CESES EN LA DINAMA

El Día Mundial del Medio Ambiente tuvo, en su edición de ayer, dos escenarios “antagónicos”: mientras los senadores aprobaban la creación del Ministerio de Ambiente, los trabajadores contratados de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) estaban en “estado de alerta por el desmantelamiento de capacidades para la protección ambiental”.

Ocurre que el decreto 90, publicado 11 días después de que asumió el nuevo gobierno, prevé la reducción del 15% de los gastos de funcionamiento y un 40% los gastos por contratos de servicios personales (léase funcionarios con contratos a término que vencen a fin de junio y a fin de año).

Cuatro de cada diez trabajadores de la Dinama son contratados (no presupuestados). Según un comunicado de los afectados, este día del Medio Ambiente “Uruguay no celebra”, la “disposición tiene en vilo desde marzo a 109 trabajadores” del organismo.

“Uruguay asume la creación de un Ministerio de Ambiente y, al mismo tiempo, se están dando cortes de fuentes de trabajo”, dijo a El País Soledad Ávila, una de las voceras de los trabajadores contratados. Y puso como ejemplo: “Las 17 áreas protegidas que tiene el país no se manejan desde un escritorio en Montevideo… Necesitan personas en el terreno”.

Tabaré Hackenbruch, subsecretario de Vivienda, aclaró que la reducción se dará en secciones que no comprometan las “tareas de contralor y más sensibles que tiene la cartera”. De hecho, dijo, “esto no es un ahorro” sino un intento de “mejorar las cuentas públicas y atender el déficit fiscal”.

Pero en el Parlamento los senadores discutían el proyecto deley de urgente consideración y al llegar al artículo que crea el Ministerio de Ambiente, el que contó con el apoyo de todos los partidos, el senador comunista Óscar Andrade retrucó: “Confesar que tengo sensación contradictoria. Por un lado, saludo el consenso, no deja de preocuparme en que sea el mismo día que se cortan vínculos de más de 100 trabajadores de la Dinama”.

El subsecretario Hackenbruch, sin embargo, explicó que los recortes en la Dinama “no afectarán el funcionamiento” del novel ministerio. “Si bien el área ambiental dejará de depender administrativamente de nosotros (Mvotma), nos sentimos con el deber ético de que todo esté dado” para “la mejor gobernabilidad”.

Lejos de las pujas político-partidarias, la trabajadora Ávila aclaró que “este no es un reclamo contra las autoridades de turno ni contra las anteriores, sino que es un llamado de atención si Uruguay realmente quiere comprometerse con el cuidado y preservación de los ecosistemas, del agua, de la fauna local”.

¿Por qué? “Este 2020 se cumplieron 30 años de la creación del Ministerio de Vivienda y 20 años de la ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se trata de políticas que fueron con aprobación unánime y que exceden a lo que piensa un gobierno de turno”. Prueba de esto, agrega la trabajadora, “la aprobación de creación del Ministerio de Medio Ambiente, en la LUC, cuenta con el apoyo de todos los partidos y, prueba de esto, Uruguay protege y conserva porque piensa que es importante y no por miradas desde afuera o por cumplir con los convenios internacionales”.

“Ante este escenario, solicitamos al Poder Ejecutivo se reconsidere la situación por los motivos antes expuestos, y se mantenga el plantel de trabajadores de la Dinama, dejando de lado una decisión matemática de reducción de gastos, que no parece considerar necesidades, beneficios y perjuicios sobre el ambiente, desempeño individual de los trabajadores y años trabajados en la institución”, reza el comunicado de los contratados.

Y continúa: “Al día de hoy, las y los trabajadores contratados de Dinama lamentamos profundamente los ceses de funciones ya resueltos como consecuencia de la aplicación de este decreto, que son solo algunos de los que seguirán en estos días ya que la mayoría de los contratos referidos vencen el 30 de junio”.

El decreto 90 ha causado criticas en otras dependencias del Estado. A fines de mayo, por ejemplo, el Consejo Directivo Central de la Udelar emitió una resolución en la que aclara que “no es posible seguir la exhortación del decreto nombrado sin menoscabo de las funciones básicas que la Universidad de la República debe a la sociedad”. Es la misma normativa que recortaba el presupuesto en ciencia del Pedeciba y que el gobierno dio marcha atrás.