Fiscalía: FA y coalición avanzaron en acuerdo por cargos, pero planteo para cambiar a Ferrero frenó el diálogo

Mónica Ferrero es un nombre que divide cada vez más las aguas del sistema político. Es la actual fiscal de Corte —está en ese cargo, como subrogante, desde finales de 2023— pero cuenta solo con el respaldo de los partidos que integran la coalición republicana, insuficientes por sí solos como para designarla titular. La responsabilidad de ello recae siempre en el gobierno —que debe enviar la venia al Senado, cuerpo que para aprobarla debe reunir el apoyo de 19 de sus legisladores—, pero el presidente Yamandú Orsi no lo ha hecho en función de que Ferrero no reúne "la mayoría necesaria" y que, por tanto, proponer su nombre para ocupar el cargo como titular solo puede tener como consecuencia "que se lo coman los perros", como declaró a mediados de marzo.

Esta tensión que por momentos se ha mostrado como insuperable no ha obstaculizado que oficialismo y oposición avanzaran en estas últimas semanas con otras negociaciones. De hecho, desde que el 5 de mayo la Asamblea General aprobara casi por unanimidad la designación del juez Álvaro França Nebot como integrante de la Suprema Corte de Justicia —algo que no había ocurrido en la última década—, el diálogo entre oficialismo y oposición continuó avanzando —también hubo acuerdo para la renovación de cargos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)— e incluso se encontraron nombres de consenso para comenzar a conformar la nueva integración del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) y la Corte Electoral (CE) —cuyos ministros responderían, por partes iguales, al Frente Amplio y la coalición, más los presidentes como neutrales.

Pero todo terminó por complicarse, nuevamente, a finales de agosto y, en particular, luego de declaraciones que el senador de la Vertiente Artiguista, Eduardo Brenta, formuló ante militantes del partido de gobierno el 25 de ese mes —día de festejos patrios que la dirigencia frenteamplista aprovecha para recorrer los comités de base—. "Para el Frente Amplio (FA) no hay garantías con la fiscal Ferrero en ese lugar", respondió Brenta a una consulta de un militante, según consignó entonces el semanario Búsqueda. "El Partido Nacional ha anunciado que entiende que la Fiscalía no debe estar en la discusión. Nosotros entendemos que, si la Fiscalía no está en la discusión, todo lo demás tampoco".

Esto sorprendió en filas nacionalistas y coloradas. Y los senadores de estos partidos que llevan adelante las conversaciones por estos cargos —Javier García y Daniel Camy de parte de los nacionalistas, Robert Silva y Tabaré Viera de los colorados—, en una reunión que se hizo con los senadores Brenta y Daniel Caggiani el 31 de agosto, trasladaron su malestar.

En resumen, según contaron a El País participantes de este encuentro —que se hizo cuando el Senado estaba ya en el análisis de la Rendición de Cuentas—, la coalición republicana dio por culminado el diálogo por entender que, a último momento, el Frente Amplio volvía a introducir un aspecto para ellos innegociable: el cambio en la Fiscalía.

García dio su versión sobre este punto. En una columna publicada este domingo en El País, dijo que, hasta aquel día, el acuerdo era tal que habían llegado a establecer que si no encontraban nombres de consenso para las presidencias de la TCR y la CE al momento de que la Rendición de Cuentas llegara a la cámara alta, se impulsaría la "renovación parcial" de sus autoridades. Pero que, pese a ese "acercamiento", el FA "comunicó que si no se cambiaba a Ferrero no se trataba el resto". Ese resto, en concreto, tenía que ver con un eventual consenso sobre las presidencias de ambos organismos, señalaron por su parte fuentes parlamentarias.

Como suele ocurrir en política, el FA —en donde hacen suyas las críticas a Ferrero que el gremio de fiscales expresó en el Parlamento días atrás (ver recuadro)— no comparte ese encuadre. Es decir, explicó Brenta a El País, para el FA el planteo de incluir el recambio del cargo de fiscal de Corte no fue una propuesta nueva. Simplemente se recordó que eso formaba parte de todo el paquete desde un inicio, y que nunca iba a haber acuerdo si no lo había también con la sustitución de Ferrero.

"Y nosotros lo dijimos desde el primer día que íbamos por la Fiscalía", subrayó Brenta, que, enseguida, agregó: "Queremos negociar y, que tenemos voluntad, lo demuestra el acuerdo que alcanzamos con el Poder Judicial".

Como informó El País en julio, dos de los nombres que se han manejado en la coalición de izquierda como figuras aceptables para liderar el Ministerio Público son el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, y el de Delitos Económicos y Complejos de Tercer Turno, Gilberto Rodríguez.

En el oficialismo existe desde el inicio del período la percepción de que, de todos los sectores de la coalición, el que lidera el senador colorado Pedro Bordaberry es el más proclive a dialogar sobre el futuro de la Fiscalía, a pesar de que en público el referente de Vamos Uruguay se ha mostrado muy duro con este tema.

Este grupo tiene dos senadores —Bordaberry y Viera—, los que alcanzarían para designar a un fiscal general, porque permiten obtener los 19 apoyos que exige la Constitución. Sin embargo, en el FA no dejan de ver como muy "complicado" que ello ocurra, porque significaría un "quiebre" en la interna coalicionista.

Sea como fuere, el senador Viera señaló a El País que "el compromiso" que asumió el oficialismo era el de avanzar con el TCR y la CE y que, por ende, "el FA tiene que cumplir con lo comprometido", algo sobre lo que se estuvo "muy próximo" hasta el encuentro del pasado 31.

"No estamos dispuestos a avanzar ni negociar nada si el FA no cumple", subrayó el colorado.