El Ministerio del Interior sancionó a Javier Borba, vicepresidente de la Asociación de Funcionarios Policiales de Cerro Largo (Afupocel) y dirigente de la Coordinadora de Sindicatos Policiales, por haber realizado “manifestaciones públicas consideradas agraviantes contra la jerarquía policial”.
Según documentos de la cartera a los que accedió El País, en junio de 2022, el efectivo hizo declaraciones en un programa radial de “La Voz de Melo”, donde se refirió al operativo en el departamento por las anteriores elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), en noviembre de 2021.
En junio de 2023, la cartera sumarió al efectivo y el proceso se cerró a los tres años, con una resolución de octubre de 2026 que lo dio por concluido y definió una sanción de 25 puntos de demérito, entendida como una falta grave. La acumulación de este tipo de sanciones puede devenir en la destitución del cargo.
Danubio Fabrica, entonces coordinador ejecutivo de la Jefatura de Cerro Largo, fue quien denunció inicialmente a Borba por haber sido parte del objeto de críticas. “Dicho cabo se negó a cubrir la custodia de un circuito y no se notificó, pese a que se le hizo saber que las horas que hiciera fuera de servicio ordinario se iban a reponer. Por tal motivo, se inició una actuación administrativa”, planteó en ese momento.
Según la transcripción que adjuntó Fabrica, Borba argumentó al aire que una disposición de 2009 indicaba que la jefatura “evitará designar personal en carácter de recargo” y, “en caso de carecer de personal para cubrir los eventos, informará con la debida antelación” la “imposibilidad de hacerlo, a los efectos de designar personal de otra dependencia”. A su vez, aquellos que “voluntariamente” desearan “realizar el servicio” debían asentar “por escrito su consentimiento”, indica la circular.
“El funcionario no está obligado a realizar el servicio de custodia de urna o el servicio extraordinario que sea. En esta situación, el comisario obliga al funcionario policial a ir a la custodia de urna”, sostuvo Borba. En ese sentido, afirmó que la resolución, “que favorece al funcionario policial”, estaba “encajonada en la jefatura”.
“Cuando fuimos notificados de hacer custodia de urnas, la circular llega a la hora después a todos los policías, con un correo mandado por Danubio Fabrica, tras un reclamo de un policía que no hacía custodia de urnas”, prosiguió. De acuerdo con Fabrica, “la narración no se ajusta a los hechos” y colocarlo como responsable es exponerlo “gratuitamente al escarnio público”.
Tras años de comenzado el sumario, la Asesoría Letrada de Interior sugirió en octubre pasado concluirlo y aplicar la sanción, “al mantener conductas incompatibles con la disciplina policial y el debido respeto jerárquico”.
“Corresponde mencionar que, si bien la facultad legítimamente reconocida a salvaguardar los derechos de sus agremiados trabajadores (...) además del libre ejercicio de manifestaciones que tengan por cometido su objeto sindical, se considera que la calificación adjetivando a los mandos colide rotundamente con la investidura policial que ostentan los efectivos”, dice el dictamen.
A los pocos días, el ministerio aplicó finalmente la sanción “por manifestaciones públicas consideradas agraviantes contra mandos institucionales”.
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