y así también fue advertido por un informe elaborado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) de la cartera de seguridad, en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y que arrojó que casi ocho de cada 10 armas incautadas por la Policía en 2024 que estuvieron vinculadas a asesinatos no tenían datos sobre su procedencia.

Y ese informe, también divulgado este miércoles, también reconoce que el Estado dispone de "información muy limitada" sobre municiones. Un diagnóstico de 2026 sobre el Mercosur, citado en ese documento, ubica, de hecho, los controles específicos de Uruguay como "los menos desarrollados de la subregión", determinando además que no establece límites cuantitativos a las compras por civiles.

Lo que preocupa entonces a las autoridades es que este estado actual de la regulación esté posibilitando que armas que inicialmente se compraron legalmente terminen en el mercado ilegal y luego sean utilizadas en los enfrentamientos entre los criminales. Que es exactamente lo que ocurre.

La falta de regulación en este sentido fue un tema central en la última sesión de la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado, en la que recibieron a integrantes de la Asociación Uruguaya de Tenedores Responsables de Armas de Fuego y a la Asociación Defensora de Derechos de Usuarios Legítimos de Armas de Fuego, cuyos testimonios ya fueron remitidos al Ministerio del Interior.

Las declaraciones fueron horas antes de conocerse que Interior fijaría límites —según la categoría de clientes registrados— para la adquisición de municiones, pero de todos modos Fabián Fernández, presidente de la asociación de usuarios legítimos, cuestionó que la cartera que lidera Carlos Negro hoy no tenga cómo saber la trazabilidad de las ventas de municiones.

"No es tan difícil promover una herramienta electrónica que permita visualizar en tiempo y forma qué cantidad de armas y municiones está comprando un usuario. Eso le daría al Ministerio una información que hoy no tiene, porque hoy un usuario legítimo —ejemplificó— compra 500 municiones en Cerro Largo, a las dos horas compra otras 500 en Treinta y Tres y al otro día compra otras 1.000 en Montevideo, y el Ministerio del Interior se entera dentro de 15 días que esa persona en dos días compró esa cantidad de municiones, cantidad que llama la atención si no está justificada".

Y fue entonces que entró en tema. "Otro punto importantísimo —dijo, de acuerdo a la versión taquigráfica a la que accedió El País—, que en lo personal veo todos los días, es el acceso a armas y municiones de extranjeros con residencia provisoria". Dijo que es frecuente, sobre todo en los departamentos fronterizos, que lleguen brasileños a Uruguay y en una corta estadía obtengan el Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas (THATA).

"En Cerro Largo se da mucho que brasileños vienen y sacan el THATA; ellos sacan un documento provisorio y, a los 30, 35 o 60 días, ya están en condiciones de solicitar un THATA con las mismas exigencias que cualquier uruguayo". Porque el certificado de buena conducta que se les exige para esos casos, agregó, no refiere a sus antecedentes en su país de origen.

"Ese es un asunto muy grave, y es algo que hace muchos años está pasando —siguió Fernández—. Les diría que hasta conozco gente que compró sus armas y no apareció más, no vino más al Uruguay, ni siquiera a renovar el THATA, y el Ministerio tampoco tiene trazabilidad de eso. Entonces, creo que sería muy importante generar una herramienta que verifique esta temática".

El asunto no es nuevo. Se arrastra desde al menos 2005, cuando, según recordó el presidente de la asociación de usuarios, el diputado brasileño Moroni Torgan hizo pública su preocupación ante la situación de que ciudadanos de su país adquirían, sin mayores obstáculos, armamento en el lado uruguayo.

"Y hoy no estamos muy lejos de eso. Si bien pasa en pequeñas cantidades, está pasando, y justamente por este punto del que les hablo. Nosotros pudimos detectarlo porque, de hecho, soy instructor en esa zona", dijo Fernández, que concluyó: "Incluso, tengo los nombres de los brasileños que han comprado sus armas y sus municiones aquí. No los vi más, pero tampoco soy un policía activo y no puedo investigar si realmente esas personas aún mantienen sus armas, dónde las tienen, si las llevaron a Brasil o si siguen comprando munición. No se sabe. Entonces, como esa trazabilidad no existe, planteamos que también se debería controlar".

Al finalizar la exposición, el presidente de la comisión, el senador blanco Carlos Camy —quien propuso al menos dos proyectos vinculados a este tema y a la necesidad de avanzar en la regulación— aseguró que veía "oportuno trasladar a conocimiento del Ministerio del Interior la versión taquigráfica de esta sesión", lo que no tuvo objeciones.