Deudores: MEF trabaja solución con BCU y FA impulsa proyecto de ley; son “posiciones distintas”, según oposición

El subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, asistió este miércoles junto a otros jerarcas del ministerio a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, para dar su visión a propósito del proyecto de ley del Frente Amplio (FA) de “Protección de Deudores de Bajos Recursos”.

El proyecto, impulsado por la diputada frenteamplista Julieta Sierra, propone cambios en los topes de tasa de interés, la creación de un mecanismo específico para reestructurar deudas de personas físicas, así como la prohibición de determinadas prácticas consideradas abusivas.

Hoy en día, cerca de 1.000.000 de uruguayos se encuentran en el clearing, 290.000 de los cuales están calificados como “incumplidores”.

El ministerio liderado por Gabriel Oddone se encuentra trabajando en un proyecto propio en esta materia, en conjunto con el Banco Central del Uruguay (BCU). En rueda de prensa, Sierra dijo que la cartera aportó “insumos que enriquecen el proyecto, con propuestas alternativas”.

“Respecto a la tasa de interés, ahí el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está elaborando una propuesta para que haya una segmentación por tipo de crédito a la hora de definir la tasa. No lo contemplaba el proyecto y es una de las propuestas. Por ejemplo, si son créditos que se puedan retener de los salarios que son de bajo riesgo, que tengan algún tipo de interés. Si son créditos de consumo, otro. Si son de diferentes tasas de crédito, otro”, explicó.

Asimismo, señaló que “es una iniciativa que desde un inicio se ha presentado por diferentes partidos políticos a lo largo de 20 años, desde que se promulgó la ley 18.212”, que regula las tasas de intereses y usura. En ese sentido, sostuvo que la propuesta está abierta a discusión, ya que el oficialismo no tiene mayoría en Diputados.

Un aspecto al que también aludieron las autoridades del MEF es la “información y transparencia” en cuanto a las consecuencias en caso de atrasos de pago de deuda. Sierra afirmó que “hoy en día está confuso y diluido”, por lo que es menester “transparentar y hacer más clara la información para la ciudadanía”.

Con respecto a la coexistencia del proyecto de ley presentado por la diputada y el que está elaborando el MEF, la legisladora del MPP manifestó que la iniciativa “no queda por el camino”, sino que se podría “enriquecer” con la propuesta ejecutiva.

“Este proyecto no va a resolver el problema estructural de endeudamiento, que a mi parecer está atado con el empleo de calidad y los salarios. No es la panacea que va a resolver, pero pone el tema sobre la mesa. Tenemos que trabajar, por ejemplo, con ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) para hablar de educación financiera, para ver cómo se trabaja ese tema. Es algo que va a requerir una interinstitucionalidad de muchos organismos públicos”, dijo Sierra.

La comisión recibirá en sus próximas sesiones a delegaciones de organizaciones sociales, como varias asociaciones de casa de créditos, trabajadores organizados y sindicatos.

En contraposición, Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, dijo en rueda de prensa que se debe ser “muy cauteloso”, pues “es muy fácil ponerse del lado del segmento de la población de bajos recursos, del lado de los más débiles”.

“Todos estamos de acuerdo con eso. El tema es que muchas veces, por ayudar a los más débiles, los terminamos perjudicando. El propio subsecretario Vallcorba habló de ser cautelosos a la hora de encontrar atajos o soluciones voluntaristas. Porque lo que puede terminar ocurriendo es que soluciones de este tipo generen que quienes tengan dificultades de repago de esos créditos después queden fuera del mercado, porque la tasa de cobrabilidad, o de incobrabilidad en este caso, es muy alta”, sostuvo.

El legislador aseguró que el MEF y la bancada del FA tienen “dos posiciones distintas”. Los parlamentarios del FA “dan señales y generan expectativas”, con este tipo de proyectos, pero el gobierno “los relativiza”, opinó.

En esa línea, afirmó que Vallcorba “lo dijo con mucha cautela y prudencia para no quedar en contradicción con sus correligionarios”, pero “manifestó matices y discrepancias en el aspecto medular del tope que se pretende poner a los intereses y los demás aspectos”.

Abdala indicó que, al establecer un tope al crédito y los intereses, algunos entes financieros pueden retirarse de ese mercado: “Si se retiran del mercado, le generamos un problema de acceso al crédito a ese segmento de la población, que tiene que seguir viviendo y consumiendo, y va a caer en la informalidad y probablemente termine siendo víctima de las redes delictivas que existen, como los préstamos gota a gota”.

Entre los principales puntos, la iniciativa redefine cuándo un crédito se considera usurario. Establece que habrá usura cuando la tasa implícita supere en más de 35% (actualmente es 55%) las tasas medias publicadas por el BCU, e introduce criterios adicionales para determinados créditos como los destinados a familias o aquellos con retención sobre sus ingresos.

De acuerdo con datos del BCU, de las personas que figuran en la Central de Riesgos (base de datos de personas que tengan un préstamo o tarjeta de crédito), unas 700.000 tienen dificultades de pago y alrededor de 650.000 están catalogadas como deudores irrecuperables.

El proyecto incluye un capítulo específico para la reestructuración de deudas vinculadas a créditos al consumo y plantea un procedimiento que establece una instancia obligatoria de conciliación ante la Unidad de Defensa del Consumidor del MEF, donde se buscará alcanzar acuerdos entre deudores y acreedores.

Si no se alcanza un acuerdo, el proceso pasa a la órbita judicial, donde el deudor puede presentar un plan de pagos y, en caso de no lograrse las mayorías necesarias entre los acreedores, el juez podrá imponer una reestructuración obligatoria.

Además, se indica que podrán iniciar el proceso aquellas personas cuyas deudas provengan de créditos al consumo sin garantía real. Se fijan límites económicos y patrimoniales; podrán beneficiarse del sistema quienes tengan ingresos anuales líquidos menores o iguales a 150.000 unidades indexadas (UI, $ 980.505 a hoy), que no tengan inmuebles a su nombre o que solo tengan una vivienda pero cuyo valor no supere las 700.000 UI ($ 4.575.690 a hoy), y que no cuenten con bienes muebles por encima de las 75.000 UI ($ 490.252 a hoy).