Redacción El País
El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó este martes la Estrategia Nacional de Salud Mental 2025 – 2030 en la Comisión Especial de Seguimiento de la problemática relacionada con la Salud Mental y la Ley 19.529.

"La salud mental ha cobrado relevancia creciente en la agenda pública uruguaya por la prevalencia e impacto de la patología", establece el documento de la cartera encabezada por Cristina Lustemberg, al que accedió El País. Esta estrategia "busca superar el modelo biomédico hacia un enfoque comunitario y de derechos".

Entre varios lineamientos generales, se plantearon siete puntos. En primer lugar, la administración apuesta a “fortalecer las capacidades de rectoría y gobernanza pública en el abordaje de la salud mental y los usos problemáticos de drogas”.

“Favorecer acuerdos intersectoriales que atiendan la determinación compleja del fenómeno y operen en línea con los mandatos de la Ley de Salud Mental N°19.529”, así como “promover un sistema de atención en salud mental de calidad y basado en el modelo comunitario”, añadió el MSP.

“Impulsar la promoción de la salud mental integral integrando perspectiva de género y generaciones”, y también “potenciar las capacidades y competencias de los trabajadores de la salud para el abordaje de la salud mental desde el modelo comunitario de atención, jerarquizando el Primer Nivel de Atención”, agregó el ministerio.

Otro “objetivo específico” que hoy comunicaron las autoridades sanitarias a los legisladores de esta comisión especial es “generar un sistema nacional de información en salud mental orientado a la planificación y evaluación de políticas públicas”. Y también “promover acciones desde el sector salud para disminuir la incidencia de suicidio en Uruguay”.

El documento despliega siete “líneas estratégicas”, con varios puntos, en torno a esos objetivos trazados. Respecto a la “Rectoría y gobernanza”, se plantea “ejercer la rectoría mediante el monitoreo y fiscalización de la implementación de las prestaciones de salud mental en el Sistema Nacional Integrado de Salud”.

En torno a la “Intersectorialidad e interinstitucionalidad” de estas políticas, el MSP aspira a “realizar diagnósticos situacionales departamentales y planes de acción departamentales de salud mental”.

Respecto a la “Atención integral comunitaria”, se plantea “promover programas de atención a poblaciones especialmente vulnerables y afectadas por problemas de salud mental y uso problemático de drogas”.

En cuanto a la “Promoción, prevención y participación comunitaria”, se incluye la medida de “contribuir a implementar programas de promoción de salud y prevención del uso problemático de drogas en el ámbito educativo”.

A nivel de “Formación y gestión de RR.HH”, el MSP busca entre varias medidas “capacitar al personal técnico y no-técnico para el abordaje de la prevención de suicidios, atención de intentos de autoeliminación (IAE) y sobrevivientes”.

En relación a la “Información, monitoreo y evaluación”, el ministerio apuesta a la “generación de un sistema de información nacional en salud mental”, que se vincule a los “sistemas de información públicos existentes en el campo de las drogas, de forma de complementar y potenciar la información existente”.

Con respecto a la “prevención del suicidio”, se apuesta a “mejorar la atención en el SNIS para personas con riesgo de suicidio y sus familiares”. El documento incluye datos de la incidencia de los casos de autoeliminación. En 2024, hubo un tasa de 21,3 suicidios consumados cada 100.000 habitantes, con una incidencia muy superior en varones (33,2) que en mujeres (10,1).

Los departamentos con mayor tasa de suicidios del país son Treinta y Tres 37,7 cada 100.000 habitantes, Río Negro (35,5) y Rocha (34,9). Montevideo, que concentra la mitad de la población, registra la tasa más baja del país (17,8).

Al observar la incidencia de suicidios, por sexo, y departamento, entre la autoeliminación de varones, el mayor registro ocurre en Rocha, con 53,9 cada 100.000 habitantes, seguido de Flores (53,1) y Treinta y Tres (52,4).

Los suicidios en Uruguay pasaron de 765 casos en 2021, a 823 en 2022, bajaron a 762 en 2023 y 763 en 2024. Si bien los suicidios se concentran en el sistema público de salud, de 2023 a 2024 bajó su incidencia, pasando de 410 a 360 casos, respectivamente. En el sistema privado también cayó, pasando de 298 a 263 casos entre el año pasado y 2023. Los episodios no indicados llegaron a 140 casos.

Los intentos de autoeliminación en Uruguay se concentran en la franja de jóvenes de entre 15 a 19 años, seguido de los adultos de 20 a 24 años, y al mismo nivel los niños de 10 a 14 años como los adultos de 25 a 29 años.

Por otro lado, el documento incluye entre los “diez puntos clave”, la “sustitución progresiva de los grandes establecimientos monovalentes (asilos) por una red de dispositivos comunitarios alternativos, buscando la independencia y autonomía de las personas”.