Hay 564 niños para ser adoptados en el INAU: advierten "barreras" de edad, vínculos familiares y enfermedades

Una porción menor (7,7%) de los menores institucionalizados en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) tiene condición de adoptabilidad. Son 564 personas a la espera, de los cuales el 90% comparte una cualidad: tiene más de 7 años. Al mismo tiempo, hay unas 160 familias inscriptas en el Registro Único de Aspirantes, al que entran después de una primera etapa de evaluación social y psicológica.

Los datos los brindó la presidenta del INAU, Claudia Romero, en un evento que se hizo en la mañana del jueves en el Palacio Legislativo por el Día Nacional de la Adopción. La actividad se realizó un día después de que parte de la oposición en la Cámara de Representantes votara una interpelación al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, por las cuatro muertes bajo la tutela del instituto, bajo la órbita de esta cartera, que se dieron entre diciembre y febrero.

La duración de los procesos, las “dificultades para concretar adopciones” y la “permanencia de niños, niñas y adolescentes en cuidados residenciales” son algunos de los cuestionamientos al INAU que su presidenta puso sobre la mesa. Pero, añadió Romero, son “desafíos que son parte de la agenda de trabajo” que se lleva adelante.

La presidenta del instituto, además, reafirmó que en el trabajo del INAU se parte de la base del “derecho a vivir en familia”, concepto en el que más tarde ahondaría la ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de 3.º turno, María Noel Tonarelli.

“La adopción es una herramienta más para defender el derecho a vivir en familia, pero hay otras formas posibles de hacerlo” que no son la adopción, indicó, y añadió que están “haciendo una enorme apuesta a priorizar todas las modalidades de cuidado familiar y comunitario para disminuir los altos índices de cuidados residenciales del país”.

Del trabajo a la interna del INAU, Romero aseguró que realizan una “revisión de los procesos judiciales y administrativos”. También se dota “al área de adopciones de mayor equipo técnico especializado”. Los objetivos son acompañar los procesos, “trabajar más para ser amigables” y “sostener el acompañamiento” a las familias mientras “se concreta la selección” y en la etapa posterior.

Pero también habló sobre lo que sucede fuera del INAU, dónde existen “barreras de concreción de la adopción que no son institucionales”. Estas son la edad de los niños y adolescentes, la presencia de grupos de hermanos, las situaciones de discapacidad. Estos —señaló Romero— son “desafíos sobre los que se tienen que trabajar”.

La edad de los niños y adolescentes fue, justamente, un tema recurrente en las oradoras. Así como las modificaciones legislativas que se evalúan, en las que trabajan las diputadas Paula de Armas (Partido Colorado) y Tatiana Antúnez (Frente Amplio), como los costos económicos de los juicios y los beneficios laborales necesarios para llevar adelante el proceso.

Además, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) inició en marzo un grupo de trabajo para analizar la normativa y el sistema de adopción.

A su turno, la diputada De Armas lanzó: “No puede ser que la familia se tenga que endeudar para cumplir con muchas de las cosas que terminan dentro de un marco burocrático del sistema. Esto sucede cuando, en realidad, el foco de la familia debería ser: ‘voy a ser mamá o papá, quiero que el cuarto sea bonito y tenga una cama calentita, y voy a comprarle los útiles’”. En una línea similar, Antúnez criticó que la adopción “no puede ser", dados los costos que implica, "un privilegio”.

La otra meta que tienen las legisladoras está vinculada a las licencias parentales. La idea es poder dar un marco para que las familias no estén “condicionadas a tener jefes empáticos” que “permitan salir a cada uno de los talleres” o durante el proceso de vinculación. “Es extraño cómo nos pisamos dentro del sistema. Le decimos a la familia que se necesita que sea un lugar seguro para el niño, pero no existe ninguna norma que proteja sus derechos laborales”, señaló.

Tuvieron una reunión con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y obtuvieron “una muy buena respuesta del Poder Ejecutivo”.

De cara a la interpelación, Romero marcó que "siempre" han dicho que van a estar en los lugares a los que se los convoque para contar las líneas de acción que tiene la administración. Por otra parte, recordó que más adelante vendrá la votación de la Rendición de Cuentas en el Parlamento y adelantó que tienen "muchas líneas de acción que requieren más presupuesto". A lo que sumó: "Tienen que ver con este plan: mejorar el sistema de protección especial de 24 horas y estar más presente en el territorio, más cerca de los niños y sus familias".