Redacción El País
Es la enfermedad del presente y del futuro. A ocho años de aprobada la ley de Salud Mental, uno de los temas centrales de la última campaña electoral, el gobierno asumió que no va a poder cumplir con los plazos establecidos en uno de los principales ejes de la normativa.

El artículo 37 de la ley 19.529, aprobada en 2017, había establecido que se debía impulsar la “desinstitucionalización de las personas con trastorno mental, mediante un proceso progresivo de cierre de estructuras asilares y monovalentes, que serán sustituidas por un sistema de estructuras alternativas”. El plazo marcado para concretar la ejecución de esta política pública es 2025, pero eso no va ser posible, por lo que se deberá pedir al Parlamento una prórroga. Esto más allá de que los artículos involucrados no fueron reglamentados por el Poder Ejecutivo.

La finalidad que se marcó la administración es el cierre de los hospitales psiquiátricos. De esta forma, los pacientes con trastornos mentales deberían ser trasladados a otros tipos de centros, que se prevé se integren a una red de atención comunitaria compuesta por casas de medio camino y prestadores públicos o privados con un departamento de psiquiatría que los pueda tratar.

Las casas de medio camino, como se las llama, ofrecen un proceso de mediana estadía con un equipo técnico las 24 horas para atender a personas con problemas de salud mental y de exclusión. Según una ordenanza del Ministerio de Salud Pública (MSP) de agosto de 2019 este tipo de establecimientos son “un recurso asistencial para personas en período de poscrisis o luego de hospitalizaciones prolongadas, que permite el desarrollo de procesos terapéuticos orientados a fortalecer a las personas para que puedan adquirir y/o recuperar hábitos perdidos de convivencia social y familiar, que pudieron haberse alterado por la hospitalización, la situación de crisis o la evolución de un trastorno”.

Este cambio de paradigma que se propuso Uruguay hace casi una década implica, fundamentalmente, terminar con las políticas de encierro para apostar a dispositivos comunitarios descentralizados, a centros diurnos, a la atención ambulatoria y al tratamiento en hospitales y en mutualistas de este tipo de patologías.

No obstante, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, reconoció días atrás en el Parlamento que aunque la intención es desarticular el sistema actual, el plazo pactado en la ley no va a ser posible de cumplir. “Sabemos que no es fácil desmontar el modelo basado en el encierro, en la institucionalización crónica y en la patologización precoz. Se trata de promover la autonomía, la inclusión social, el acompañamiento comunitario y la atención con afecto socio-emocional, con una mirada para cada territorio, porque cada lugar tiene sus urgencias, sus recursos y sus redes”, reconoció en la comisión especial de Seguimiento de la Problemática de la Salud Mental.

Consultada por El País, la coordinadora del Área de Salud Mental del MSP, Julia García, dijo que los plazos marcados por la ley “son irrealizables”, por lo que va a ser necesario cambiarlos.

En marzo de 2024, el exdirector de Salud Mental de ASSE Eduardo Katz había también mencionado la imposibilidad de cumplir con la ley, pese a que Uruguay se había comprometido en 2020, en el marco del Tratado de Panamá, a avanzar hacia el cierre progresivo de los hospitales psiquiátricos monovalentes como el Vilardebó.

La jerarca indicó que el proceso se va hacer, pero “paulatinamente”. Es decir, se va a avanzar en el cierre de las excolonias Santín Carlos Rossi y Etchepare, además de otros centros privados de internación, a medida que aparezcan otras opciones. “Es necesario abrir para después cerrar”, agregó García.

El médico psiquiatra y exintegrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Ricardo Bernardi, cuestionó la posibilidad de que efectivamente lo planteado por las autoridades pueda cumplirse en el corto plazo.

“Como tendencia general la idea (de los artículos 37 y 38) es no estigmatizar y discriminar a los enfermos mentales. Los manicomios, entrecomillas, por cómo funcionan los aíslan y los segregan del resto de la sociedad. El Vilardebó y las colonias cumplen con muchas de esas características”, dijo Bernardi a El País.

El especialista planteó que la “solución radical” sería trasladar a los pacientes a hospitales generales, a mutualistas o a casas de medio camino. Sin embargo, para llevar adelante ese tipo de políticas, consignadas en la ley, es “necesario un cambio cultural”, reflexionó. “De los médicos, de la sociedad. Exige una planificación cuidadosa y una cosa básica que hasta ahora solo entendieron los economistas: no podés cambiar nada sin tener datos, información para saber cómo estás al principio, cómo estás en el medio y en el final, para así saber lo que funcionó y lo que no. En Uruguay, el tema de salud mental no está estudiado nada de nada, pese a que Salud Pública tiene a gente muy capaz asesorando”, valoró.

Con respecto a los recursos que se han destinado en esta materia por parte del Estado, jerarcas de este gobierno y del anterior coinciden en que en su momento la ley 19.529 fue votada sin presupuesto. “Es letra hueca. Cada ley que se vota sin presupuesto es letra hueca”, opinó Katz, que sigue atendiendo en ASSE después de ser director del mayor prestador de salud del país.