El Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) continúa en conflicto con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por atrasos en los pagos de los trabajadores tercerizados, una situación que se arrastra desde 2025, más allá de que ahora se acordaron pagos a una de las organizaciones.
Este martes tuvieron una reunión tripartita con los representantes jurídicos del Mides y las autoridades de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), precedida de una manifestación afuera de la sede con la consigna: “Mides y ONG no pagan. Más de 300 trabajadores sin cobrar su salario”.
En diálogo con El País, el secretario de Sutiga, Diego Andrada, indicó que en esta instancia el ministerio liderado por Gonzalo Civila acordó pagar los sueldos adeudados de 200 trabajadores de la organización Otras Manos, una de las tres que trabajan en distintos dispositivos en Montevideo.
“Con respecto a lo salarial, se estaría saliendo el conflicto con esta organización. Dijeron que hoy (martes) firmaban el convenio del préstamo y entre mañana y pasado estaría cobrando la gente. Obviamente cobrando esto que se adeuda. Es como si estuviéramos peleando mes a mes. Es una locura. No sé qué sector de trabajadores de este país tiene una situación como la nuestra, de precarización”, declaró.
Esto es a través de una línea de crédito contenida en un convenio junto a la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y República Microfinanzas que Civila presentó en diciembre del año pasado, como una herramienta que apuntaba “a la resolución de un problema de larga data y que contribuirá a prevenir atrasos”.
“Se nos había planteado como la solución definitiva y no lo fue”, aseguró Andrada, quien criticó que se sigue “en la misma situación eterna”, ya que no pueden “asegurar el salario porque todavía no han generado un mecanismo”. Incluso, ante la negativa del planteo de “presupuestación” de los trabajadores, el sindicato propuso “por lo menos que presupuesten servicios muy sensibles, como por ejemplo la discapacidad”, lo cual estaría siendo evaluado.
“En estos días, cuando los compañeros cobren, iremos levantando las medidas. Igual estamos en asamblea permanente y evaluando un paro bastante grande para ver si tenemos una respuesta definitiva y no pasarnos como el año pasado que estuvimos más meses sin cobrar que cobrados”, afirmó el secretario de Sutiga; el paro se definirá en la asamblea del próximo 8 de agosto.
El conflicto con los tercerizados afecta varias competencias del ministerio, como la atención a gente en situación de calle, ya que el funcionamiento de refugios o del Centro de Primera Atención (CPA) de Casavalle depende en buena parte de ellos. Algunos adeudos salariales tienen un atraso de más de un mes.
“Es tan grande la tercerización y tan anárquica la gestión, que el Estado básicamente no está pudiendo ni controlar, ni gestionar, ni auditar. Todo el tema de situación de calle explotó en el interior. Ya venía explotando. El ministerio amplió la atención a nivel nacional y amplió la tercerización, entonces también se amplía el problema”, describió Andrada.