A la par del FA, el PN presenta proyecto para cambiar artículo de LUC que subió penas por entrar droga a cárceles

El Partido Nacional (PN) presentará un proyecto para cambiar la normativa promulgada en la Ley de Urgente Consideración (LUC) del gobierno de Luis Lacalle Pou con respecto a las penas para delitos vinculados con drogas, para lo cual el Frente Amplio (FA) ya introdujo su propia iniciativa que busca derogarla.

El buque insignia del gobierno de coalición restableció una normativa originaria de 1974: pena de cuatro a 15 años de penitenciaría para quien entregue, venda o facilite el suministro de drogas a un menor de 21 años, o cuando el delito se comete en las inmediaciones o interior de cárceles, entre otros establecimientos, como de enseñanza, sanitarios o culturales. Esto a su vez fue superpuesto por una ley de 1998 que no establecía una pena mínima, lo que fue revertido por la LUC.

Ahora, según dijeron legisladores a El País, los blancos preparan para la semana que viene un texto alternativo al proyecto del FA, que en el oficialismo interpretaron como “más tímido” tras diálogos iniciales con los parlamentarios opositores.

El diputado blanco Diego Echeverría dijo a El País que “hay un entendimiento común” en cuanto a ajustar la ley vigente, con base en un diagnóstico en el que todos los partidos reconocen las “consecuencias desproporcionadas” —como lo describió su par Pablo Abdala hace algunos meses— que tuvo la aplicación de la normativa.

“Pensamos en un proyecto que logre mejorar el objetivo final, sencillo, pero que ayude a destrabar”, sostuvo el legislador blanco, y agregó que no comparten la “amplitud” y “flexibilidad” del planteo del FA.

El proyecto del oficialismo elimina el tiempo mínimo de pena y se limita a establecer “circunstancias agravantes de los delitos previstos en la presente ley”. De esta manera, la Justicia puede determinar las medidas a tomar caso a caso, eventualmente alternativas a la privación de libertad.

Echeverría señaló que el texto blanco introduce una modificación legal a las atribuciones del juez para que se pueda contemplar la situación de la persona, pero sin perder de vista que se trata de un delito. Desde el FA critican que el proyecto nacionalista no reduce la pena mínima y que esto garantizaría la prisión efectiva para el sujeto condenado. Esto es un punto clave para que el oficialismo decida apoyarlo, lo que por el momento no sucederá.

Los dirigentes nacionalistas ya hace tiempo abrieron la puerta a modificar la normativa que dispuso la LUC. Abdala dijo en abril a El País que todos advertían “en el período pasado que había un problema de diseño, que parecía una consecuencia desproporcionada, sobre todo cuando hay madres con hijos”.

Así, resaltó que en la Rendición de Cuentas de 2023 “se estableció para estos casos darle la facultad al juez de aplicar, en lugar de la pena prevista en la ley de estupefacientes, el régimen general de la tentativa”, el cual reduce la pena a un tercio de la misma, en comparación a un delito consumado, lo cual “permitía precisamente que el delito se volviera excarcelable”

Alejandro Zavala, diputado del FA e impulsor de la iniciativa, había dicho a El País que el cambio de 2023 generó una “contradicción” con la norma de 1974, en el entendido de que en estos casos “la mujer no ingresa la droga, pues la agarran cuando la está ingresando” y el delito no se consuma.

“Lo que terminó pasando es que eso quedó en contradicción con la otra norma, la ley de estupefacientes, que dice que todos los delitos tentados son consumados. Entonces los jueces no saben cuál aplicar, porque la otra no fue derogada”, explicó. El artículo 37 de esa ley establece que “el delito tentado se castigará con la misma pena que corresponda al delito consumado”, sostuvo.

Abdala había afirmado que en el PN son “muy cuidadosos y bastante refractarios a tocar lo que la gente ratificó en el referéndum de la LUC”, ya que “es un pronunciamiento popular que no se lo puede sobrepasar”, lo que no impide realizar “ajustes”.

El asunto se discute en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes con vista a pasar al plenario en octubre.

Hasta el 2020, la población carcelaria femenina no superaba las 800 reclusas en todo el sistema. Según datos del Ministerio del Interior, hubo un pico en 2011, con 722, pero descendió hasta llegar a 469 en 2018. Sin embargo, luego de la entrada en vigencia de la LUC, el número comenzó a crecer sostenidamente año a año: 2021 (908), 2022 (1.022), 2023 (1.094), 2024 (1.302).

El último informe del comisionado parlamentario (por entonces, Juan Miguel Petit), con datos del 2024, señaló que “la mayoría” de mujeres privadas de libertad lo están “por delitos vinculados al microtráfico de drogas: en la Unidad N° 9, en noviembre de 2024, el 79% estaba por este tipo de delito”.

“Los perfiles de riesgo que surgen de las evaluaciones Oasy’s (en inglés, Sistema de Evaluación del Ofensor) son bajos: solo el 5% tiene riesgo alto de reincidencia y ninguna presenta riesgo alto de daño a terceros. Esto indica que son casos que podrían abordarse con medidas alternativas. Sin embargo, la legislación vigente impone límites que reducen la posibilidad de aplicar prisión domiciliaria, incluso cuando se trata de delitos no violentos y de baja entidad”, describe el documento.

Además, puntualiza que en 2024 “la prisionalización femenina creció un 18%, mientras que la población penitenciaria general aumentó 6%”. Más del 90% son madres y tienen un promedio de edad de 34 años.

Datos del Ministerio del Interior referentes al mismo año muestran que había “72 niñas y niños en convivencia con sus madres, lo que evidencia un incremento respecto del año anterior, cuando eran 64 niñas y niños”, dice el “XI Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura” de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).