Musso, el contralmirante que puso a Cardama como la peor opción, reafirmó que la elección fue “temeraria”

En una de las comparecencias más esperadas ante la comisión especial que investiga el proceso de compra de las dos patrulleras oceánicas —una operación por 82 millones de euros cuyo contrato fue rescindido por el actual gobierno y enfrenta varias instancias judiciales entre las partes—, este lunes prestó declaración ante los legisladores el exjefe del Estado Mayor de la Armada Gustavo Musso, quien pidió pasé a retiro voluntario en 2023.

Como uno de los principales jerarcas de la Armada Nacional, Musso fue uno de los encargados de analizar las distintas ofertas que recibió el Estado uruguayo para la adquisición de las OPV (Offshore Patrol Vessel).

Sin embargo, una vez que el gobierno de Luis Lacalle Pou, con Javier García al frente del Ministerio de Defensa Nacional, resolvió adjudicar la compra al astillero Cardama, el oficial decidió solicitar el pase a retiro en 2023, antes de lo previsto, por discrepancias con esa decisión.

En el Parlamento, Musso ratificó lo que había declarado en la investigación administrativa —ámbito en el que lo hizo por más de cuatro horas— llevada adelante por Presidencia a pedido de la ministra Sandra Lazo. En un informe que había elaborado el contralmirante en su momento, sus conclusiones habían sido que de las ofertas sobre la mesa la del astillero de Vigo “tenía un plazo irreal y un costo por fuera de cualquier consideración económica”.

“Era llamativo, porque lo que había era un diseño genérico y un precio temerario, muy por debajo del promedio. No hubo ninguna explicación de cómo un astillero sin experiencia, sin antecedentes y sin infraestructura podría reducir un 25% el tiempo de construcción y más de un 20% el precio. Llevaba más de seis años sin construir ningún buque y el único multipropósito de 50 metros, para Senegal, estaba desde 2018 sin ser entregado al armador”, reconstruyó La Diaria sobre las previas advertencias hechas por el militar antes de comparecer al Palacio Legislativo.

Frente a los 14 senadores y diputados que forman parte de la “Comisión Especial para Investigar y Analizar el Proceso de Adquisición de OPV”, Musso defendió el informe que presentó ante la Junta de Almirantes en mayo de 2023 y los argumentos por los que entendía que Cardama era una de las peores opciones para llevar adelante el proceso de compra.

“Cardama no tenía antecedentes de construcción naval en ningún buque similar a una OPV. Tampoco figuraba ningún antecedente de construcción naval de dimensiones o tonelaje similar. El antecedente de este constructor específico —según el Ministerio de Industria de España— a diferencia de otros, es que tenía en sus instalaciones dos barcos construidos: uno desde hace más de 10 años y el otro desde hace 11, sin entregar”, comenzó el contralmirante retirado que aclaró que su rol consistió en brindar a asesoramiento y advertir al en este entonces comandante en Jefe de la Armada, Jorge Wilson.

Según agregó, se le prendió una “alarma” cuando encontró que había “inconsistencias” al encontrarse que las respuestas del astillero se contradecían con información que había podido recabar.

En esta línea, marcó que desde Cardama se informó que se había construido un OPV, cuando la empresa no lo había hecho en sus más de 100 años de historia. Musso explicó que, desde el astillero, se le dijo que había entregado un barco para una Armada, cuando no era cierto.

En justificación a su postura, que ha sido una de las más polémicas desde que comenzó el proceso Cardama, el exoficial naval reafirmó que su decisión la basó en que “Cardama no tenía antecedentes de construcción naval en ningún buque similar a una OPV y que eso le fue comunicado oportunamente a Wilson".

De parte de la oposición, en tanto, en particular los diputados Pablo Abdala y Gabriel Gianoli y Felipe Schipani, marcaron que lo relatado por Musso en su comparecencia se contradecía o al menos no coincidía en muchos aspectos con lo expresado por el excomandante en Jefe.

“Se me dice que, aparte, sistemáticamente va a entregar el buque que le encargaron, un mes sí y un mes no, y el barco no se entrega. Si llevo esa proyección a un barco para Uruguay, podíamos caer en la misma. Si un remolcador de 50 metros para Angola, al día de hoy lleva 10 años para poder ser entregado, no quiero poner en riesgo a la Armada. Esa es una razón que daba sustento a mi criterio —por decir el mío— de que no era el astillero que me daba mayor confianza para construir los buques que queríamos para Uruguay. Es así de simple”, graficó.

Musso puso sobre la mesa que del trabajo realizado en lo previo, de “todos los oferentes que había —ocho en total— siete se dedicaban a la construcción naval y solo uno, no.

“Bueno, ese astillero no merece mi confianza por lo que he dicho. Y es la recomendación que hice. No se pueden negar los antecedentes. Si estaban en juego los únicos patrulleros posibles que se querían construir en Uruguay, si tengo que optar, prefiero ponerlos en manos de quienes sí han construido, de quienes tienen experiencia y espalda financiera”, agregó.

Musso reivindicó que su postura al momento era que, en base a los antecedentes y la investigación que había realizado era “temerario” contratar con el astillero español, el que en artículos vinculados a la industria naval de Galicia había sido calificado como de los tipos de empresas de construcción que estaban en una situación “inestable o riesgosa” económica o financieramente.

“Cuando uso el término ‘temerario’; no puedo calificarlo de otra manera, solamente de temerario; uno puede asumir el riesgo que quiera. Esa información estaba en línea. Y, bueno, de alguna manera también se suma al hecho de que si quiero pensar en quién me hace un barco para Uruguay, lo quiero con una espalda grande y que si hay variación de precios, la pueda absorber, y después veremos cómo se soluciona. Pero si no, siempre termina siendo a riesgo de Uruguay. Yo quiero que el riesgo no sea nuestro. Era la intención”, defendió su postura.

Al momento de optar por la compra directa de las patrullas oceánicas —sin pliego y mediante llamados informales para solicitar ofertas a distintos astilleros—, luego de haber declarado desierta una licitación en 2023 por los altos costos y de reducir las condiciones técnicas de los buques pretendidos (se establecieron tres), la votación de los contralmirantes fue dividida.

En el caso de Musso, optó por Gondán — otro astillero español con el que había tenido vínculo entre 2010 y 2011, según declaró Wilson en el Parlamento, recordó Abdala—, tres de los contralmirantes se abstuvieron de votar, mientras que el comandante en Jefe y otros dos contralmirantes votaron por Cardama.

Como respuesta, Musso presentó un informe por escrito que se hizo público en el que, según su análisis, Cardama era la peor opción.

Luego de conocida el inicio del arbitraje internacional por parte de la astillero español, la oposición planteó en el comisión adelantar el cronograma previsto para citar a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en las próximas sesiones. Sin embargo, el oficialismo no acompañó lo planteado por el diputado Pablo Abdala y la moción salió negativa, con seis votos en 15.

“El oficialismo votó en contra nuestra solicitud de convocar a la ministra Lazo. Invocando supuestos acuerdos sobre el trabajo de la comisión realizados al comienzo (hace tres meses). He llegado a la conclusión, y así lo dije, de que a la ministra la están blindando, y a ella no le creo cuando públicamente dice que está a las órdenes del Parlamento. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo se podrán conocer los términos del juicio internacional al que ha sido sometido el país?”, cuestionó el legislador blanco en X una vez finalizada la sesión.