Número de desaparecidos en dictadura pasó de 197 a 205 tras avance de investigaciones, según informe de Inddhh

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) presentó este jueves un informe sobre denuncias y casos en investigación de desapariciones forzadas durante la dictadura (1973-1985).

Actualmente, el organismo trabaja en 243 investigaciones. De ese total, 162 refieren a casos activos; es decir, “personas que fueron víctimas de desaparición forzada y se investigan como tales”.

Las 81 restantes están “en diferentes etapas de avance, debido a que no ha sido posible confirmar la hipótesis de desaparición forzada por parte de agentes del terrorismo de Estado o porque no existen elementos suficientes que permitan descartarla”.

Del 2020 —año en que la Inddhh asumió la competencia de la búsqueda de desaparecidos— a la fecha, el organismo relevó 326 denuncias. Sin embargo, 43 corresponden a casos aclarados y 40 descartados, llegando así a la cifra de 243.

Tras el avance de las investigaciones, la antigua cifra de 197 desaparecidos por el terrorismo de Estado que se había manejado hasta el momento, principalmente por la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos (Famidesa), sumó ocho casos.

“Tres se consideran casos activos de búsqueda y cinco casos ya habían sido aclarados, pero no formaban parte de dicha nómina”, indica el informe. Por lo tanto, la cifra final es de 205.

Cabe señalar que un caso aclarado, para ser considerado como tal, debe cumplir con dos condiciones, pues refiere a aquel “sobre el que ya hubo un resultado de determinación de las circunstancias de su desaparición y ubicación o hallazgo de su paradero”.

El informe menciona que una “decena” de casos “llegaron a conocimiento de la Inddhh muy recientemente, y serán objeto de un análisis particular”. De hecho, “la última denuncia incluida en el informe llegó al equipo a mediados de abril, y refiere a un hecho ocurrido hace más de 50 años”.

En la conferencia por la presentación del informe, la presidenta de la institución, Mariana Mota, sostuvo que “el número exacto de víctimas de desaparición forzada solo podrá conocerse si los victimarios lo informaran y aportaran los datos para localizarlas”. “Mientras tanto, siempre será un número aproximado y variable”, agregó.

La designación de la exjueza para el cargo, que ya ocupó previamente, fue propuesto por varias organizaciones sociales, principalmente Famidesa. Mota estuvo a cargo de decenas de casos de delitos ocurridos en la dictadura y fue quien, por ejemplo, dictó la sentencia que condenó a Juan María Bordaberry en 2010.

Fabián Werner, integrante del equipo de investigación del organismo, explicó algunos de los criterios que se usan para considerar cuándo un caso es de “desaparición forzada”.

“El primero tiene que ver con la fecha en la que se produjo la presunta desaparición. Si se produjo entre el 13 de junio del 68 y el 26 de junio del 73, en el marco de las medidas prontas de seguridad, o si se produjo entre el 27 de junio del 73 y el 28 de febrero del 85, durante la acción del terrorismo de Estado en la dictadura militar. Además de la fecha, se tuvo en cuenta si existen datos fehacientes de la participación, el apoyo o la aquiescencia de agentes estatales en la desaparición, y si existía antecedentes de militancia política, social o sindical de la víctima o de algún familiar directo”, afirmó.

El informe de la Inddhh incluye los nombres de las personas en los 43 casos aclarados y los 162 casos activos. En contraposición, deja por fuera aquellos de las 81 denuncias que aún se están analizando y las 40 que fueron descartadas.

Sin embargo, brinda datos sobre los nuevos ocho casos que se suman a la lista, con sus nombres y las circunstancias de desaparición.

Los tres casos activos son: Luis Eduardo Bergés García, militante comunista desaparecido en agosto de 1982 en Río Negro (Argentina) tras ser detenido por la Policía; Aldeber Elgart, sindicalista y militante comunista secuestrado en junio de 1977 en su casa de Mar del Plata por hombres armados que dijeron ser policías; y Antonio Cosimo Vulcano Díaz, guerrillero tupamaro herido de muerte en un operativo militar en Colombia, luego enterrado en una fosa común.

En cuanto a los cinco casos aclarados, se trata de cuatro uruguayos encontrados en el Cementerio de Avellaneda en Buenos Aires y uno en El Salvador. Las fechas de desaparición van de 1975 a 1984, y las de hallazgo desde 1987 a 2012.

Foto: Darwin Borrelli.