Interior cesó al presidente del sindicato de la Guardia Republicana por dichos sobre Negro y operativos

El Ministerio del Interior cesó al presidente de la Unión de Policías de la Guardia Republicana, Carlos Piedra. Lo hizo tras un sumario iniciado por haber realizado declaraciones críticas con las autoridades en distintos medios de comunicación.

Según la resolución de la cartera, a la que accedió El País, el procedimiento se inició en julio de 2025 “con suspensión preventiva en la función y retención de los medios sueldos”, y fue ampliado en setiembre de ese año con base en más declaraciones del efectivo.

“Habiéndose analizado el tenor de dichas declaraciones, se advirtió que algunas de ellas podrían encontrarse reñidas con la normativa”, dice el documento.

En ese sentido, se señalan “manifestaciones acerca del equipamiento de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, específicamente sobre los cascos de uso para mantenimiento del orden público, de procedimientos policiales y la desconfianza en los jerarcas policiales y ministeriales”.

“Las manifestaciones vertidas, en su gran mayoría, giran en torno a las condiciones laborales a las que están sujetos los funcionarios policiales, y en especial los funcionarios de la Guardia Republicana, así como el deterioro del equipamiento con el que se cuenta en el cumplimiento de su función, y a cuestiones que refieren al pago de determinados servicios que brinda esa unidad ejecutora, relacionados a los espectáculos públicos deportivos”, en alusión a operativos de partidos clásicos entre Nacional y Peñarol, describe la resolución.

Interior entendió que “ciertas expresiones” de Piedra “excedieron la potestad reivindicativa que posee como dirigente sindical, habiendo tenido falta de consideración o de respeto, tanto hacia las autoridades ministeriales como a otras autoridades de esta secretaría de Estado, realizando incluso manifestaciones hacia el señor ministro del Interior (Carlos Negro), considerando que este no tiene conocimientos en seguridad y haciendo alusión a que aún no se habría desprendido de su anterior cargo como fiscal”.

Asimismo, las autoridades señalan que sus dichos tuvieron “términos y tenor que no se adecúan al deber de deferencia y respeto que todo subalterno tiene para con su superior jerárquico”. Sostienen que hubo “declaraciones que contribuyen al descrédito de la institución policial, redundando en un menoscabo en la autoridad del Estado en materia de seguridad, siendo pasible de una falta disciplinaria de carácter muy grave”.

Si bien Interior respeta la “libertad sindical”, acota que su ejercicio “deberá tener en consideración la seguridad interna del Estado, el orden público y el prestigio de la fuerza pública y la de todos sus integrantes, como asimismo los preceptos prohibitivos establecidos en la Ley Orgánica Policial”.

“No se confunde la actividad sindical con la función policial, como sostiene el sumariado, dado que su rol de dirigente sindical no es inescindible de su condición de funcionario policial”, agrega.

Desde la cartera de Interior dijeron a El País que la Oficina Nacional del Servicio Civil, a través de una comisión independiente, acompañó la sugerencia de destitución, ya que contaba con seis procedimientos disciplinarios anteriores. Uno de ellos fue por abuso sexual, producto de una denuncia formulada por una menor, lo que fue introducido como elemento por la propia comisión.

Piedra, en diálogo con El País, aseguró que apelará la decisión y presentará acciones ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh); incluso, indicó que evalúa tomar alguna medida en el ámbito de la justicia penal.

El sindicalista ya había sido cesado en enero de 2020 por razones similares, y fue restituido en 2022, según la gestión de entonces —encabezada por Luis Alberto Heber—, por haberse entendido que el sumario tuvo irregularidades.

El gremio respondió este lunes en redes sociales a la decisión del ministerio: “El cabo Carlos Piedra acaba de pasar a la historia: cesado dos veces bajo gobiernos del mismo partido político. Una persecución que, a nuestro entender, no tiene precedentes en la función policial ni en el ámbito sindical. Pretenden sancionar una voz, pero no podrán silenciar un reclamo colectivo. Pretenden apartar a un dirigente, pero no van a borrar las razones por las que seguimos luchando”.

El gremio de la Guardia Republicana ha sido fuertemente crítico con la gestión de seguridad pública y ha pedido en más de una ocasión la renuncia del ministro Negro al frente del ministerio.

La última ocasión fue a mediados de setiembre, cuando varios sindicatos acompañaron a la Asociación para la Defensa de los Derechos de Usuarios Legítimos de Armas de Fuego (Addulaf) en una manifestación fuera del edificio ministerial.

El objetivo principal era pedir su renuncia, por una serie de críticas que van desde la gestión en seguridad, pasando por los operativos en partidos de fútbol, hasta la iniciativa del gobierno de incrementar la regulación sobre la venta y tenencia de armas de fuego y municiones.

El sindicato también cuestionó al gobierno cuando se dio la polémica en torno al anuncio de Negro de comenzar a patrullar algunos barrios de Montevideo con vehículos blindados del Ministerio de Defensa, lo que fue posteriormente aclarado por las autoridades y cuyo funcionamiento empezó sobre fines de julio.

Cuando se conoció que se había iniciado un sumario contra Piedra, la oposición salió al cruce de la cartera encabezada por Negro. Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional y exsubsecretario de Interior, convocó a las autoridades del ministerio al Parlamento.

“Sancionar al presidente de un sindicato por sus opiniones es persecución, en cualquier ámbito de la vida laboral. Se dispone un sumario y se sanciona anticipadamente al funcionario con suspensión y retención de los medios sueldos. Es, por lo menos, un desborde que violenta las libertades sindicales”, aseguró.