Bordaberry reclama tener una regla fiscal “creíble” y dice que “era más rígida” antes de los cambios del gobierno

El senador colorado Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay, presentó una serie de prioridades legislativas de su sector en una conferencia el lunes de cara a este 2026. Una de ellas es la necesidad de tener una “regla fiscal creíble”, una herramienta creada a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC) del gobierno de Luis Lacalle Pou y mantenida por el de Yamandú Orsi, con algunas modificaciones.

En diálogo con El País, el legislador dijo que “claramente la regla de 2020 era más rígida”, ya que “imponía tres restricciones simultáneas”. “El gobierno entrante, basándose en que podía suceder que un pilar se cumpla y el otro no, anunció la simplificación de la regla y promovió cambios. Elimina el tope de gasto presupuestal y se introduce un esquema más flexible basado en una meta de resultado estructural como ancla principal, pero sin una meta rígida anual. Si el resultado fiscal se desvía de la meta, el gobierno debe anunciar qué ajustes graduales hará para volver a la senda fiscal”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que “dos problemas no menores” son “tomar como referencia el límite de nivel de deuda en relación al PBI, lo que es cuestionable técnicamente”, y “tener la flexibilidad de no estar atado a metas anuales exigibles y poder rendir cuentas solamente anunciando ajustes graduales futuros para volver a la senda fiscal”.

Bordaberry también se refirió al último informe del Consejo Fiscal Asesor (ahora llamado Consejo Fiscal Autónomo), que señaló que por segundo año consecutivo “la regla fiscal original fue incumplida en uno de sus tres pilares” (en 2024 fue incumplida en los tres). El senador afirmó que “coincide” en varios cuestionamientos señalados.

Entre ellos, que “el aumento del gasto real observado en 2024 y 2025, y el proyectado para 2026 (3,1%), constituye una señal de preocupación en la medida que puede condicionar el Resultado Fiscal Estructural a partir de 2027”. Además, “la incorporación de nuevos compromisos de gasto permanente para los próximos ejercicios, que se sumarían a los ya estipulados en el Presupuesto, no contaría con márgenes fiscales que la respalden”, dice el informe.

Con respecto al eventual decreto que deberá emitir Presidencia para reglamentar la normativa, el senador colorado señaló que el informe también puntualiza: “Un objetivo fundamental de esta reglamentación es establecer con claridad los mecanismos que deben seguirse para corregir cualquier desvío”.

El gobierno planteó desde un principio la necesidad de “introducir mejoras metodológicas” ya que “no logró cumplir con sus objetivos fundamentales”, tal como indica el Informe de Cumplimiento de los Compromisos de Gobierno de marzo de 2026, al que accedió El País, elaborado por la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, organismo de Presidencia. De hecho, algunas fueron propuestas por el senador colorado e incorporadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la Ley de Presupuesto que se promulgó en enero.

En mayo de 2025, Bordaberry presentó un proyecto de ley para modificar la normativa establecida en la LUC. Entre los cambios que planteó, está la inclusión de una “cláusula de disciplina electoral”, que establece que, en el último año del período de gobierno, “el incumplimiento de las metas fiscales implicará la obligación de presentar un plan de convergencia al Parlamento”.

Además, “el uso de cláusulas de salvaguarda requerirá comparecencia obligatoria del ministro de Economía ante la Asamblea General, Cámaras de Senadores, Diputados o Permanente dentro de los 15 días siguientes”, y “estas cláusulas no podrán ser utilizadas en los 30 días previos a la elección nacional”. Estas disposiciones, con redacciones algo distintas, fueron incluidas en el Presupuesto.

Bordaberry también había planteado extender las potestades e independencia del Consejo Fiscal Autónomo, que hasta ahora cumplía un rol meramente consultivo. Esto fue en línea con la postura del gobierno de Orsi, cuyo Presupuesto finalmente determinó que “se relacionará en forma directa con el MEF, quien deberá suministrarle la información y documentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”, así como que “deberá presentar sus informes a las Comisiones Parlamentarias que aborden la temática específica de su competencia”.

Según el informe de Presidencia, el gobierno pretende este 2026 promulgar el decreto de reglamentación, “poner en práctica” la regla fiscal y “fortalecer la transparencia”, para lo que “será necesario publicar de manera integral los documentos metodológicos y demás documentos de trabajo relevantes, así como los datos que permitan replicar los análisis realizados por el MEF, asegurando que el seguimiento de la regla fiscal sea accesible y verificable por todos los agentes interesados”.

En la conferencia del lunes, Bordaberry señaló que se están “empezando a ver algunos esbozos de problemas serios en materia de economía y competitividad”, como los “altos costos” que generan la salida de algunas empresas, lo que, según dijo, “obviamente está siempre cercano a la disciplina fiscal y al gasto, que es un problema grave”.