Tras alerta de la Inddhh, el Senado va a corregir cambios que hizo el Presupuesto a la ley de salud mental

Tras una advertencia realizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), el Senado se encamina a modificar un artículo del Presupuesto Nacional vinculado a la salud mental.

En el artículo 38 de la Ley 19.529, aprobada en 2017, se estableció la prohibición de la apertura de nuevos establecimientos asilares y monovalentes, así como el cierre progresivo de las colonias psiquiátricas Etchepare, Santín Carlos Rossi y Vilardebó, además de las privadas. El plazo fijado para concretar esta política pública era el año 2025, en tanto que, en la ley de Presupuesto, se fijó una prórroga para 2029.

Como informó El País en junio, desde el gobierno ya se había asumido que los tiempos establecidos no se iban a poder cumplir y que el objetivo era "irrealizable", según declaró la coordinadora del Área de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública (MSP), Julia García

Contemplando dicha realidad, en la ley madre de la administración de Yamandú Orsi se introdujo una modificación y se eliminó una disposición que prohibía, “a partir de la vigencia de la presente ley, la internación de personas en los establecimientos asilares existentes”.

“Las modificaciones introducidas, al suprimir la prohibición expresa de internación en establecimientos asilares es una alteración estructural del sentido de la ley y del modelo de atención que ella estableció. El texto ahora eliminado fue el resultado de un amplio proceso de discusión social, técnica y legislativa. Una decisión de esta magnitud, que afecta aspectos centrales del modelo de atención, requería niveles de transparencia, fundamentación y debate públicos acordes a su relevancia”, cuestionó la Inddhh.

En este marco, con acuerdo entre los tres partidos de la cámara alta, ya ingresó al Parlamento un proyecto de ley que recoge la redacción original y corrige lo planteado por el Presupuesto.

La diferencia, con respecto a lo que establece la norma actualmente, consigna que “queda igualmente prohibida, a partir de la vigencia de la presente ley, la internación de personas en los establecimientos asilares existentes”.

En diálogo con El País, la senadora del Frente Amplio Patricia Kramer —que preside la comisión bicameral de salud mental— reconoció que la extensión del plazo se justifica debido a que ni el sector asistencial público ni el privado lograron generar, en los últimos años, las condiciones necesarias para atender a los pacientes que presentan problemas psiquiátricos. No obstante, subrayó que se debe continuar avanzando en el cambio de paradigma en la atención de la salud mental.

En esta dirección, la legisladora expresó que su lectura es que la eliminación de ese apartado no necesariamente implica un retroceso en la ley, que es “mucho más integral”, pero se generó cierta desconfianza de parte de los actores con el cambio aprobado.

Por tanto, explicó, “para llevar adelante el cambio de paradigma, en un proceso que todavía está lejos de contar con la infraestructura y los recursos humanos necesarios, era necesario restituir la confianza y no se puede omitir la asistencia a muchas personas con padecimientos y que incluso pueden terminar en la cárcel o en situación de calle”.

En concreto, el objetivo de la ley originalmente aprobada es terminar con las políticas de encierro—desarticular el sistema actual— para apostar a dispositivos comunitarios descentralizados, a centros diurnos, a la atención ambulatoria y al tratamiento en hospitales y en mutualistas de este tipo de patologías.

En la exposición de motivos del proyecto de ley firmado por los senadores Óscar Andrade, Tabaré Viera, Robert Silva y Carlos Camy se plantea: “La Ley N°19.529 está estructurada en un paradigma claro de atención comunitaria, hospitalización restrictiva, desinstitucionalización y sustitución del modelo manicomial. Diversos artículos establecen la hospitalización como recurso terapéutico restringido con un tiempo mínimo indispensable, la priorización de dispositivos comunitarios y la limitación estricta de la internación involuntaria”.

Según supo El País, el MSP trabaja actualmente en borrador con un plan progresivo de cara a 2029 para concretar finalmente una política pública que, aunque fue votada hace casi una década, todavía no ha mostrado demasiados avances, pese al énfasis en salud mental que tuvo la pasada campaña electoral desde todas las tiendas políticas.