INTERNA DEL GOBIERNO

Lacalle niega una crisis en la coalición por el pedido de destitución del Fiscal de Corte

Lacalle Pou y Manini Ríos negaron enfáticamente que la coalición de gobierno sufra una crisis a raíz del pedido de remover al fiscal general de Corte, Jorge Díaz.

Jorge Díaz, Fiscal de Corte. Foto: Fernando Ponzetto
El pedido de remoción de Jorge Díaz efectuado por Cabildo Abierto despertó reacciones de rechazo en el FA. Foto: Fernando Ponzetto

El pedido de Cabildo Abierto (CA) a Presidencia de remover al fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, puso ayer sobre la mesa la posibilidad de un quiebre en la coalición de gobierno, lo que fue descartado por el presidente, Luis Lacalle Pou, y por el líder de esa colectividad, el senador Guido Manini Ríos.

“¿Siente que corre riesgo la coalición de gobierno por este motivo?”, le preguntó anoche un periodista al mandatario en conferencia de prensa. “No”, respondió Lacalle Pou. “Esta pregunta la vamos a contestar cuatro años y pico, o sea hasta el final de la coalición, esperemos. Vamos a ver. Si cada uno cumple con sus compromisos, con lo que suscribimos y firmamos, yo creo que hay una madurez y una responsabilidad muy importante de todos los miembros de la coalición. El más responsable y el más obligado es el partido al que pertenezco, que es el Partido Nacional”, concluyó.

El encargado de encender la mecha ayer al plantear una posible ruptura de la coalición de gobierno fue el diputado cabildante Eduardo Lust, quien el lunes presentó en Presidencia el pedido de remoción de Díaz junto al senador Guillermo Domenech, por la investigación administrativa que inició el fiscal de Corte Díaz contra la fiscal de Carmelo, Natalia Charquero, para indagar los vínculos políticos partidarios de la magistrada, ya que en 2014 integró la Comisión de seguridad del Partido Nacional (PN).

Díaz ordenó la investigación el sábado, luego de que Charquero archivara la causa contra el intendente de Colonia, el nacionalista Carlos Moreira, por audios que se viralizaron en los que ofrecía pasantías a cambio de sexo.

En la mañana de ayer, Lust planteó que su partido debería abandonar la coalición de gobierno si Lacalle Pou no accede a destituir a Díaz. “Si me pregunta cuáles son las consecuencias (de no remover a Díaz), las consecuencias son esas. Si me pregunta qué opino yo, creo que Cabildo Abierto debería dejar la coalición”, dijo Lust en el programa en Perspectiva de RadioMundo.

La respuesta del líder de CA a este planteo de Lust no tardó en llegar. “Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia amenazar con que si no se accede a nuestro pedido vamos a hacer tal o cual cosa”, dijo Manini Ríos en diálogo con radio Monte Carlo. “Indudablemente que lo que dijo el diputado Lust es a título personal”, aseguró el senador y agregó: “Cabildo Abierto actúa con seriedad y responsabilidad. Presentamos esa petición porque creemos que realmente hay fundamentos para destituir al fiscal”.

Anoche, en conferencia de prensa, Lacalle se refirió al pedido de remoción de Díaz. “Cualquier ciudadano y cualquier legislador del partido que sea tiene la facultad de hacer planteos. Nosotros vamos a responder cuando lo estimemos oportuno y necesario. Nosotros tenemos por costumbre no reaccionar; accionar. Así que nos marcamos nuestros propios tiempos, con prudencia y con paciencia”, aseguró el presidente.

"No es amenaza".

Hasta la tardecita de ayer Lust no había hablado con Manini Ríos sobre la supuesta amenaza de abandonar la coalición.

“Él interpretó que era una amenaza, pero yo no lo tomo como una amenaza. El tema es cómo se debe hacer política. Si te dicen ‘si el presidente no acepta la destitución, ¿usted qué hace?’, y yo respondo: ‘no hago nada’. Entonces, ¿para qué pedimos la destitución? Lo que dije fue solo una opinión”, aclaró Lust.

“Hay un interés especial en buscar contradicciones entre Manini y Lust cuando eso no existe. Somos personas libres y tenemos opiniones distintas”, explicó el legislador. “Me dejé llevar por las declaraciones del Partido Nacional, que nadie las toma en cuenta y que son mucho más graves de las que dije yo”, agregó el diputado, que se refirió en concreto a palabras del senador nacionalista Jorge Gandini y del presidente del PN, Pablo Iturralde.

Gandini se preguntó el lunes en rueda de prensa: “¿Si en lugar de archivar (la investigación contra el intendente, la fiscal Charquero) hubiera dispuesto medidas sancionatorias, el fiscal de Corte hubiera dispuesto una investigación administrativa?”. Para Lust, Gandini sugirió que “la Fiscalía está flechada”.

Por su parte, Iturralde le pidió a Díaz el lunes en una reunión evitar “una cacería de brujas por asuntos ideológicos. “Eso es mucho más grave de lo que dije yo”, insistió Lust.

Jorge Díaz, Fiscal de Corte. Foto: Fernando Ponzetto
Jorge Díaz, Fiscal de Corte. Foto: Fernando Ponzetto

Reacción del Frente Amplio.

