Salud Pública busca incorporar nuevos tratamientos a la canasta del Fondo Nacional de Recursos

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, adelantó en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados los tratamientos “priorizados” que la administración aspira a incorporar en la canasta del Fondo Nacional de Recursos (FNR).

Lustemberg indicó la semana pasada, según surge de la versión taquigráfica a la que accedió El País, que buscan sumar a la canasta del FNR “los estudios electrofisiológicos cardíacos y la ablación de haces aberrantes del corazón, que generan arritmias, que están priorizados hace muchos años y que esperamos incorporar nosotros este año”.

“Ojalá también tengamos el apoyo de este Parlamento a nivel presupuestal, porque realmente son patologías muy frecuentes desde hace muchos años y me resulta difícil entender que hoy no las tengamos bajo la cobertura del fondo”, añadió la ministra, que por su cargo también preside el FNR.

“Además, queremos extender la cobertura de los cardiodesfibriladores (…) y también el diagnóstico oncogenético, que nos llama la atención que no se haya designado al Hospital de Clínicas, que cuenta con un centro de oncogenética desde la misma época que el Hospital Militar y que realiza más estudios de este tipo que esa institución”, agregó Lustemberg.

Alicia Ferreira, presidenta alterna del FNR, organismo que lideró de 2015 a 2020, explicó que también buscarán incluir a la canasta del FNR el anticuerpo monoclonal Nirsevimab (Sanofi). Funciona como una vacuna para el VRS (Virus Respiratorio Sincicial), que “es bastante mejor que el que se está financiando ahora; estamos negociando la compra”, sostuvo.

La Comisión Nacional Asesora de Vacunas (CNAV) resolvió en abril del año pasado que se aplique una estrategia doble para prevenir el VRS: una vacuna para embarazadas de 32 a 36 semanas de gestación –que estarán disponibles hasta el 31 de agosto, dijeron las autoridades- y brindar Nirsevimab –aún no disponible- a los niños cuyas madres no se vacunaron contra VRS.

Si bien el FNR hoy ofrece el anticuerpo Palivizumab (Astrazeneca), la directora general del FNR, María Ana Porcelli, puntualizó en la misma comisión que la cobertura actual es “reducida”, ya que se aplica a los “grupos de riesgo” de abril a setiembre, con la modalidad de tres dosis, frente a una de Nirsevimab.

La idea ahora es ofrecer nuevo anticuerpo monoclonal a todos los niños cuyas madres no hayan recibido la dosis antiVRS. “Estamos considerando que el universo de niños que van a entrar dentro de la cobertura va a ser de alrededor de 4.000”, indicó Porcelli.

Vinculado con la operativa del FNR, las autoridades se refirieron a la gran incidencia que tiene la obtención de medicamentos de alto costo por la vía judicial a través de los juicios de amparo. La mayoría de estos litigios van contra el MSP y el FNR. El año pasado se registró una cifra récord, de unos 2.000 juicios de amparo, que prevén se mantenga.

“Hasta el 15 de junio de 2025, ingresaron al Fondo 761 instancias para presentarnos a estos juicios de amparo: 609 para medicamentos y 152 para actos médicos. Por lo tanto, creemos que el año va a terminar de forma muy similar al año pasado”, dijo Porcelli.

Por otro lado, las autoridades se refirieron a la intención de “actualizar” el Plan Integral de Atención en Salud (PIAS), la canasta de tratamientos común a todos los prestadores de salud, y el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM), que es la lista de fármacos con que los prestadores hacen su vademécum.

El plan de la cartera es tener un “abordaje integral” del asunto, para alcanzar la “priorización” de las tecnologías que “deben formar parte de este grupo de prestaciones y de medicamentos” para ofrecer un catálogo actualizado y bajar el costo de bolsillo de usuarios, dijo Ferreira, presidenta alterna del FNR.

El proceso implica consultas a la academia, la industria médica y los usuarios. Tras ello, añadió Ferreira, se va a “hacer un algoritmo de priorización”, con “planillas multicriterio”, para “ponderar” si los tratamientos que se buscan incluir están “alineados” con los objetivos sanitarios, “prevalencia” en la población, si “hay reclamos” de la población, “beneficios probados” y “evidencia suficiente” de que tecnologías deberían integrar el PIAS y del FTM.

Luego se va a pedir a la Agencia de Evaluación de Tecnologías que un “proceso de evaluación económica” y, después, se va a separar entre medicamentos y procedimientos: “uno va al FTM, otro al PIAS, y se va a determinar cuáles deberían estar financiados por el Fondo Nacional de Recursos y cuáles a través de la cápita”.

Ferreira, que además de ser asesora de la ministra, dirigió el FNR entre 2015 y 2020, puntualizó, tal como ha reiterado Lustemberg, que “no se ha realizado” la incorporación de prestaciones de “mediano y bajo costo y complejidad”, tales como “laparoscopías, medicamentos de uso habitual en la práctica clínica, analgesia del parto, todas las atenciones que se hacen a través de endoscopía ahora”.

Esta situación genera que haya procedimientos que hoy se cobran a los usuarios, “por no haber actualizado durante todo este tiempo esas tecnologías”. Por lo tanto, añadió la jerarca, “la gente tiene que pagar un ticket que está regulado por el Ministerio de Salud Pública, que tiene un tope, y que las instituciones deben respetar”, para superar los precios arbitrarios que hoy existen para una misma prestación, entre las diferentes mutualistas.

Ferreira remarcó que la intención del gobierno “no se trata tanto de incorporar nuevas tecnologías de alto costo, de alta complejidad, de alto precio a través del Fondo Nacional de Recursos porque realmente la Administración anterior incorporó muchísimas cosas, sino de focalizarse en lo que la gente hoy tiene que pagar aparte”.

Esta situación, a su vez, también genera un impacto en el prestador público, que bordea los 1.5 millones de usuarios. “En ASSE aunque no pagan, les dicen: ‘Bueno, esto no está en el FTM ni en el PIAS y no tenemos por qué darlo’”, por tanto, los usuarios de menores recursos no acceden a ciertos tratamientos.

El diputado blanco y ex subsecretario de Salud Pública José Luis Satdjian consultó en la comisión cómo se pensaban financiar las incorporaciones. Ferreira retrucó que se está trabajando en un “plan de priorización” de cuáles son las prestaciones que se van a incluir.

En la última etapa del proceso de incorporación, relativo al impacto presupuestal, la idea del gobierno es una “negociación” con los prestadores de salud porque puede haber tratamientos que “de repente tienen un menor costo para el prestador”. Y puso el ejemplo de la laparoscopía, que implica que el paciente se interne menos tiempo.

Con este plan, se va a ver si corresponde un aumento de la cápita, se mantiene o hay un ajuste. Así como, por ejemplo, evaluar otros aspectos, como si la incorporación de prestaciones si llevará tasa moderadora o no, y de qué monto de dinero.

De subir el presupuesto por las incorporaciones, luego habrá una negociación con el Ministerio de Finanzas para evaluar partidas presupuestales extra. “La idea es que se vayan incorporando progresivamente nuevas prestaciones. Es decir que la priorización no es solo qué va primero en cuanto a las demandas, a la necesidad (…) sino también cuándo, si es en el primer año o en el segundo”, añadió Ferreira.