Pese a recomendación jurídica de archivo, Jutep siguió adelante con investigación a Ojeda y denuncia de Carrera

El directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública actúa con frecuencia casi periódica como escenario de confrontación entre oficialismo y oposición. La tensión llegó al Parlamento en forma de interpelación a fines del año pasado, y al extremo de que el Partido Nacional analice la posibilidad de enviar a la Fiscalía lo que considera irregularidades cometidas por los jerarcas Ana Ferraris (presidenta) y Alfredo Asti (vicepresidente), ambos en representación del Frente Amplio, y a quienes la coalición republicana ya les pidió la renuncia.

La polémica más reciente se desató en la última sesión de junio y en la primera de julio, cuando la junta anticorrupción resolvió —con los votos de los dos directores oficialistas— tomar dos definiciones que se apartaron del criterio seguido hasta el momento cada vez que la Asesoría Letrada recomendaba, tras analizar los casos presentados ante la institución, el archivo.

Eso ocurrió así en 27 oportunidades en esta gestión, denunció el director nacionalista Luis Calabria, en la primera sesión de este mes. Pero no así con el resultado de una denuncia que presentó el exsenador del Movimiento de Participación Popular Charles Carrera, y contra otra que tiene como investigado al senador colorado Andrés Ojeda. Para ambas situaciones, la recomendación jurídica fue el archivo, pero a diferencia de las otras 27 veces, en estas oportunidades Ferraris y Asti entendieron que los expedientes debían continuar abiertos.

En el caso de Carrera —que denunció a la fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero, por una "presunta irregularidad por conflicto de interés público" cometido en la designación de la fiscal que lo acusó ante la Justicia Penal—, los dos jerarcas frenteamplistas dispusieron el 18 de junio que se le diera "vista" al exlegislador del Frente Amplio.

"Llama poderosamente la atención —fundamentó Calabria, de acuerdo al acta de la sesión a la que accedió El País— el inusual procedimiento aprobado. No registro, desde que estoy en el directorio de la Jutep, que se otorgue vista a un denunciante de un informe que sugiere archivo. De hecho —siguió—, en la misma sesión donde se trató este expediente, se resolvió el archivo de una denuncia nominada y no se dio vista".

A la semana siguiente el directorio trató el caso de Ojeda, denunciado por un edil de su partido por una presunta violación al artículo 124 de la Constitución —que prohíbe a los legisladores "tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados".

Ya se conocieron informes jurídicos que desestimaron la denuncia en el Parlamento y que fueron tratados en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Pero como formalmente el caso sigue abierto en esta cámara —no hubo aún un "pronunciamiento" del Senado—, la Asesoría Letrada de la Jutep informó que el control de los parlamentarios corresponde a cada cámara de forma privativa, conforme a los artículos 115 y 124 de la Carta Magna. Por esa razón, y para evitar "pronunciamientos contradictorios o interferencias que lesionen las competencias reguladas por la propia Constitución", la recomendación jurídica fue el archivo del caso.

Pero Ferraris y Asti, aquí también, establecieron que no había méritos para ello y se dispuso, muy por el contrario, continuar y profundizar con la investigación.

"Se resuelve por mayoría —se indica en el acta—: 1) comunicar al senador Ojeda la denuncia recibida; 2) oficiar a los fiscales intervinientes a los efectos de que informen acerca de la presentación del escrito como se denuncia y la resolución adoptada al respecto y en general, acerca de la veracidad de la información que surge de las publicaciones de prensa referidas por el denunciante en su escrito".

En un tercer punto se agrega, sin dar mayores detalles, que también se resolvió "oficiar a la fiscal de Corte subrogante a fin de que informe si el denunciado realizó algún tipo de gestión para impulsar el traslado de las fiscales intervinientes y, en su caso, de cuenta de las razones por las cuales se dispusieron dichos traslados".

Ferraris argumentó la postura de la mayoría. Dijo no compartir la recomendación de archivo porque, entre otros puntos, "aún quedan medidas" a adoptar "para el esclarecimiento de los hechos denunciados" y que permitan conocer "si efectivamente se solicitó el traslado de fiscales" —para saber si hubo alguna "gestión" en este sentido es que se consultará a Ferrero— en la causa donde el colorado intervino, y ahondar en "la participación" de un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional "a las órdenes del senador Ojeda en actividades ajenas a la actividad legislativa".

La oposición del director blanco a lo resuelto apuntó a la "incoherencia" o "inconsistencia decisora" de la mayoría del directorio, por decidir apartarse, en dos casos puntuales de "notoria connotación pública" del criterio que ellos mismo habían seguido en casi una treintena de oportunidades.

Además de citar todos los expedientes de situaciones análogas en los que sí se siguió lo recomendado por la Asesoría Letrada, Calabria hizo referencia a que, en varias de esas circunstancias —consignó siete ejemplos, en donde se involucraron el INAU, Aduanas y el Ministerio del Interior, entre otros— la decisión del archivo se debió a "la existencia de un procedimiento en trámite ante otro órgano con competencia sobre la materia", como ocurre en el caso de Ojeda.

"Decisiones de este tipo —concluyó Calabria— pueden dar lugar, ante terceros y ante la opinión pública, a lecturas que este órgano de control tiene el deber institucional de prevenir. La objetivdad y la imparcialidad de la Jutep no se resguardan únicamente actuando con rectitud, sino también evitando toda apariencia que pueda comprometerlas".