Conflicto en el puerto: TCP mantiene postura y sindicato aumenta presión al gobierno, mientras espera reunión

Aunque en este momento no hay medidas distorsivas que estén afectando la operativa del puerto, en el gobierno y el sistema político en general persiste la general preocupación por el conflicto entre la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y su gremio de trabajadores —con el directo respaldo del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra)—, que desde enero de este año negocian un convenio colectivo, hasta el momento sin ningún éxito y, ahora mismo, sin miras de acercamiento.

El último capítulo de esta polémica, que ha llevado a Katoen Natie —el socio mayoritario de TCP—, en base a los perjuicios económicos generados por las medidas de paro y asambleas tomadas por el sindicato en estos últimos meses, a evaluar los daños para eventualmente promover una demanda de resarcimiento, tuvo como protagonista al gobierno de Yamandú Orsi, que declaró los servicios mínimos esenciales que deberán cumplir los trabajadores en caso de nuevas huelgas, y a Supra con su anuncio de fuerte oposición a esa medida.

Es un conflicto que tiene componentes de alta complejidad —así lo valoran, puertas adentro, en la Torre Ejecutiva— en la medida en que no puede leerse sin tener en cuenta la cantidad de actores en juego en el puerto, lo que incluye, entre otras cosas, una tensión sistémica con Montecon —cuyo principal accionista, Neltume Ports, comunicó la semana pasada que presentó al gobierno un proyecto de inversión por US$ 900 millones para hacer un muelle especializado de contenedores similar al que opera TCP, una noticia que se dio a conocer pocas horas después de conocerse que la firma desistía de sus intenciones de iniciar un arbitraje contra el Estado.

La no resolución de un problema que aún no tiene señales de un posible entendimiento es un asunto que preocupa en el gobierno, que por estas horas "ajusta la agenda" de los ministros de Trabajo (Juan Castillo) y Transporte (Lucía Etcheverry), y del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, con la intención de cumplir con el pedido de Supra de mantener con ellos una reunión formal tras su "profundo rechazo" a la declaración de los servicios mínimos. Fue una determinación que, no obstante, recibió el apoyo del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira —quien se había mostrado distante con la línea del gobierno, cuando la esencialidad estaba arriba de la mesa—, más allá de que hay senadores del oficialismo, como el dirigente socialista Gustavo González, que han reivindicado el camino de protesta que lleva adelante el sindicato.

Luego de una semana de intensas negociaciones en el Ministerio de Trabajo, esta comenzó con el diálogo en pausa, y con las partes esperando a una nueva citación en la cartera para un encuentro tripartito, que debería llegar —esa es la expectativa del sector— de un momento para otro.

Pero, mientras eso no ocurre, la discrepancia de fondo, en este momento, tiene que ver con la duración del convenio colectivo, la cantidad de jornales asegurados y el tipo de guardia gremial que deberá establecerse, una vez rija el convenio, cuando se tomen medidas.

Todo parecía cerrarse el 7 de setiembre, cuando Supra divulgó un comunicado en el que se indicó que los trabajadores, reunidos en asamblea, habían resuelto "aceptar la última propuesta de la empresa, en el marco de un convenio de dos años, con manos aseguradas los días domingos, y guardia gremial durante la vigencia del convenio".

Sin embargo, la resolución de la asamblea de TCP-Nelsury tiene un texto algo diferente. Allí, con fecha del mismo día, se indicó que la decisión fue "aceptar la última propuesta de la empresa, modificando los siguientes puntos". Y se puntualizó que la duración del convenio debía de ser de dos años, se hizo referencia al aspecto de las manos —turnos asegurados en la operación de las grúas—, a la demanda de la aplicación de la "cláusula de paz de los Consejos de Salarios" —lo que no permitiría tomar medidas sobre asuntos acordados en el acuerdo salarial o de "condiciones de trabajo comprendidas" en ese pacto, pero sí cuando están por fuera— y a que se mantenga "la guardia gremial por la duración del convenio, siendo el sindicato quien regule la misma".

Estas últimas modificaciones no fueron aceptadas por la empresa, cuya postura se mantiene incambiada desde entonces.

Mientras tanto, Álvaro Reinaldo, secretario general del Supra y referente principal del sindicato de TCP, envió ayer algunos mensajes al gobierno.

Entrevistado en el programa Info Capital, de Tv Ciudad, el sindicalista consideró que la medida del Ejecutivo sobre servicios mínimos —rechazada también por el Pit-Cnt y formalmente por el propio Supra, que adelantó ya que analiza los pasos a dar— limitaba "muchísimo las asambleas o la paralización" de la que pueden hacer uso los trabajadores.

Reinaldo opinó además que el Ejecutivo debería haber tenido "un rol más activo" en estas negociaciones que, a seis meses de iniciadas, no condujeron a ninguna parte.

"No ha habido propuestas de acercamiento... Nosotros decimos que queremos 26 jornales, la empresa dijo: 'No, yo 20 les doy'. Bueno, nunca se acercaron (...) Nunca hubo una propuesta oficial del Ministerio de Trabajo para que las dos partes evalúen".

Y agregó: "Siempre se nos ha pedido a nosotros que demos tiempo, que saquemos las medidas cuando se ponen muy complejas y siempre lo hemos hecho. Pero nos encontramos en una situación... Si yo miro en letra fría lo que la empresa nos propone hoy en día, es peor de lo que ya estaba en el convenio que se venció".