Gobierno pidió a referentes de la coalición republicana que se afloje la "presión” pública contra Ferrero

Solucionar el problema político en torno a la conducción de la Fiscalía General de la Nación sigue formando parte de los principales objetivos del gobierno de Yamandú Orsi, pese a que buena parte de su equipo, en estos momentos, está particularmente enfocado en sacar adelante la Rendición de Cuentas y “levantar” la creciente desaprobación sobre su gestión que han mostrado todas las últimas encuestas.

La preocupación que tiene sobre este tema la Torre Ejecutiva puede descomponerse en al menos tres partes. Las primeras dos no son nuevas: que el Ministerio Público no esté en las manos de un fiscal de Corte titular -desde 2024, y de manera interrumpida, el organismo es liderado por Mónica Ferrero en calidad de fiscal subrogante de Corte- es ya en sí mismo un problema institucional para el gobierno. Atado con esto está el segundo componente problemático: la curiosa situación política que tiene al Parlamento estancado desde hace años en unas fangosas negociaciones que no llegaron nunca a la meta de elegir, por consenso, a una persona para el cargo de fiscal general; esto es, un nombre que reúna el exigente apoyo dispuesto en Constitución: tres quintos de los votos del Senado.

La tercera parte tiene que ver con la propia Ferrero, una mujer de muy larga trayectoria en el combate al narcotráfico y hoy sometida a una carga de estrés importante por la responsabilidad del cargo y porque acarrea consecuencias vinculadas a su pasado en la Fiscalía de Estupefacientes de 1er Turno -oficina que no ha abandonado del todo porque sigue conectada con sus investigaciones, según supo El País-. Sin ir más lejos, sufrió un atentado en su casa el pasado 28 de setiembre, asunto que movilizó a todo el Estado en el incremento de su seguridad.

Con este panorama de base, lo que ha inquietado en la Torre Ejecutiva son los efectos del posicionamiento público de la coalición republicana en su respaldo a la funcionaria -todos en el Parlamento recuerdan la conferencia de prensa del bloque opositor del 17 de marzo, en la que se anunció el apoyo irrestricto a Ferrero-, lo que, a entender de algunos integrantes del gobierno, ha tenido solo efectos perjudiciales para la fiscal subrogante de Corte.

Entre ellos, de tipo personales, por la exposición pública de su nombre. Razón por la cual hubo contactos propiciados por Presidencia con algunos de los principales referentes de la coalición republicana. Quien se encargó de estas comunicaciones con la oposición fue el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Fuentes al tanto de este diálogo señalaron a El País que lo que el jerarca transmitió a sus adversarios fue que ellos estaban “poniendo una presión” intolerable a Ferrero y que eso no le hacía bien a su salud. Que lo mejor era evitarlo, “sacar” esa presión.

Pero la lectura que además hacen en el Ejecutivo es que tampoco le “hacen bien” a la fiscal de Corte al definirla como una figura que representa a la coalición republicana. “Sostienen a Ferrero alegando un supuesto temor de lo que podría pasar en caso contrario, y así le hacen peor, porque la tratan como una fiscal que a ellos no los va a perseguir”, resumió la postura oficial de la administración de Yamandú Orsi un integrante del gobierno.

La voluntad, entonces, del Poder Ejecutivo sigue siendo la misma con la que Orsi asumió el 1° de marzo de 2025: más allá del respaldo institucional -y ciertamente, en algún caso, hasta “personal”- del gobierno a la exfiscal de drogas, lo que se busca es que el Ministerio Público tenga un jerarca titular, y que no sea Ferrero.

Pero el plan del oficialismo para concretar esa postergada meta se ha visto dificultado seriamente a partir del abroquelamiento de blancos y colorados en contra de buscar cualquier nombre que no sea Ferrero -a quien han propuesto, incluso, votarla como titular-, y los intentos de diálogo que ha habido en estos últimos meses han naufragado por el endurecimiento de las relaciones parlamentarias entre oficialismo y oposición.

“Creo que algunas declaraciones no ayudan a la institucionalidad o a la Fiscalía, menos a Mónica Ferrero”, sostuvo Sánchez a este respecto, en declaraciones a En Clave País el miércoles 15. “El Uruguay merece que haya un verdadero acuerdo, y que quien ocupe ese lugar tenga el respaldo del sistema político”, agregó el secretario de Presidencia, que también subrayó: “Obviamente hay gente en el Frente Amplio que tiene una mirada crítica de la fiscal Ferrero”.

Es en este marco que en Presidencia ven como una salida el proyecto que días atrás presentó Cabildo Abierto como forma de destrabar esta situación, mientras el Frente Amplio, en distintas conversaciones mantenidas en los corredores del Parlamento, ha propuesto dos nombres -entre otros- para sustituir en su cargo a Ferrero: el de los fiscales Enrique Rodríguez -hoy a cargo de la Fiscalía de Lavado de Activos- y el de Gilberto Rodríguez -responsable de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er Turno.

“A mí lo que me molesta es que sea una discusión ventilada; no se puede discutir temas institucionales tan importantes como la conducción de la Fiscalía con nombre y apellido. Eso no es bueno”, dijo Sánchez sobre esto mismo. “Esto de hacerlo todo público lo que hace es entorpecer mucho”, lamentó. Y la primera en recibir ese “daño”, dijo también, es la actual fiscal de Corte.

“Desde la Torre Ejecutiva, el criterio que ha marcado el presidente de la República es que nosotros queremos sentarnos a conversar, reservadamente, (sobre) cómo resolvemos el tema de la Fiscalía y no estar haciendo anuncios sobre nombres ni calificando a quienes están hoy”, dijo Sánchez. Y concluyó: “Nosotros tenemos una excelente relación con la fiscal de Corte en lo institucional. Ahora, sí creo que el sistema político se debe una gran discusión, porque no puede ser que no haya acuerdo. Hay que buscarlo”.