Redacción El País
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes dejó aprobada esta semana más de la mitad de los 90 artículos de la nueva ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual. Aunque aún reste para su sanción, este paso es un gran avance considerando que desde abril de 2020 -cuando el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el extenso texto que sustituiría a la ley vigente que data de 2014- no hubo movimientos.

Por ahora, solo cuenta con los votos del oficialismo, que el próximo miércoles pretende culminar su aprobación e incorporar una serie de modificaciones al proyecto original, planteadas por Cabildo Abierto y que representan aspectos centrales de la normativa. Una de las claves está en el artículo 16, referido a los límites en la titularidad de las licencias de radio y televisión. La ley actual dice que una persona física o jurídica no puede superar las tres licencias en estos servicios, ni más de dos en una misma banda. El gobierno proponía a un máximo de cuatro permisos de radio y cuatro de televisión. El nuevo texto las fija en cuatro licencias para el área metropolitana, y seis para el resto del país en cualesquiera de las bandas de radiodifusión. Estos límites regirán en todos los casos en que una persona física o jurídica posea, al menos, el 10% de la titularidad del permiso. El proyecto del Poder Ejecutivo, en cambio, fijaba ese margen en el 30%.

En diálogo con El País, el diputado Sebastián Cal (Cabildo Abierto) explicó que hubo una apreciación unánime en el oficialismo de que el proyecto del Poder Ejecutivo planteaba una concentración “un tanto excesiva” de medios en manos de un solo titular.

Por otra parte, la ley vigente limita a tres en Montevideo y a seis en el interior las licencias de televisión para abonados en manos de una misma persona. El proyecto del gobierno no establecía limitaciones, mientras que ahora el tope será de ocho licencias en todo el territorio. En este caso, Cal señaló que se trata de reconocer una “situación que está vigente” y que se da de facto al margen de la actual normativa. “No es casualidad que ni el propio Frente Amplio pudiera aplicar su propia ley”, señaló.

La oposición pidió plazo hasta la próxima semana para analizar las modificaciones y su contenido. De aprobarse, el texto establecerá que la renovación de las licencias serán, en todos los casos, por 15 años.

A partir de la vigencia de la ley los titulares actuales de licencias podrán seguir prestando servicios. En el caso de los servicios de difusión audiovisual no satelitales que utilicen espectro radioeléctrico, el plazo de la licencia comenzará a computarse a partir del 6 de febrero de 2015. Ese día el gobierno de José Mujica emitió un decreto que reconoció las autorizaciones vigentes ante el cambio de régimen. La modificación también guarda una diferencias con la intención del actual Poder Ejecutivo, que en su proyecto establecía que los plazos corrían con la vigencia de la nueva ley. Por lo tanto, si la nueva normativa se aprueba tal como está planteada, esas frecuencias regirán hasta el año 2030.

Si bien la intención es ratificar el articulado en la Cámara de Representantes, hay serias dudas de que la nueva ley sea sancionada en la actual legislatura. Además, resta su pasaje por el Senado.

Ante la falta de avances del texto que había sido presentado en 2020, el Poder Ejecutivo intentó por varias vías derogar la actual “ley de Medios”. El ministro de Industria, Omar Paganini, había planteado, sin éxito, este año incluir en la Rendición de Cuentas la derogación tácita de la actual normativa. Lo mismo se dio, con idéntico resultado, el año pasado. La coalición de gobierno, en cambio, se limitó a modificar la normativa para habilitar a los cable-operadores a prestar servicios de internet. Esa excepción prosperó a instancias de Cabildo Abierto y pasó por alto un pedido expreso del presidente Luis Lacalle Pou en favor de la derogación total.