Colegio de Abogados alerta por estigmatización de defensores, tras el caso de Raúl Estomba

El Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) advierte que “cuestionar o poner bajo sospecha” la labor profesional del abogado defensor únicamente por el ejercicio de su función implica instalar una “injusta y prejuiciosa desconfianza” que “pone en riesgo el Estado de Derecho”.

La declaración sale a la luz luego de una reunión del Directorio del Colegio, convocada para fijar posición sobre el alcance de la polémica pública que días atrás quedó instalada por el caso del abogado Raúl Estomba, que ejerció la defensa de personas acusadas de narcotráfico y ganó un concurso para ingresar a la Fiscalía.

El Colegio, no obstante, aclaró que no tiene elementos para pronunciarse sobre el caso particular de Estomba, y que su posición está dirigida a proteger el derecho a la defensa.

Más allá de las advertencias que desde hace mucho tiempo se hacen desde la propia Fiscalía sobre una posible “infiltración” del Crimen Organizado en sus filas, el debate sobre el caso Estomba involucra directamente al sistema político. Desde el Poder Ejecutivo se transmitió preocupación por la situación y en el Parlamento algunos legisladores ya adelantaron que no tienen intención de votar la venia para que el profesional acceda al cargo público.

Los integrantes del directorio del Colegio de Abogados, en tanto, plasmaron las ideas acordadas en un texto al que accedió El País. Allí sostienen que “los abogados ejercen un rol fundamental en la protección de las garantías y derechos fundamentales de todas las personas” y que este ejercicio “es la base para el respeto irrestricto del principio de inocencia, el debido proceso y, en última instancia, para que se garantice la justicia a la que tiene derecho cualquier ciudadano”.

Para el Colegio, “cuestionar o sospechar de la labor profesional del abogado defensor únicamente por el ejercicio de su función constituye un ataque contra los derechos fundamentales de las personas, una vulneración del principio de inocencia, y una injusta y prejuiciosa desconfianza hacia los propios defensores, poniendo en riesgo el Estado de Derecho”.

El CAU dejó por escrito que “reconoce y comparte” la preocupación por la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas y la corrupción de funcionarios. “No obstante —prosigue—, alertamos sobre el daño que se genera al sistema de justicia cuando se focaliza la solución del problema en la estigmatización de quienes ejercen la defensa, ya sea en el ámbito privado o público".

El menoscabo de la imagen pública del abogado por la identidad o los delitos atribuidos a sus clientes puede producir, según los abogados, que los defensores comiencen a pensarlo dos veces antes de aceptar determinadas defensas. Y eso, sostienen, termina afectando no solamente al profesional sino al funcionamiento del sistema de justicia en su conjunto.

Foto: Darwin Borrelli

"Se está mirado hacia el lado equivocado", dijeron, en tanto, fuentes del Colegio de Abogados a El País.

“Se pretende instalar que, si un abogado defiende a una persona acusada de un delito, de alguna manera el abogado está vinculado al delito, y eso es muy peligroso, menoscaba los principios fundamentales de nuestro Estado de Derecho”, indicaron.

De esta manera, añadieron, el debate termina colocando el foco sobre el ejercicio de la defensa penal cuando el verdadero problema debería ser la eventual corrupción de funcionarios públicos.

El texto acordado por el Directorio suma que “afirmar la culpabilidad del imputado antes o incluso durante el desarrollo de un juicio implica desconocer y menoscabar los pilares esenciales del sistema judicial y democrático. El abogado defensor penal no defiende condenados, sino a personas que están siendo investigadas o acusadas por la Fiscalía. Solo una sentencia firme establece responsabilidad penal. Y esa sentencia únicamente es posible mediante la garantía efectiva de una defensa adecuada”.

El Colegio alerta, en este sentido, que se pretenda identificar públicamente a los abogados por el delito atribuido a sus clientes.

“Se habla de ‘abogados de narcos’, ‘abogados de violadores’ o ‘abogados de lavadores’. Así se termina trasladando hacia el profesional el reproche social asociado a la conducta investigada. Es un juego peligroso porque se menoscaba la imagen y el honor del profesional que ejerce una defensa y gana el acusador”, opinó la fuente consultada por El País.

El abogado Estomba ejerció la defensa de personas vinculadas a organizaciones dedicadas al narcotráfico y aprobó un concurso para ingresar a Fiscalía, en el que quedó 15º en el orden de prelación.

Al avanzar las designaciones llegó su turno y Fiscalía propuso su nombramiento. La designación requiere la venia del Senado.

El caso generó preocupación en el Poder Ejecutivo y el sistema político por los antecedentes profesionales de Estomba como defensor de integrantes de grupos vinculados a actividades criminales, entre ellos Los Chingas y el clan Figueroa.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, transmitió esas inquietudes al Parlamento, mientras comenzó a discutirse la posibilidad de establecer mecanismos que permitan extremar los controles para el ingreso a determinadas áreas sensibles del Estado.

Legisladores ya anunciaron que no tienen intención de votar la venia. Estomba pidió que la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado lo reciba para defender su idoneidad moral al tiempo que afirmó que nada lo vincula con actividades criminales.

La controversia se amplió después de conocerse que otros dos abogados que ejercieron la defensa de personas acusadas de cometer delitos de narcotráfico, Juan Barca y Diego Cabrera, también concursaron para ingresar al Ministerio Público.

La preocupación por una eventual penetración del crimen organizado en Fiscalía, de todos modos, antecede a la polémica actual.

La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ya había planteado públicamente la necesidad de mejorar los mecanismos de ingreso al organismo y defendido la creación de una escuela de fiscales que, además de formar a los aspirantes, permitiera conocer mejor a quienes pretenden incorporarse al Ministerio Público.

“Si tememos infiltración criminal, controlemos la infiltración y la integridad de quienes ejercen funciones públicas; no presumamos peligrosidad por haber ejercido legítimamente una defensa”, concluyó la fuente consultada.