Los ediles de la Coalición Republicana presentaron un recurso de apelación ante la Cámara de Representantes contra tres artículos del Presupuesto Quinquenal 2026-2030 de la Intendencia de Montevideo (IMM), al considerar que la creación de nuevos cargos y divisiones dentro del gobierno departamental es “inconstitucional”.
A través de una declaración pública, los ediles opositores informaron que el recurso fue presentado al amparo del artículo 303 de la Constitución y apunta específicamente contra los artículos 46, 47 y 48 del presupuesto, que crean el Departamento de Coordinación Institucional y las divisiones de Área Metropolitana y Compras.
Según sostuvieron, tanto la bancada de la Coalición Republicana como el Tribunal de Cuentas ya habían advertido que la creación de nuevos cargos requería una mayoría especial de tres quintos de la Junta Departamental, tal como establece el artículo 62 de la Constitución, mayoría que —afirman— el Frente Amplio no alcanzó. Pese a ello, señalaron que el oficialismo entendió “innecesarias esas mayorías” para aprobar los cargos.
"Afán por seguir creando cargos"
En el texto, los ediles indicaron que “una interpretación simple de la Constitución” y el análisis de doctrina jurídica llevan a concluir que “una calificación genérica mediante norma departamental no constituye una preautorización indefinida para crear cargos políticos sin respetar las mayorías exigidas por la Constitución”.
La oposición departamental cuestionó además que el oficialismo haya desestimado observaciones realizadas tanto por la asesoría jurídica de la Junta Departamental como por el Tribunal de Cuentas. “Se rechazaron sin argumentos las observaciones del Tribunal de Cuentas, que muy claramente indicó que la creación de dichos cargos es inconstitucional”, expresaron.
En la declaración, la Coalición Republicana también criticó el aumento de cargos dentro de la comuna capitalina y afirmó que “el afán por seguir creando cargos y agrandando la intendencia para el provecho de unos pocos no puede implicar un atropellamiento a la Constitución”. “Para quienes gobiernan, el respeto por la Constitución y la ley no puede ser negociable”, concluye el comunicado.
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