El Ministerio del Interior sumarió al presidente del Sindicato de la Guardia Republicana, Carlos Piedra, por sus dichos con respecto a operativos en partidos de fútbol. Fue sancionado de forma preventiva con la suspensión del cargo y la retención de la mitad del sueldo.
La Dirección de la Guardia Republicana comenzó actuaciones de oficio el pasado 28 de mayo, luego de que Piedra tuviera una aparición en programas de televisión manifestando falencias en el equipamiento —específicamente en los cascos—, procedimientos policiales y desconfianza en jerarcas, según un documento al que tuvo acceso El País.
"Las expresiones vertidas públicamente por el dirigente sindical podrían generar desacreditación de la gestión ministerial", según expresó la directora de esta dependencia, Angelina Ferreira, por lo que "entendió relevante establecer si tales dichos se encuadran en la libertad sindical", según el escrito. Finalmente, el Departamento Jurídico entendió que se había incurrido en "conductas inapropiadas".
En este marco se dispuso el sumario administrativo del funcionario, que emitió un video en respuesta.
"Quería grabar este video, no para victimizarme. Estoy emocionado por la cantidad de llamados de policías de todas partes del país. No me arrepiento de nada de lo que dije ni del trabajo que venimos realizando desde el sindicato", comenzó diciendo.
Además, dijo estar convencido de que "este es el camino". "Me tocó a mi pagar todo. Estoy bien, tranquilo y contenido por el equipo", agregó y finalizó asegurando que nadie lo "va a callar de ninguna forma". "Por dignidad y por respeto a ustedes", sostuvo.
Interior también tiene previsto tomarle declaraciones con el objetivo de dilucidar "el alcance de sus declaraciones". Entre otros reclamos, Piedra aseguró que la Guardia Republicana no tiene garantías.
"El ministro está mal asesorado, ya ha cometido varios errores. Se tiene que sacar el chip, ya no es fiscal", aseguró en el programa Polideportivo de Canal 12 y agregó: "Nosotros no confiamos en nuestros jerarcas, han amenazado policías, hemos denunciado y no pasa nada".
Luego de que el sindicato hiciera público este episodio, el Ministerio del Interior envió una respuesta. Fuentes de la cartera dijeron a El País que se trata de un "proceso de investigación reservado para proteger los derechos de los involucrados". El inicio de esta se dio tras entender que el funcionario podría haber violado la Ley Orgánica Policial y su decreto reglamentario.
Además, señalaron que "esta gestión mantiene ámbitos de diálogo permanente con todos los sindicatos y que "respeta y reivindica en su máxima amplitud el ejercicio de las libertades sindicales, siempre al amparo de la normativa específica que rige para la función policial".
Comunicado del sindicato
Como respuesta al sumario del presidente del sindicato, la Unión de Sindicatos Policiales (USIP) emitió un comunicado rechazando la medida. "Expresamos nuestra preocupación y rechazo ante cualquier medida que limite el ejercicio de la libertad sindical", comunicaron.
"Entendemos que sancionar o intentar disciplinar a un representante sindical por sus declaraciones públicas constituye un hecho grave", continúa el escrito. Subraya que "la vigencia de la libertad de expresión y sindical no puede depender del contenido de las opiniones ni de la afinidad con quienes las emiten".
"Defendemos principios, no alineamientos. La libertad sindical no puede ser condicionada. Su vigencia plena es una garantía para todos", finaliza el comunicado.