Gobierno ajusta detalles de proyecto para bajar edad de retiro a 60 años, mientras celebra "resultados" de gestión

El Consejo de Ministros de ayer, convocado en la residencia de Suárez y Reyes en razón del feriado y la cantidad de funcionarios que la Torre Ejecutiva tenía en descanso, fue todo lo distendido que podía ser en un lunes de baja intensidad y que cayó en un buen momento para el gobierno de Yamandú Orsi. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez —otra vez el vocero único designado para exponer luego del encuentro del gabinete, que incluyó una picada de asado como almuerzo— bromeó al entrar a la sala de prensa que la razón para convocar a los medios un 12 de octubre era dar "buenas noticias".

Entre ellas, tal vez la principal, estuvo el anuncio de que el gobierno dará prontamente "estado parlamentario" a una propuesta —adelantada meses atrás— para crear una causal jubilatoria que permitirá a todas las personas retirarse con 60 años de edad —siempre y cuando tengan 30 años de aporte—, e incluso bonificando a quienes hoy se encuentran en el 30% de los que reciben las pensiones más bajas —y que podrán retirarse al cumplir las tres décadas "en iguales o mejores condiciones de las que se establecía en los haberes jubilatorios previo" a la reforma previsional de la administración de Luis Lacalle Pou, prometió Sánchez (ver más adelante).

Pero en el encuentro del mediodía de este lunes, que duró unas tres horas, se intercambiaron sobre varios otros temas que quedaron resonando en algunos de los jerarcas consultados por El País. Por ejemplo, y a raíz de una intervención de Orsi, se aludió a la importancia de seguir "acelerando" en los distintos ejes de gestión —el presidente volvió a insistir con ese mensaje— y a la convicción, a entender de todo el gobierno, de que el "rumbo" que tiene hoy el Ejecutivo es el adecuado y que así lo están "confirmando" algunos "resultados" que se pusieron ayer arriba de la mesa.

El más sobresaliente de estos últimos tal vez haya sido la baja de la pobreza por fuera del margen de error, dado a conocer la semana pasada y sobre lo que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, hizo una presentación pormenorizada. "Ver resultados en el corto plazo en una política pública que es además un objetivo estratégico nuestro es un mimo al alma para nosotros", sintetizó un jerarca en este sentido.

En la charla interna, el gobierno puso de relieve algunos de los factores que explican el descenso de casi tres puntos porcentuales de la cantidad de personas que viven debajo de la línea de la pobreza: se destacó la suba del salario real y la baja inflación, así como el aumento de las pensiones mínimas y el refuerzo del Bono Crianza, y todo esto sin contar con la unificación e incremento considerable que tendrán, a partir del año que viene, las transferencias destinadas a la primera infancia. "Habrá entonces un impacto mayor", dijo una fuente de Presidencia, que resaltó que igualmente ponderado estuvo también el argumento de que estos resultados son fruto de "políticas públicas" y no de una "coyuntura internacional favorable".

Asimismo, parte de las valoraciones políticas manejadas en el consejo apuntaron al rol que está teniendo la oposición. El prosecretario Jorge Díaz, por ejemplo, y según supo El País, comentó a sus pares que la veía "perdida" y "un poco nerviosa", y que eso se había notado —a su entender— en el anuncio de la interpelación al ministro de Trabajo, Juan Castillo, por el conflicto portuario cuando ese ya se había solucionado, o con las críticas por no extender la reducción de nueve puntos de IVA en los pagos con tarjetas en restaurantes, cuando esa medida se dispuso en la misma jornada.

El gabinete tuvo tiempo también para diálogos más distendidos todavía, al momento de la comida. Allí varios intercambiaron sobre el sacudón que sufrió la interna del Partido Nacional con la condena por narcotráfico que recibió Pablo Leiva —asesor sin funciones del edil Juan Gómez, hoy suspendido por su fuerza política.

El documento del Diálogo Social sobre el que se basa el gobierno para proponer la nueva causal jubilatoria plantea justamente eso mismo: habilitar el retiro anticipada a partir de los 60, y establecer condiciones diferenciadas según los ingresos de los trabajadores.

En línea con lo planteado por Sánchez, el documento divulgado en abril propuso garantizar que al menos un tercio de los trabajadores con menores ingresos y niveles de aportación acceda a prestaciones superiores o, como mínimo, iguales a las del régimen anterior a la reforma de 2023.

Para quienes tengan mayores niveles de aportación, también se plantea habilitar el retiro a partir de los 60 años, aunque con incentivos para prolongar la vida laboral hasta los 65.

La ley 20.130 estableció un aumento progresivo de la edad normal de retiro según el año de nacimiento, para quienes tengan 30 o más años de servicios computados. Para los nacidos en 1973, la edad pasó a ser de 61 años; para los de 1974, de 62; para los de 1975, de 63; y para los de 1976, de 64. Finalmente, quienes nacieron en 1977 o posteriormente deberán esperar hasta los 65 años para jubilarse.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las proyecciones elaboradas por los servicios actuariales del Banco de Previsión Social (BPS) indican que los cambios propuestos ahora por el gobierno del Frente Amplio “no comprometen la sostenibilidad económico-financiera del sistema previsional”.

En ese sentido, la cartera divulgó una proyección de la evolución de los egresos del BPS, que prevé una caída hasta 2040, seguida de un aumento sostenido hasta 2080 y una nueva tendencia descendente a partir de ese año. Según el gobierno, el costo de las jubilaciones y pensiones se mantendría entre el 9% y el 10,5% del Producto Interno Bruto (PIB), en niveles similares a los del escenario actual. Además, informó que actualmente más de la mitad de las personas que reúnen los requisitos para jubilarse a los 60 años opta por postergar el retiro.

Sin embargo, el proyecto de ley —que aún no fue enviado al Parlamento, pero en cuyos detalles continúa trabajando el Ejecutivo— también prevé un cambio en las condiciones de acceso: quienes opten por la jubilación anticipada no podrán compatibilizar el cobro de la pasividad con la continuidad de su actividad laboral.

“Los sectores medios y altos también podrán hacer uso de la causal, pero el esquema de beneficios introduce incentivos adicionales para que estos sectores se mantengan en actividad hasta la edad normal de 65 años. Por tratarse de una causal destinada a quienes no pueden o no desean continuar en actividad, no habilita la compatibilidad con trabajo”, adelantó el gobierno.

En su argumentación, el Ejecutivo defendió la creación de la nueva causal jubilatoria que, aunque habilitará el acceso al retiro a todos los trabajadores a los 60 años, busca “brindar mayor flexibilidad ante las diferentes situaciones que atraviesan las personas”.

Se consideran las diferencias en las trayectorias laborales, el desgaste físico acumulado, las posibilidades de permanecer en el mercado laboral a edades avanzadas y las desigualdades en la expectativa de vida según el nivel socioeconómico”, señaló el gobierno.

En esa línea, se prevén cambios en el suplemento solidario para reforzar las jubilaciones más bajas en el futuro. Además, se ampliará el acceso a partidas adicionales para las personas con incapacidad permanente.