EXVICEPRESIDENTE

El expresidente de Ancap y exvicepresidente de la República Raúl Sendic compareció este jueves ante el juzgado ubicado en la calle Juan Carlos Gómez para brindar declaraciones por las supuestas irregularidades en la construcción de la regasificadora de Gas Sayago.

Al salir, dijo que fue consultado sobre "si había estudios de viabilidad del proyecto en Ancap previo a la instalación y si había una base que permitiera saber que el proyecto era viable". "Le dije que había dos: uno hecho por los técnicos de Ancap y otro hecho por la Dirección Nacional de Energía, que dan un valor al proyecto de 156 millones de dólares, tomando la tasa de 2003", explicó.

"Esos dos análisis están en un expediente de Ancap que no ha sido consultado y no ha sido traído todavía aquí, pero está a disponibilidad.
No fue un capricho de los directorios, fue un análisis concienzudo analizando las posibilidades del mercado de gas de Uruguay en aquel momento", agregó.

En rueda de prensa, Sendic dijo que "lo que falló fue que el subcontratista,  (la empresa brasileña) OAS, cae, entra en un proceso de quiebra a partir de la situación que se dio en Brasil con el Lava Jato".

"Gaz de France había contratado como subcontratista y eso hizo que Gaz de France desista del proyecto. En ese momento es cuando empieza a entrar en dificultades el proyecto. Hasta ese momento, hasta la caída de OAS, era absolutamente viable", sostuvo Sendic.

Además, señaló que si hoy Uruguay tuviera una planta regasificadora le estaría vendiendo gas a Argentina.

Por otra parte, el exjerarca dijo que se fue de Ancap cuando recién se había adjudicado a Gaz de France y que "todo lo demás ocurrió después", por lo que "no tuvo participación directa". De todos modos, acotó: "tengo responsabilidad".

De acuerdo a una auditoría encargada por UTE, el proyecto -impulsado durante la presidencia de José Mujica- dejó hasta el momento pérdidas al erario público por US$ 213 millones.

Sendic, expresidente de Ancap entre 2010 y 2013 y vicepresidente de la compañía pública entre 2005 y 2008, declaró este jueves en calidad de indagado tras varias postergaciones.

La nueva administración deAncap y UTE han presentado denuncia ante la Justicia, basándose en los resultados de la auditoria encargada a la consultora Pricewaterhouse-Coopers (PwC), así como un fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que concluyó que los directorios frenteamplistas de estas dos empresas públicas - accionistas del emprendimiento - transgredieron “normas y principios éticos tanto de raigambre constitucional, como legal y reglamentario”.