Miguel Ángel Toma no probó idoneidad de la contadora que participó de misiones oficiales

LOS VIAJES DEL EXSECRETARIO

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El exsecretario de Presidencia del gobierno del Frente Amplio, Miguel Ángel Toma, no logró probar que la contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Giuliana Pérez, tenía la idoneidad técnica para concurrir a misiones oficiales relacionadas con juicios a militares uruguayos en el marco del “Plan Cóndor” en Roma y al arbitraje internacional iniciado por la minera Aratirí en Washington.

Uno de los focos de la investigación está puesto en determinar si la hoy exfuncionaria de la Senaclaft tenía los conocimientos, competencias y experiencia como para que Toma la solicitara para integrar estas delegaciones. Las declaraciones del exjerarca, según supo El País, no lograron demostrar que Pérez, recibida en diciembre de 2018, tuviera la idoneidad como para participar de esas misiones.

El 29 de setiembre de este año, Toma declaró por seis horas ante el abogado sumariante Ariel Sánchez en el marco de la investigación administrativa realizada por la Presidencia de la República. Varias de sus preguntas apuntaron, justamente, al currículum y a la formación de la contadora Pérez.

El abogado tiene 60 días para dar su opinión. Puede pedir prórroga, pero todo hace suponer que se expedirá dentro del plazo establecido.

El presidente Luis Lacalle Pou hizo referencia a este caso en la noche de ayer durante una conferencia de prensa, y aseguró que respaldó personalmente a Sánchez en el marco de la investigación.

El anuncio del respaldo político llega tras una publicación realizada por el semanario Búsqueda, en la que se informó que el abogado mantuvo un vínculo con Toma entre 2005 y 2008, momento en el que compartieron trabajo en la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Ariel Sánchez es un funcionario de confianza política del presidente Luis Lacalle Pou y afín al sector Alianza Nacional, liderado por el ministro del Interior, Jorge Larrañaga.

De profesión abogado, Sánchez entró muy joven a trabajar en Presidencia de la República. En los últimos 30 años se desempeñó en la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) y allí se especializó en distribuir dentro del Estado al personal excedente. También es considerado un técnico muy capaz a la hora de analizar expedientes vinculados a la actividad pública.

Sánchez trabajó en la misma tarea durante los gobiernos del Partido Colorado y el Frente Amplio. Hace solo seis meses que ocupa un cargo de confianza política como subdirector de la ONSC, donde el titular es Conrado Ramos, dirigente del Partido Independiente.

Toma y Pérez viajaron a Roma por primera vez el 4 de julio de 2019 en representación del gobierno uruguayo en varias audiencias y reuniones relacionadas a los delitos perpetrados en aplicación del “Plan Cóndor”. Se trata de un juicio realizado contra militares uruguayos que violaron derechos humanos de ciudadanos italianos que residían en Uruguay durante la dictadura militar.

El entones secretario de Presidencia de la República y la contadora de la Senaclaft también viajaron a Washington el 2 de septiembre de 2019, en el marco del proceso arbitral ante la Corte Permanente de Arbitraje, iniciado por la minera Aratirí. Otros tres viajes de Toma y Pérez repitieron los mismos destinos: Roma y Washington (en dos oportunidades).

Como adelantó el programa Así nos va de Radio Carve, Toma fue denunciado en forma anónima ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

El entonces presidente del organismo, Ricardo Gil Iribarne, se encontraba de licencia cuando se decidió archivar el caso Toma en el primer día que había empezado a tratarse. Esto gracias a las firmas de Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez Larreta.

Al regresar del viaje, Gil Iribarne dejó constancia de su disconformidad con la resolución adoptada por sus compañeros, por dos razones: no se solicitó opinión a la Asesoría Letrada y no se dio un plazo de deliberación de varios días como se acostumbraba en el organismo.

Gil Iribarne sabía que la contadora Pérez no había sido designada por la Senaclaft para investigar presuntos ilícitos económicos perpetrados por militares, ya que ocupaba un mero cargo administrativo en esa repartición. Es decir, si Toma quería llevar a un experto en la materia, había técnicos en dicha secretaría con más experiencia en delitos económicos que Pérez, quien hacía poco había obtenido su título.

Es que el entonces presidente de la Jutep se veía muy a menudo con Daniel Espinosa, entones presidente de la Senaclaft. En una de esas ocasiones le preguntó si había enviado a la contadora Pérez a misiones en Roma por el Plan Cóndor o a Washington por el arbitraje de Aratirí.

Espinosa respondió a Gil Iribarne que él no estaba informado del contenido de esos viajes y que la resolución había sido firmada por Presidencia de la República.

El 30 de septiembre pasado, Espinosa fue citado a declarar en el marco de la investigación administrativa. En esa instancia, repitió lo que dijo a Gil Iribarne: “La Senaclaft no fue consultada ni tuvo ninguna actuación en investigación relacionada con los juicios de Roma ni los de Aratirí”.