Diputados critican que proyecto de multas está “trancado” en Senado y condicionan apoyo a planteos “relativos” del FA

El Senado estudia desde hace algunos meses un proyecto de ley para disminuir algunas multas de tránsito en rutas nacionales y aplicar un sistema de bonificación progresivo, luego de haberse aprobado en abril con votos de todos los partidos políticos en la Cámara de Representantes.

La iniciativa original tuvo un apoyo casi unánime (91 en 92) después de varias negociaciones, y fue elaborada por tres diputados: Sebastián Andújar (Partido Nacional), Conrado Rodríguez (Partido Colorado) y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto).

Ahora, entienden que el proyecto está “trancado” en la cámara alta y señalan su desconcierto con respecto al acuerdo al que se había llegado, que también incluía al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), indicó Rodríguez a El País. Ante esto, decidieron adoptar una postura adversa a otros proyectos del mismo tema.

“Nosotros empezamos a condicionar votos de proyectos que sean relativos a la temática si eso no se mueve en el Senado. Radares pedagógicos y prescripciones de multas. No se van a tratar hasta que eso no se mueva”, sostuvo Andújar en diálogo con El País.

El Senado reabrió el debate sobre el proyecto cuando comenzó el tratamiento por el mes de julio, con planteos de modificaciones provenientes tanto del Frente Amplio (FA) como de los blancos. En este último caso, fue Rodrigo Blás quien planteó la necesidad de legislar beneficios para las personas que acumulan deudas por multas de tránsito, lo que no está previsto en la iniciativa que vino de Diputados.

De hecho, el legislador blanco aseguró a El País que “van a haber cambios” al proyecto y argumentó que la entrada al Senado del proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida —en junio— y de la Rendición de Cuentas —en agosto— prolongaron su tratamiento parlamentario.

Lo mismo aseguró el senador frenteamplista Aníbal Pereyra consultado por El País: “Como vino de Diputados, no sale”. En ese sentido, indicó que el Congreso de Intendentes —que participó del proceso legislativo en la primera cámara y fue convocado nuevamente a la comisión de Transporte— ahora planteó una serie de diferencias con respecto al articulado.

Pereyra también recordó que “los propios senadores del Partido Nacional presentaron críticas” —en alusión a Blás— a lo que era “un acuerdo muy fino”. “El presidente de la comisión (Sergio Botana) quiso generar textos alternativos, pero nosotros planteamos que vengan los organismos. Fuimos a la comisión con la misma postura que se discutió en Diputados”, agregó.

Por entonces, el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) había dicho a El País que puso sobre la mesa incluir en este proyecto de ley la eliminación de la obligatoriedad del radar pedagógico en los 100 metros anteriores al punto de fiscalización en las rutas nacionales.

En la votación en Diputados, se presentó un informe de la comisión en el que se explicó que se busca “establecer un esquema más equilibrado” en las multas de tránsito, “que mantenga el objetivo prioritario de desalentar conductas peligrosas, pero al mismo tiempo contemple escalas sancionatorias más ajustadas a la gravedad del exceso de velocidad y a criterios objetivos de graduación”.

Por ejemplo, se incorporó una “sanción más grave por circular sin matrícula o con matrículas adulteradas” para que no se identifique u oculte.

La comisión recibirá a partir de octubre a los intendentes, al MTOP y a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) para seguir evaluando cambios.

En la comisión de Transporte de Diputados se tratan dos iniciativas que los coalicionistas pospondrán mientras no haya movimiento en el Senado, ambas presentadas por el FA y vinculadas con el respectivo asunto de fondo.

La primera refiere a lo planteado por Pereyra, pero materializado en un proyecto aparte —inicialmente formaba parte de la Rendición de Cuentas— que propone prorrogar hasta el 31 de diciembre el plazo previsto para instalar radares pedagógicos junto a los fiscalizadores. El plazo inicial venció el 30 de junio y el MTOP anunció que desde entonces, en los puntos donde no se logró instalar aún, las multas “no se están haciendo efectivas”.

El otro proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo, a impulso de la Unasev, para subir el plazo de prescripción de las multas de tránsito de cinco a diez años. La disposición actual fue promulgada con la ley de tránsito vigente desde 2019, que a priori en realidad iba a establecer la cifra de diez años, pero fue reducida en la negociación legislativa.

Marcelo Metediera, titular de la Unasev, argumentó en su momento que podría interferir con la eventual implementación de la licencia de conducir por puntos, que comenzaría el año próximo, por su sistema de acumulación de puntos y las consecuencias que plantea.

Este proyecto ya fue aprobado en la comisión y pasará pronto al plenario de Diputados, mientras que el otro aún se encuentra en su primer análisis parlamentario.