El hecho generó “gran preocupación” por la información “relevante” sobre controles ambientales que contenían en esos documentos.
Los trabajadores contratados de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) estaban en “estado de alerta por el desmantelamiento de capacidades para la protección ambiental”.
De aprobarse los dos últimos artículos, el consentimiento del propietario será necesario para que un territorio se declare área protegida, lo que desató posturas contrarias entre los actores.
Alejandro Nario se excusaba de firmar habilitaciones concedidas a empresa que él mismo creó en 2013.
