El conflicto en el puerto de Montevideo empieza a ser un componente no solo habitual en los titulares de prensa sino también de la operativa diaria de la terminal desde hace meses, más allá de que, en este preciso momento —en esta última semana, donde las negociaciones fueron intensas en el Ministerio de Trabajo—, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) no está aplicando ninguna medida de protesta y, por tanto, complicando ahora el funcionamiento del muelle especializado de contenedores a cargo de la Terminal Cuenca del Plata (TCP).
Las conversaciones de estos últimos días, que se llevaron adelante en forma bipartita y tripartita, no condujeron a ninguna parte en lo esencial —el conflicto de fondo, que es un convenio colectivo que entre otras cosas fijará una nueva cantidad de jornales mínimos asegurados para los trabajadores—, pero sí tuvieron un efecto concreto, especialmente sensible para TCP y en particular para su socio mayoritario, Katoen Natie. Que se establecieran, vía resolución del Poder Ejecutivo, unas condiciones mínimas de funcionamiento que aseguraran la operatividad del muelle de TCP.
Ahora bien, esto tiene lugar luego de días de especulación sobre si el gobierno daría o no el paso que la empresa finalmente solicitó este jueves —que se declarara la esencialidad—, a partir de declaraciones realizadas por el subsecretario de Trabajo en el Parlamento —Hugo Barretto— que cayeron mal en Katoen Natie, donde entienden que, a juzgar por varios gestos y expresiones públicas de integrantes del gobierno de Yamandú Orsi, el Ejecutivo ha tomado partido por el sindicato.
Lo que dijo Barretto fue que "nadie" había pedido hasta ahora la declaratoria de la esencialidad —además de justificar las "perturbaciones" que toda huelga produce, lo que fue leído por TCP como una "arenga" a que el gremio continuara con sus medidas—, y que "ni siquiera la empresa" lo había hecho. Y la firma respondió, horas después, pidiéndola.
El gobierno estuvo analizando esta semana qué viabilidad jurídica tenía la aplicación de la esencialidad en el puerto, un sector económico que no está incluido por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) como aquellos pasibles de ser, justamente, declarados como esenciales. Fueron consultas que se hicieron desde la Torre Ejecutiva a especialistas en la materia, y que concluyeron en la determinación que terminaron adoptando, ayer, los ministerios de Trabajo y Transporte y Obras Públicas: una resolución de "carácter transitorio y limitado" que definió los "servicios mínimos" que deberán garantizarse en la terminal (ver recuadro).
El Pit-Cnt se expresó sobre este conflicto sobre el final de la jornada de ayer. Su secretariado ejecutivo consideró “usual” la garantización, vía resolución del gobierno, del “desarrollo de servicios mínimos”, al tiempo que advirtió que “ninguna normativa puede inhibir el derecho de huelga como derecho humano fundamental”.
Con esa introducción, declaró su “solidaridad con los trabajadores en su brega por arribar un convenio colectivo que regule los derechos de los trabajadores en la Terminal Cuenca del Plata”. Y calificó en el punto siguiente como “excesiva la determinación por parte del Poder Ejecutivo de los servicios mínimos establecidos en el presente decreto, en función de que los mismos se acercan a una situación de normalidad en el trabajo”.
La central de los trabajadores exhortó, por último, “ a los involucrados, en especial a la empresa, a desarrollar todos los esfuerzos durante la próxima semana”, para cuando, se acotó, el Pit-Cnt “no tiene medidas de acción directa definidas”.
"No ha sido común en el país" esta definición, dijo la ministra Lucía Etcheverry este viernes, en rueda de prensa.
Sin embargo, esto estuvo lejos de conformar a la empresa, que continúa viendo un panorama poco claro a futuro, pero que además profundizó las molestias con la cartera que lidera Juan Castillo y que secunda Barretto, por lo "tardía" que fue esta medida.
"Esto es una voltereta en el aire", resumió en diálogo con El País Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie. "No tuvieron más remedio y esto, en definitiva, para nosotros, es una declaración de esencialidad". Pero es una "esencialidad lavada", agregó, porque, para la firma, al no establecerse mecanismos de "control", cuando sobrevengan nuevos paros o asambleas y no se cumplan con lo mandatado, "el gobierno deberá permitir que la empresa tome las medidas que entienda pertinente" para llegar a las exigencias de los servicios mínimos, y entonces se aplicará "una esencialidad por la vía de los hechos".
Pero jurídicamente no lo es y lo que se aplicó, dijo por su parte Etcheverry, plantea una "lógica distinta" a la esencialidad, ya que no están en juego aspectos como "la seguridad, la vida o la salud". "Estamos hablando de servicios mínimos" "Estamos tratando de tomar la responsabilidad de poner y de exigir a ambas partes, porque el conflicto es del sindicato pero también es de la empresa que tienen que acordar sobre la base de garantía de menor afectación de los servicios”, remarcó la ministra, que dijo haberse recorrido el "camino que corresponde de seguir los lineamientos que establece la Organización Internacional del Trabajo", valoró la jerarca.
El conflicto de fondo, mientras tanto, está lejos de solucionarse, y el asunto continúa preocupando puertas adentro del gobierno.
Las condiciones establecidas y el monitoreo de daños
TCP está en este momento en una tarea de análisis de daños mientras, como lo comunicó Katoen Natie este 7 de setiembre, la firma se encuentra "analizando las medidas administrativas y legales que correspondan" tanto para continuar asegurando la operatividad del muelle como para "determinar responsabilidades y reclamar los perjuicios ocasionados".
Con este propósito, por ejemplo, sus directivos tienen registrado la cantidad de buques que se vieron afectados por medidas sindicales desde fines de enero hasta la fecha. De acuerdo a una planilla que manejan en la empresa, y a la que accedió El País, hay 16 embarcaciones que sufrieron problemas importantes. De ese total, siete buques tuvieron que cancelar la escala, y otros nueve no pudieron terminar la "operativa", con las pérdidas económicas que ello implica.
El mal relacionamiento que tienen TCP y el sindicato, en parte se explica porque la compañía entiende que los trabajadores no actuaron de "buena fe" en muchos de estos casos, y que aplicaron medidas con el objetivo de generar un "daño" comercial específico.
Sea como fuere, de ahora en más esto no podrá volver a ocurrir, porque la resolución del gobierno —que se basa en el pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical de la OIT, que ha definido que la actividad portuaria es un "servicio público importante" y que por tanto "podría preverse el mantenimiento de un servicio mínimo en caso de huelga"— obliga a que se garanticen los "servicios de muelle de carga y descarga de buques", los de "recepción de contenedores llenos y vacíos" y de "importación y exportación", con un ritmo base de "25 contenedores por hora".
Además, se fijaron, en detalle, las cantidades mínimas de operarios en los distintos sectores, y se estableció a texto expreso que los "referidos servicios" mínimos "deberán cumplirse por los trabajadores de la empresa en caso de implementarse medidas gremiales".
, situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del icono.
, situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del icono.
de modo que se deslice hacia la izquierda.
, situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del icono.
. Se pondrá en gris, lo que indica que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
.