El pedido de remoción de Díaz generó una reacción generalizada entre la dirigencia del Frente Amplio. “Continúan los ataques a la justicia liderados por Cabildo Abierto, pero no son los únicos. Ahora le toca al fiscal Jorge Díaz por ordenar una investigación administrativa que es parte de sus potestades. Cuidemos la institucionalidad y la democracia”, publicó en Twitter Liliam Kechichian, exministra y actual senadora de Alianza Progresista.

El senador José Carlos Mahía, suplente de Asamblea Uruguay, tuiteó: “La Derecha nuevamente presiona a la Justicia, esta vez pidiendo la renuncia del Fiscal Jorge Díaz (...) Debemos cuidar las Instituciones”.

Por su parte, Plataforma, el sector liderado por Álvaro García y Cristina Lustemberg, expresó en un comunicado que la solicitud de destitución de Díaz es un “cuestionamiento institucional inaceptable (…) contrario a los principios de la democracia representativa”.

Las críticas.

Los cuestionamientos de Cabildo Abierto a Díaz no son novedad.

El primer choque se produjo en octubre del año pasado, cuando el fiscal Rodrigo Morosoli inició una investigación contra Manini Ríos, por entonces candidato presidencial, por su actuación en el Tribunal de Honor, en el que José Nino Gavazzo confesó haber arrojado en el río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro en 1973.

Manini Ríos dijo entonces que “se ha montado una verdadera farsa” para intentar inculparlo de omisión en denunciar a las autoridades las declaraciones de Gavazzo y agregó que la Fiscalía “opera como brazo del Poder Ejecutivo”. Díaz defendió entonces su independencia repasando las acusaciones contra jerarcas de diversos partidos.

Unos meses después, en octubre, dirigentes de CA propusieron reformar la Fiscalía General para convertirla en un triunvirato, con la pretensión de restarle poder a Díaz, cuya mandato está previsto que termine el 16 de abril de 2022, tras una década en el cargo.

Esta idea fue compartida por el exfiscal y actual diputado colorado Gustavo Zubía y logró algunos apoyos dentro del Partido Nacional, pero la iniciativa no prosperó, al punto que ni siquiera fue incluida en los borradores del proyecto de Ley de Urgente Consideración.

La última remoción de un fiscal
Fiscal de Corte, Jorge Díaz, este jueves en conferencia de prensa. Foto: Marcelo Bonjour

Para lograr la destitución del fiscal de Corte, Jorge Díaz, Cabildo Abierto necesita reunir una mayoría especial en el Senado, que solo podría conseguir con votos del Frente Amplio, lo que parece bastante improbable. La ley orgánica de la Fiscalía (19.483) establece en su artículo 44 que “el fiscal de Corte y procurador general de la Nación será designado por el Poder Ejecutivo, con venia de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente en su caso, otorgada siempre por tres quintos del total de componentes”.

En el mismo artículo, se establece que “idénticos requisitos se exigirán para proceder a su destitución”. Una ley orgánica anterior, aprobada en 2015, convirtió a la Fiscalía General en servicio descentralizado. Antes de 2015, la Fiscalía dependía del Ministerio de Educación y Cultura, y los requisitos para destituir al fiscal general eran otros. La última remoción de este tipo es de 2004, cuando el ministro Leonardo Guzmán y el presidente Jorge Batlle separaron del cargo a Óscar Peri Valdés, entonces fiscal general de la Nación. Guzmán explicó el proceso a El País: “Peri Valdés incurrió en ilegalidad cuando organizó un sistema de supervisión sobre fiscalías donde los fiscales indicaban tipificaciones de delitos cuando todavía no habían declarado los imputados.

Eso violaba normas constitucionales porque no se puede juzgar a quien no se escuchó. Además, el fiscal tomaba alguna injerencia en actos de naturaleza ministerial que no correspondían a la independencia constitucional del fiscal de Corte. La situación llegó a ser de tal naturaleza que con Batlle acordamos pedir explicaciones, que no fueron satisfactorias”, se lo sumarió y terminó siendo destituido.

Tres familiares de la fiscal son jerarcas del actual gobierno

Los padres de la fiscal de Carmelo, Natalia Charquero, ocupan cargos de particular confianza en este gobierno, y también es jerarca su esposo, de quien está separada. Su padre, José Enrique Charquero, fue designado el 30 de junio director de Gestión Humana del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) de UTU, y su madre, Adriana Martínez, es directora del Registro de Estado Civil desde el 10 de marzo. En diálogo con la diaria, Charquero padre manifestó su confianza “plena” en la profesionalidad de su hija, que integró el equipo de seguridad de la campaña de Luis Lacalle Pou en las elecciones de 2014. “Es cierto que en el pasado ella militó, pero una vez que juró la magistratura, tiempo antes ya, había dejado de tener actividad política”, explicó Charquero a la diaria. Para él, “la institucionalidad Fiscalía está por encima de todo; si el fiscal de Corte consideró que debía hacer esa investigación administrativa está en su derecho y en su deber, para incluso aclarar la situación de mi hija”. El esposo de la fiscal, Ignacio Ifer, de quien está separada hace algunos años, también es militante del Partido Nacional, fue edil en Paysandú en el período pasado y actualmente es el director del Ministerio de Desarrollo Social en ese departamento, informaron allegados a la familia a El País.

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