"Se constató que desde fines de 2012 se realizan pagos mensuales recurrentes con tickets de alimentación, solicitados y autorizados por la Dirección General de Secretaría, no correspondiendo con el concepto por el cual fueron adquiridos (canastas de fin de año). Se recomienda utilizar los tickets de alimentación para el fin por el que fueron adquiridos".

Así lo indicó en agosto de 2014 un informe de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio del Interior realizado sobre el Departamento de Tesorería de esa secretaría en torno a un fenómeno que comenzaba a ocurrir por esas fechas. La advertencia, que no tuvo efectos prácticos, estaba referida a la decisión de las autoridades del ministerio de entregar, hasta diciembre de 2016, tickets de alimentación por $ 20.000 mensuales en favor de Víctor Hernández, un civil que quedó parapléjicoluego de haber recibidouna bala de origen desconocido. Hernández vivía en La Paloma y siempre afirmó que el disparo que lo hirió salió de una casa vecina, donde se desarrollaba una fiesta con varios policías.

El informe tomó estado público este lunes en la Comisión Investigadora que indaga sobre esos hechos, conformada a iniciativa del senador nacionalista Jorge Gandini en torno a presuntas irregularidades ocurridas durante la gestión del actual senador frenteamplista Charles Carrera, cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior, entre 2010 y 2017.

A la investigadora concurrieron este lunes Mary Navarro y Alicia Carrizo, que durante ese período se desempeñaron como encargadas de la Tesorería y que, según Gandini, aportaron información relevante. Ante la comisión, las funcionarias coincidieron: en ningún otro momento, en todos esos años, nunca hubo ningún caso similar en que los tickets se utilizaran con otro destino que fuera la canasta de fin de año para los policías. Mucho menos, que esos tickets se utilizaran para hacer pagos mensuales.

Foto: Estefanía Leal

En marzo de 2013, señalaron, esto le fue advertido a Carrera. Según su testimonio ante los legisladores, se le dijo que no existía marco legal para entregar esos tickets con otro fin que no fuera el establecido. Según afirmaron, el entonces director general del ministerio ordenó personalmente que las entregas continuaran. A los efectos, todos los meses enviaba la orden correspondiente por escrito. Tesorería mandaba los tickets a la Dirección General, y desde allí se los hacían llegar a la familia de Hernández.

Los datos en poder de Gandini indican que a Hernández se le empezaron a pagar los tickets el 3 de enero de 2013, pocos días después del incidente que lo dejó paralítico y a poco de haber sido ingresado al Hospital de Clínicas, desde donde luego fue derivado al Policial, en otro asunto con apariencia irregular que también está bajo la órbita de la investigadora.

Para el próximo lunes, la comisión citará al comisario Gustavo Leicht. El jerarca fue el que, desde la División Contaduría elevó un informe a requerimiento de las actuales autoridades del ministerio y que, en junio del año pasado, había corroborado que los tickets para Hernández se habían efectuado por orden de la Dirección General.

Gandini adelantó que luego será el turno de todos los exjerarcas que pasaron como "usuarios" del Hospital Policial sin reunir, a su entender, las condiciones legales correspondientes.

En primer lugar se citará a la diputada frenteamplista Susana Pereyra. El legislador nacionalista presentó este lunes elementos que indican que la esposa del entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, logró atenderse en el Hospital Policial bajó la calidad de "oficial subayudante", tal como fue ingresada al sistema. "Así que ahora Susana Pereyra es policía", ironizó.

La documentación aportada por Gandini a la comisión indica que Pereyra registra 21 consultas de policlínica en el Hospital Policial entre 2010 y 2017, junto a otras tres consultas de emergencia. También registra otras 21 consultas paraclínicas y 47 exámenes en laboratorio. En ese período retiró de la farmacia del Policial 41 medicamentos.

Según la documentación la atención a Pereyra aparece autorizadapor Luis Heuhs y Leonardo Anzalone, directores de Sanidad Policial por esas fechas.

Luego será el turno de Andrea Epifanio, la exesposa de Charles Carrera que también y a pesar de ser civil comenzó a ser atendida en el Policial en 2010 como "oficial subayudante". Al respecto, el informe del Ministerio del Interior en poder la comisión indica los costos de la atención que recibió la mujer, que nunca pagó.

Allí se destacan consultas en emergencia por $ 2.572 e internación e intervención hospitalaria por $ 195.000. Otros $ 68 mil fueron por cirugía, banco de prótesis y estudios extrahospitalario, además de $ 114.000 por cirugía. El resumen incluye $ 8 mil por estudios de laboratorio, $ 2.500 por medicación y $ 65.000 por asistencia a domicilio. Todo, afirmó el ministerio, sumó $ 507.000.

La comisión prevé citar además al exdirector de la Unidad de Comunicación del ministerio, Fernando Gil, y prevé hacerlo también con el propio Carrera.