La Universidad de la República se excusó de pronunciarse sobre compra de la estancia María Dolores

La Universidad de la República (Udelar) comunicó al Instituto Nacional de Colonización (INC) que se excusa de pronunciarse en materia jurídica por la compra de la estancia María Dolores por US$ 32,5 millones.

El directorio del INC, presidido actualmente por Alejandro Henry, había solicitado dos informes externos tras la polémica generada por la eventual necesidad de una mayoría especial para aprobar la adquisición del predio de 4.400 hectáreas.
El Tribunal de Cuentas (TCR) observó que la resolución debía contar con al menos cuatro votos afirmativos sobre cinco, cuando fue aprobada por tres directores.

La Udelar esgrimió en la notificación enviada al INC que, producto de una resolución de la casa de estudios de hace tiempo y el propio convenio entre ambas instituciones, no corresponde que la facultad se pronuncie sobre acciones judiciales o administrativas que todavía están en curso.

“Lamento informarle que el Consejo de nuestra Facultad tiene resuelto desde hace mucho tiempo que no corresponde la evacuación de consultas por los institutos en los casos en que las mismas sean formuladas en el marco de procesos jurisdiccionales o procedimientos administrativos no definitivamente concluidos”, señala el escrito remitido por el decano Gonzalo Lorenzo.

Asimismo, se precisa que el convenio suscrito entre la Udelar y el INC establece de forma expresa que “en ningún caso las consultas podrán versar sobre asuntos concretos, sino que referirán a cuestiones abstractas y generales vinculadas con la materia jurídica”.

El presidente de Colonización, Alejandro Henry, ha manifestado que la institución seguirá adelante con la compra de la estancia ubicada en Florida, operación por la que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, será interpelado por la oposición.

Para proseguir con el proceso el INC se va a amparar jurídicamente, pese a los cuestionamientos, en el informe externo de la Universidad Claeh y en el que presente el equipo de abogados del organismo.

En el análisis remitido por el Claeh, elaborado por el profesor titular de derecho agrario, Juan Pablo Saavedra Methol, se sostiene —a diferencia de lo expresado por el Tribunal de Cuentas— que la enajenación se realizó mediante el ejercicio del derecho de preferencia previsto en el artículo 35 de la Ley 11.049, por lo que no se trató de una “compra directa”.
Por lo tanto, no está sujeta a los requerimientos determinados por el artículo 146 de la Ley de Colonización, que establece la necesidad de contar con mayoría especial para llevar a cabo la transacción económica.

Al aplicarse el derecho de preferencia, sostiene el abogado, “se disipan las dudas, aprehensiones y sospechas de falta de transparencia” que puede tener una compra directa y basta la mayoría simple de tres votos para aprobar la resolución.

“No parece razonable por ello, que para estos casos en que la enajenación se hace en base a un ofrecimiento que preceptivamente requiere la ley, se exijan cuatro votos conformes de los miembros del directorio. Claramente no es una compraventa a la que se le pueda añadir el adjetivo de ‘directo’, y por añadidura carece enteramente de fundamento la particular exigencia de los singulares requerimientos tanto de la mayoría especial de cuatro votos”, argumentó el especialista consultado.