La "doble falta" ética de Lustemberg, según familia de Soledad Barrera: los detalles de dos nuevas denuncias

Luego de que el Tribunal de Ética Médica rechazara una denuncia contra la ministra Cristina Lustemberg y la anestesista que intervino en la operación de Soledad Barrera, su madre, Rosario Barrera, entregó en las últimas horas dos escritos en los que solicita que este órgano del Colegio Médico del Uruguay investigue la conducta de la titular del Ministerio de Salud Pública y de Inés Miralles, la especialista que intervino en el procedimiento de Soledad —fallecida en 2024 luego de varios meses en estado vegetativo.

Barrera, patrocinada en este proceso por el abogado Pablo Schiavi, fue por cuarta vez hasta la sede donde funciona el Tribunal de Ética Médica para presentar los dos documentos —ambos de más de 40 páginas— con detalles sobre este caso, todas las actuaciones que motivó y, sobre todo, argumentos para que el tribunal se expida a favor de dar, por fin, trámite a ambas denuncias. En particular la referida a Lustemberg, ya que en un fallo anterior este Tribunal de Ética Médica había entendido que faltaba claridad expositiva y fundamentos cruciales como para aceptar el análisis de la actuación de la ministra.

Conceptualmente, las dos acciones que señala la defensa de Barrera respecto de Lustemberg tienen que ver con dos decisiones que tomó la ministra en este caso y que fueron las que terminaron propiciando que un hecho que hasta este año se había mantenido dentro de las páginas judiciales se terminara transformando en un acontecimiento político.

Esas acciones son, por un lado, haber rebajado de cinco a tres años el período de inhabilitación para el ejercicio médico que la Comisión Honoraria de Salud Pública había aplicado contra la anestesista luego de analizar su comportamiento; por el otro, que tampoco "revisara" la decisión una vez conocida la sentencia penal emitida en diciembre del año pasado, cuando la anestesista firmó un proceso abreviado —y, por tanto, reconoció su responsabilidad en los hechos y aceptó haber cometido un delito de homicidio culposo—.

"El error es haberle rebajado la pena, pero un error más grave fue que, cuando tuvo oportunidad de revisarla, no lo hizo", dijo Schiavi, redactor de los escritos, en diálogo con El País.

"Pero además no existe rebajar una pena a una persona involucrada en un caso de esta gravedad, vinculado a un tema de consumo de fentanilo, y que generó que toda la Comisión de Salud renunciara", continuó el abogado en relación a dos temas: a indicios del consumo de esa droga por parte de Miralles, manejados en investigaciones internas —como la que hizo la Sociedad Médica Universal— y al apartamiento de 11 de los 13 integrantes de la comisión que había dispuesto la sanción contra la anestesista.

Lo que se pretende, entonces, es que el Tribunal acepte el tratamiento del caso, oficie pruebas y cite, por ejemplo, a la exministra de Salud Pública Karina Rando, quien en la gestión anterior "mantuvo la sanción", dijo el abogado.

Asimismo, los argumentos de la denuncia plantean que, más allá de que Lustemberg no intervino mediante un acto médico propiamente dicho, "la calidad de médico de una persona trasciende los cargos públicos o privados que ocupe en forma transitoria", y que si bien la ministra actuó como secretaria de Estado, su "condición" profesional es "insoslayable". Esto "no configura impedimento alguno para que el Tribunal de Ética Médica juzgue su responsabilidad desde el punto de vista ético", se señala en el escrito, que agrega: "Es más, existen profusos antecedentes de fallos dictados por el Tribunal en donde fueron instruidas denuncias contra médicos que no actuaron como tales en el ejercicio de su profesión en los casos denunciados, pero sí como gestores de salud, en cargos de dirección o de alta gerencia en prestadores de salud, tanto públicos como privados".

La denuncia de Barrera también considera que Lustemberg "viola el artículo 4 del Código de Ética Médica, que impone al médico la responsabilidad en la calidad de la asistencia tanto a nivel personal como en promoverla a nivel institucional, y más en el cargo que ostenta, ya que claramente la rebaja de la sanción a la anestesista, sin lugar a dudas, choca con la calidad de la asistencia en lo personal y en lo institucional".

Se dedica un apartado, por último, a los argumentos jurídicos planteados por Lustemberg en la resolución por la que dispuso que la pena contra la anestesista fuera atenuada —proceso en el que no se le dio "vista" a Barrera—. Lo que la jerarca invocó allí fueron, entre otras, razones de "proporcionalidad y gradualidad", fundamentos que "no cumplen con la rigurosidad mínima y deseada de la motivación exigida a nivel de derecho administrativo, y mucho menos en el plano ético, donde se concibe la motivación como un imperativo ético", se añade en el escrito.

Sostener las razones de proporcionalidad y gradualidad, e incluso de discrecionalidad, "supone en los hechos sostener que la sanción de inhabilitación propuesta por la Comisión de Salud Pública no fue proporcional ni gradual a la extrema gravedad de los hechos ocurridos, como si nada hubiese pasado, como si la Dra. Miralles no hubiese sido condenada penalmente (...), como si no hubiese sido cesada del Ministerio de Defensa Nacional, como si no hubiese sido despedida del SMI, entre otros".

Como conclusión, se califica de "asombroso" que Lustemberg no tuviera en cuenta los antecedentes del caso —esto es, las investigaciones en mutualistas contra la anestesista, la sentencia penal y el cese en el Ministerio de Defensa—, todo lo cual conformó una "abrumadora evidencia" que la ministra omitió y faltó, así, al deber de "cuidar la salud de las personas y de la comunidad, sin discriminación de clase alguna, respetando integralmente los derechos humanos", como se dispone en el artículo 2 del Código de Ética Médica.

Listado de faltas cometidas por Miralles

En el escrito dedicado a la actuación de la anestesista se enumeró una decena de las violaciones éticas que entiende la defensa de Barrera, la que a su vez pretende una sanción independiente a la administrativa que ya se le aplicó a Miralles y a la penal —ambas afectando su derecho al ejercicio de la profesión—.

Entre ellas: el deber de cuidar de la salud de las personas y de respetar la vida y la dignidad humana; el de ser responsable en la calidad de la asistencia o asumir las "consecuencias negativas de sus actuaciones"; la obligación de registrar correctamente la información en la historia clínica; mantener buena relación con las personas o las instituciones y "respetar siempre al ser humano que ha confiado" en el médico.