El conflicto en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) provocó 379,5 horas perdidas, afectando operaciones realizadas en un período de 45 días debido a los paros y asambleas efectuados desde el 1° de enero hasta el viernes 11 de este mes, según información a la que accedió El País a través de la compañía portuaria.
Según fuentes de la empresa, el prolongado conflicto dañó la imagen de TCP y ocasionó la pérdida de contactos con navieras. Por este motivo, la compañía conformó un equipo para cuantificar los perjuicios económicos generados por el diferendo.
A las paralizaciones decretadas por el sindicato portuario (Supra) se sumó -según la firma- la caída de un negocio con una empresa brasileña que pretendía desviar sus barcos hacia la terminal de contenedores montevideana, a causa de la congestión registrada en algunos puertos de Brasil por el fenómeno de La Niña.
Mediante esa operativa, TCP buscaba compensar el espacio dejado por la salida de algunos servicios de la naviera MSC, la cual optó por trasladarlos a su terminal en Buenos Aires.
De acuerdo con fuentes de la empresa, actualmente se recopilan datos sobre las pérdidas generadas por el conflicto ante la posibilidad de iniciar un juicio civil por daños y perjuicios o lucro cesante (contra los trabajadores o incluso contra el Estado uruguayo).
El primer paro de 24 horas fue llevado a cabo por el sindicato el 31 de enero en reclamo de un incremento en los jornales asegurados, que actualmente son 15 en TCP, mientras que en el resto del sector portuario casi ninguna empresa alcanza los 13, indicaron las fuentes.
TCP está constituida por la multinacional belga Katoen Natie (80% de las acciones) y el Estado uruguayo a través de ANP, que posee el 20% restante.
Vía Navegable Troncal. Jan de Nul asumió la concesión y bajará los peajes
La Vía Navegable Troncal (VNT), el principal corredor fluvio-marítimo para el comercio exterior de Argentina, inició una nueva etapa con la gestión privada a cargo de un consorcio que integran la belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus. La concesión comenzó este jueves 10 tras el proceso licitatorio y la firma del contrato con el gobierno argentino el pasado 7 de julio. El plan contempla la baja del peaje de la Vía Navegable, que pasó de US$ 4,30 a US$ 3,80 por tonelada de registro neto (TRN), lo que representa una baja del 13,5%. Según estimaciones del consorcio, la medida podría generar un ahorro logístico de entre US$ 375 millones y US$ 456 millones anuales para el sector agroexportador.
Buquebus. El “China Zorrilla” realiza singular maniobra en Nueva Palmira
El “China Zorrilla”, el ferry 100% eléctrico más grande del mundo, arribó a la rada del puerto de Nueva Palmira completando su traslado hasta el Río de la Plata para iniciar aquí una nueva etapa de su navegación. El ferry eléctrico llegó al país transportado en la cubierta del enorme carguero “Black Marlin”. Según informó la Administración Nacional de Puertos (ANP), el “Black Marlin” utilizará sus tanques de lastre para sumergir parcialmente su plataforma y permitir que el “China Zorrilla” quede a flote. Luego los equipos de la empresa de remolcadores uruguaya “Saam Towage” realizarán la maniobra de arrastre para separar el ferry de la cubierta del buque transportador.
Punta de Sayago. Carga guaraní podría exportarse por centro de transferencia
Una misión comercial de Paraguay visitó el Puerto Logístico Punta Sayago, un predio de 187 hectáreas ubicado próximo al puerto de Montevideo. Junto con autoridades portuarias de Uruguay, jerarcas paraguayos y empresarios analizaron una propuesta para establecer un centro de transferencia de carga paraguaya y eventual conexión fluvial para contenedores, informó el Ministerio de Industria de Paraguay. La iniciativa busca generar una alternativa logística para la carga paraguaya, tanto de exportación como de importación, mediante un esquema de articulación público-privada que permita concentrar operaciones y facilitar la salida de productos paraguayos hacia mercados internacionales.
PUJA
El conflicto en el puerto es atípico, ya que involucra a dos grupos empresariales que pugnan desde hace tiempo por el control de los movimientos de contenedores. Una de las partes es Katoen Natie, que obtuvo en 2001 la concesión de una terminal especializada mediante una licitación a la que no se presentó ninguna otra firma. En la otra acera se encuentra la naviera MSC, socia a nivel internacional de la chilena Ultramar en la gestión de la Terminal Pacífico Sur en Chile. A su vez, Ultramar es una de las principales accionistas de Neltume Ports, propietaria de Montecon, empresa que opera con contenedores en los muelles públicos del puerto montevideano.
A MSC y a Montecon se sumó la Unión de Exportadores, que se ha pronunciado en reiteradas ocasiones contra las tarifas que cobra TCP. En tanto, Montecon no realiza inversiones de infraestructura pesada en muelles -financiadas con fondos estatales-, aunque sí invierte en superestructura y equipamiento móvil. Por ende, según fuentes portuarias, la firma obtiene ganancias con menores niveles de inversión y riesgo que TCP.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) ha ratificado que, bajo la reglamentación vigente, Montecon tiene derecho a operar contenedores en los muelles públicos, aunque supeditado a las prioridades operativas de TCP.
Ante este escenario, Neltume Ports inició en 2024 un arbitraje contra el Estado uruguayo por US$ 600 millones bajo el argumento de supuestos perjuicios. Sin embargo, el viernes 4, el gobierno informó que había alcanzado un acuerdo con el consorcio para desistir de la demanda internacional. Cinco días más tarde, Neltume Ports presentó a Presidencia de un proyecto para construir una segunda terminal de contenedores en el puerto, con una inversión estimada en US$ 900 millones.
El martes 1°, Álvaro Reinaldo, presidente del gremio portuario, declaró al programa Desayunos Informales (Canal 12) que veía con buenos ojos la iniciativa: “Al igual que TCP, si es una inversión que va a traer mejores condiciones de trabajo para los operarios de Montecon e incluso ampliar esa plantilla, será bienvenida”.
Días después, el jueves 10, en una entrevista con Radio Universal, el director vocal de la ANP por el Partido Nacional, Jorge Gandini, cuestionó públicamente si el gremio de TCP no terminaba “jugando en contra de su empresa y a favor de su competidor Montecon”.
El conflicto, que generó perjuicios de decenas de millones de dólares a TCP y al comercio exterior uruguayo debido a los retrasos en los embarques de cargas, obligó al Poder Ejecutivo a decretar los servicios mínimos en la terminal de contenedores.
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