Rafael Correa, expresidente de Ecuador (2007-2017), se encuentra en Uruguay desde hace algunos días y su presencia ha generado un debate dadas sus circunstancias judiciales, por las que el gobierno de su país monitorea su actividad. La Justicia ecuatoriana pidió en abril de 2022 su extradición. Sobre él pesa una condena a ocho años de cárcel por corrupción; sin embargo, Bélgica, país en el que reside, le otorgó asilo político.
El exmandatario estará hasta el domingo en Uruguay. En el correr de la semana, tuvo encuentros con Juan Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social; el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira; el líder del sector Nuevo Espacio y senador suplente, Rafael Michelini;
el senador frenteamplista Óscar Andrade; y el secretario político del Frente Amplio, Daniel Mariño.
Correa en más de una ocasión aseguró que el principal motivo por el que viajó a Uruguay fue por trabajo. Se dedicó principalmente a realizar entrevistas para su programa de streaming “Conversando con Correa”, de la cadena televisiva RT (Russia Today). Vino con el objetivo de entrevistar a tres dirigentes políticos, todos frenteamplistas: la exvicepresidenta Lucía Topolansky, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y Michelini.
El encuentro con Cosse se llevó a cabo el jueves en la Huella de Seregni. Fuentes del entorno de la vicepresidenta aclararon a El País que no se trató de una “reunión política”, pues Correa fue en su calidad de entrevistador y no de dirigente.
El Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo aclaró que el expresidente ecuatoriano “no tiene ningún impedimento de circular libremente” por el país, pero la oposición criticó que se lo reciba y se reúna con dirigentes del oficialismo.
Según supo El País por parte de fuentes políticas, el gobierno ecuatoriano está pendiente de la actividad y la agenda mediática de Correa, principalmente a la luz de su encuentro con Cosse, quien asumió este viernes la Presidencia temporalmente ante la ausencia de Yamandú Orsi por su viaje a Colombia para participar de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Desde la Embajada de Ecuador en Uruguay confirmaron a El País que están realizando un “seguimiento” del exmandatario, y dijeron que aún no se ha definido realizar un pronunciamiento al respecto, ya que la sede diplomática espera por “instrucciones” de su gobierno.
Correa manifestó este viernes que le causó “desilusión” el hecho de que el gobierno uruguayo fuera el primero en reconocer a Daniel Noboa como ganador de las últimas elecciones de Ecuador, las cuales Correa calificó como un fraude.
“Una de las cosas que nos movió el piso fue, con todo respeto y cariño, que el gobierno del presidente Orsi fue el primero en reconocer el resultado cuando la oposición decía ‘hubo fraude’”, lamentó en diálogo con Desayunos Informales (Canal 12). Para el exmandatario, lo esperable de parte de un gobierno afín era “por lo menos decir ‘abran las urnas’”.
“Desilusionó un poquito”, insistió.
Tras las elecciones, celebradas el 13 de abril de 2025, Noboa recibió felicitaciones por parte de dirigentes de la coalición republicana, quienes a su vez criticaron la ausencia de un comunicado oficial por parte del gobierno de Orsi.
No fue hasta la tarde del lunes 14 que apareció el mensaje oficial del presidente de la República.
Caso judicial
Correa fue condenado por cohecho agravado en el caso “Sobornos 2012-2016”, una trama en la que se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial de Carondelet (Quito) para la financiación irregular de Alianza País (el partido de Correa), a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre otras, la constructora brasileña Odebrecht.
En ese mismo caso de corrupción fue condenada una veintena de personas, lo que incluye a ex altos funcionarios de Correa, como el exvicepresidente Jorge Glas, quien recientemente salió en libertad gracias a un polémico habeas corpus; otros cumplen prisión y algunos se fugaron, principalmente a México.
El exmandatario defiende su inocencia y critica que fuera vinculado al proceso por 6.000 dólares que ingresaron a su cuenta bancaria, los que alega que eran de un préstamo de un fondo de su partido.
La sentencia en su contra fue ratificada en última instancia en 2020, lo que además le inhabilitó para desempeñarse en cargos públicos. La Fiscalía ecuatoriana sostiene que los implicados pidieron sobornos por casi US$ 7,6 millones.