HIF Global: gobierno desconoce si hay más "acciones" contra la planta, pero confía en su "sintonía" con Argentina

Las negociaciones que el gobierno mantiene con HIG Global para instalar una planta de hidrógeno verde en Paysandú —inversión que en su primera etapa consistiría en unos US$ 1.000 millones— tienen dos frentes complejos que atender, mientras el acuerdo con la compañía todavía no se cierra. Uno es esto último: ponerse de acuerdo, como enumeró ayer el secretario Alejandro Sánchez, en "quién es el propietario de la infraestructura, quién hace las inversiones y cuál es el costo de la energía". El otro frente es el diplomático: cómo terminar de resolver un conflicto que en las últimas horas, a raíz de una "confusión" —la palabra también es de Sánchez— del presidente de la República, Yamandú Orsi, pareció subir otra vez unos decibeles que la Cancillería busca desde el año pasado mantener en sus niveles mínimos, si no eliminar.

Novedades concretas sobre el primero no hay, aunque las partes continúan acercándose. Sobre la otra las hubo, al menos al parecer, luego de que Orsi se confundiera al anunciar, este fin de semana, justamente en el departamento de Paysandú, que "se retiró en Argentina la denuncia penal que se había hecho", lo que calificó como una "buena noticia a nivel diplomático".

Esto motivó una cadena de reacciones en la vecina orilla de parte de actores directamente involucrados en distintos procesos iniciados para frenar la planta. La fiscal Josefina Minatta, por ejemplo, declaró a varios medios argentinos que ella era demandante y que no había retirado su propia denuncia. Y lo mismo declaró —según recogió Infobae— el diputado nacional Guillermo Michel respecto de una "acción preventiva judicial de daño civil" que también sigue en curso.

¿Qué ocurrió? "A ver —intentó explicar Sánchez ayer, en entrevista con Informativo Sarandí—. Acá había dos elementos. Por un lado, hay una instancia judicial que impulsó esta señora y también había una serie de reclamos en términos de lo que se había estado conversando, tanto con la provincia (de Entre Ríos) como con el gobierno nacional de la Argentina, e incluso con la ciudad de Colón. Porque originalmente la planta se iba a instalar relativamente cerca del margen del río. Ahí había una crítica con respecto a la contaminación visual".

Sánchez recordó que el proyecto "tuvo un cambio de ingeniería" e incluso de "locación", con lo que ya "no va a estar en los márgenes del río, sino probablemente en otra ubicación", en referencia a "uno de los predios donde estaba la terminal de Ancap".

Todo esto, que fue conversado en dos reuniones mantenidas en el Palacio Santos —en noviembre del año pasado y en abril de 2026—, en las que participaron los cancilleres Mario Lubetkin y Pablo Quirno —además del intendente sanducero Nicolás Olivera, los ministros Fernanda Cardona y Edgardo Ortuño, y otras autoridades argentinas—, se supone que ya empezó a calmar las aguas en la vecina orilla. O eso creen en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esto no significa, sin embargo, que se levanten todas las denuncias ni que se presenten otras. De hecho, según dijeron a El País fuentes del Poder Ejecutivo, en el gobierno desconocen "cuántas otras acciones, judiciales o de otro tipo" estén actualmente en desarrollo en el vecino país, con miras a detener la instalación de la planta con argumentos ambientales o ecológicos.

Asimismo, la visión que tiene la Cancillería uruguaya es que la denuncia penal a que hizo referencia la fiscal Minatta debería quedar sin objeto en cuanto se formalice la comunicación institucional sobre la relocalización, ya que perdería vigencia el argumento sobre "la afectación ecológica visual" que podrían sufrir los vecinos de Colón al ver desde sus orillas la chimenea de la planta.

Ahora bien, la "noticia" que quiso transmitir Orsi, según explicaron desde su entorno, fue referida a una acción que la viceintendenta de Colón, María de los Ángeles Dalleves, promovió ante el Comité de Apoyo al Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, el pasado 11 de febrero. Por entonces, la jerarca —en su calidad de embajadora de Paz, designada así por la "Fundación Mil Milenios de Paz y la Universal Peace Federation"— solicitó una "intervención preventiva ante la creciente tensión social en la región fronteriza de Colón y Paysandú", de acuerdo a la misiva a la que accedió El País, y en la que también afirmó que veía "con preocupación que el proyecto industrial de HIF Global en Paysandú" estuviera generando "una fractura en la convivencia binacional".

Allí se solicitó al órgano que funciona bajo el marco de la Cepal que se facilitara "una instancia de mediación o asistencia técnica que permita restablecer los canales de confianza entre el Estado uruguayo, la empresa y la ciudadanía argentina afectada"; que se garantizara la "participación pública transfronteriza sea real e incidente, asegurando que las voces de la orilla argentina sean escuchadas con la misma jerarquía que las de la orilla uruguaya"; y que se promoviera "la transparencia absoluta de los estudios de impacto ambiental, transformando el secretismo en una oportunidad de diálogo constructivo que evite el escalamiento de un conflicto social de mayores proporciones".

Este lenguaje, que advertirá luego por el "riesgo de escalada del conflicto social", y las acciones que con este documento se buscó promover, no fue una denuncia penal, como quiso decir el presidente, pero sí una acción con consecuencias para nada despreciables a entender de la Cancillería.

Términos similares usó también Dalleves en otra carta enviada, por las mismas fechas, a J. Frederick Arment, máximo representante de la organización International Cities of Peace, a quien le advirtió por una "situación que afecta la estabilidad y la paz ambiental" en Colón.

La acción que se buscó activar bajo el amparo del Acuerdo de Escazú, y que fue lo que resaltó Orsi, quedó sin efecto el 25 de agosto, a solicitud de la reclamante, tal como consta en un mensaje emitido por el comité de apoyo, al que también tuvo acceso El País.

Esto ocurre, resaltaron desde el Ejecutivo uruguayo, en momentos en que se entiende que hay "mucha sintonía" con el gobierno de Javier Milei atrás en relación a este asunto.

Ambos buscan enfáticamente no repetir el escenario de "puentes cortados" como ocurrió en el conflicto de las pasteras 20 años