FA impulsa ley de trabajo penitenciario: salario mínimo, aportes jubilatorios e incentivos a privados

Los diputados frentistas Graciela Barrera y Pablo Inthamoussu presentaron un proyecto de ley para regular el trabajo en el ámbito de privación de libertad, en un contexto con más de 16.600 reclusos y 10.000 medidas alternativas vigentes. Entre otras cosas, la iniciativa establece que el trabajo de personas sujetas a medidas o penas privativas de libertad deberá ser con su consentimiento.

"Ninguna persona sujeta a penas o medidas privativas de libertad podrá ser compelida a trabajar mediante amenaza de pena, sanción administrativa o disciplinaria, restricción de beneficios u otra forma de coacción", indica el texto, al que accedió El País.

Los reclusos podrán trabajar bajo tres modalidades: peculio abonado por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), trabajo remunerado mediante relación con empleadores o pasantías remuneradas.

Quienes trabajen bajo estas modalidades deberán percibir una remuneración no menor al salario mínimo nacional.

Las empresas contratantes tendrán que realizar aportes a la seguridad social, permitiendo generar derechos jubilatorios.

Asimismo, establece una retención salarial del 30%, que será distribuida entre el INR (10%), la Dirección Nacional de Protección Social del Mides (10%) y gastos de funcionamiento para fortalecer la política de atención y protección a víctimas y testigos de los delitos de Fiscalía (10%), añadió el proyecto, elevado a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia.

Se prevén incentivos fiscales para que empresas privadas se instalen en las cárceles como empleadoras, mediante convenio con el INR.

También se facilitarán las compras estatales a las firmas que produzcan en centros penitenciarios y habrá exoneraciones tributarias si se mantiene contratadas a las personas liberadas.

El proyecto prevé que los reclusos puedan tener emprendimientos individuales o cooperativos, mediante la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Se incluye la creación de una Junta Interinstitucional de Trabajo Penitenciario y faculta al INR a constituir una fundación, entre otros puntos.

Los diputados añadieron en la exposición de motivos que se busca regular "el trabajo penitenciario en su doble dimensión: como derecho humano y como herramienta de intervención basada en evidencia", inspirado en modelos de Chile, España y Argentina.