Exministro propone que lesiones con armas de fuego puedan investigarse de oficio y pidió informes a Interior

El exministro del Interior y actual senador del Partido Nacional, Nicolás Martinelli, presentó un proyecto de ley para que las lesiones ordinarias provocadas con armas de fuego puedan ser investigadas de oficio por Fiscalía, incluso cuando la víctima no presente denuncia.

La iniciativa apunta a modificar los artículos 322 del Código Penal y el 97 del Código del Proceso Penal, y busca que las lesiones cometidas con armas de fuego dejen de depender de la denuncia de la persona herida para que pueda avanzar una investigación penal.

Según explicó Martinelli en un documento al que accedió El País, "en los últimos tiempos se verificó a nivel nacional un serio y patente incremento" de personas lesionadas con armas de fuego. Vincula varios de esos episodios con disputas entre bandas criminales dedicadas al narcotráfico, tentativas de sicariato, deudas por consumo de drogas y venganzas entre integrantes de grupos delictivos.

Según el exministro, el problema aparece cuando una persona resulta herida de bala pero el caso no encuadra como tentativa de homicidio, sino como lesiones. Si esta es considerada ordinaria —hasta 20 días de incapacidad— el delito solo puede ser perseguido si hay una denuncia de la víctima.

La propuesta de Martinelli agrega una excepción al Código Penal para las lesiones ordinarias intencionales cometidas con armas de fuego. Además, incorpora esos casos al listado de delitos que pueden perseguirse de oficio en el Código del Proceso Penal.

El País consultó a algunos fiscales de Flagrancia, que son quienes trabajan habitualmente con este tipo de hechos. Los consultados prefirieron no ser citados, pero coincidieron en que la iniciativa apunta a una limitación real con la que cuentan actualmente.

De todas formas, advirtieron que el cambio legal no resolvería todas las dificultades. Muchos de estos episodios ocurren en contextos vinculados a bocas de droga, disputas territoriales o ajustes de cuentas. Por eso, aunque Fiscalía pueda actuar de oficio, la falta de colaboración de la víctima puede seguir siendo una barrera para esclarecer el hecho.

La presentación del proyecto fue acompañada por varios pedidos de informe al Ministerio del Interior. En uno de ellos, Martinelli pidió datos sobre episodios de violencia armada en barrios de Montevideo y consultó cuántos grupos criminales, bandas o clanes tiene identificados la cartera.

También preguntó si Interior entiende que las balaceras y enfrentamientos armados vinculados al crimen organizado están hoy más extendidos territorialmente que en años anteriores. En ese pedido mencionó zonas como Cerro Norte, Marconi, Casavalle, Nuevo París, Piedras Blancas, Punta de Rieles, Villa Española, Manga y Casabó, entre otras.

Otro pedido apunta al origen de las municiones usadas en hechos violentos. Martinelli solicitó saber cuántos casquillos fueron periciados en escenas de homicidios, tentativas de homicidio y balaceras durante 2025 y 2026, y cuántos pudieron asociarse al mercado legal uruguayo.

El senador también consultó por organizaciones criminales internacionales y preguntó si la cartera de Interior analizó el impacto que podría tener para Uruguay la actuación regional del Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho, así como si el Poder Ejecutivo evalúa cambios para fortalecer la persecución de estructuras criminales transnacionales.

La batería de solicitudes incluyó además un pedido específico sobre “Ricardito” Cáceres. El senador preguntó por su traslado desde la Unidad N° 25 de máxima seguridad al Penal de Libertad, su reciente reingreso a máxima seguridad y por el funcionamiento del sistema de inhibición de celulares adquirido en 2024.