AUDITORÍA POR LA REGASIFICADORA

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) volvió a emitir un dictamen crítico y categórico contra otra inversión realizada durante un gobierno del Frente Amplio. La denominada junta anticorrupción analizó la auditoría que UTE encargó meses atrás a la firma PricewaterhouseCoopers sobre el frustrado emprendimiento millonario de la regasificadora Gas Sayago, que actualmente se encuentra en proceso de liquidación.

Valiéndose también de documentación proporcionada por Ancap, la Jutep concluyó que los directorios frenteamplistas de estas dos empresas públicas -accionistas del emprendimiento- transgredieron “normas y principios éticos tanto de raigambre constitucional, como legal y reglamentario”.

Las autoridades de la época (2010-2015), sostiene el fallo al que accedió El País, llevaron adelante esta obra sin “estudios integrales de prefactibilidad y factibilidad que permitieran una adecuada toma de decisiones” -entre otras falencias-. Y además, se remarcó, no se reconsideró “la viabilidad” de la inversión cuando Argentina se retiró del negocio -al perder así al “socio estratégico”-, ni se atendieron “previsiones realizadas por los propios organismos de cuantiosas pérdidas o desvíos, como por ejemplo las diferencias entre lo estimado en inversiones y lo contratado”.

Por lo que para la junta anticorrupción “no puede sino concluirse que la buena administración, tanto en la gestión financiera como en el uso de los procedimientos idóneos para alcanzar los fines, estuvieron ausentes en este proyecto”.

El fallo está firmado por la presidenta del organismo, Susana Signorino, y el vicepresidente Guillermo Ortiz. No hay firma del vocal, porque el Frente Amplio no ha resuelto todavía quién será la persona que ocupará ese cargo tras la renuncia a fines de setiembre del comunista Jorge Castro.

El dictamen será analizado hoy por el directorio de UTE, y luego será elevado a la Justicia de Crimen Organizado, que investiga las implicancias penales de los jerarcas involucrados en el emprendimiento, según señalaron a El País fuentes del gobierno.

Al comienzo de la resolución -que tiene unas 34 páginas- se consigna que la gran apuesta del expresidente José Mujica implicó una pérdida de US$ 213.000.000, “déficit que debió ser financiado por los socios accionistas (UTE y Ancap) en la suma de US$ 113.000.000”, aunque el costo en realidad será mayor. Quitar los pilotes en el Río de la Plata costará US$ 8 millones, además de los US$ 3 millones que gasta Gas Sayago por año mientras dura la liquidación y el eventual pago de “procesos judiciales y arbitrales, en los que ha sido demandada (la firma) por la suma de US$ 37.521.559”.

Pero luego la resolución se explaya en una serie de ítems que en resumen denuncian varios de los hallazgos de la auditoría, como la falta de diversos estudios de análisis de impacto y los riesgos de la inversión, imprescindibles para “llevar adelante un proyecto de tamaña importancia y tamaña envergadura, como es introducir gas natural en la matriz energética del país”.

O sea, de acuerdo a la Jutep, tanto los entonces jerarcas de UTE como los de Ancap avalaron que este proyecto se hiciera “en base a estudios previos insuficientes, alejados de las mejores prácticas internacionales y locales en la materia”. Esto tuvo entre otras consecuencias que la “hipótesis de la venta de gas natural a Argentina” -que finalmente se retiró del negocio en 2012-, como el elemento que haría sustentable la inversión, no tuviera “evidencia documental”.

Por lo cual, para el organismo presidido por Signorino también se transgredieron los principios de “buena administración financiera”; el que establece la obligación para todos los funcionarios públicos de “utilizar los medios idóneos para el logro del fin de interés público a su cargo”; y los que ordenan actuar con “eficiencia y eficacia en el manejo de los dineros públicos”, todos definidos en el decreto 30 de 2003 y en la Ley del Código de Ética de 2019.

También se consignó que los gastos en “múltiples viajes y traslados dentro del país como al exterior -Europa, Asia, Sudamérica-, que fueron “financiados a través de fondos cuyo origen es estatal” y sin que se encontraran rendiciones de cuenta, implicaron también la violación del principio de transparencia.

Sobre el final, la resolución concluye que de “haberse obrado con estricto apego a la protección del interés público en juego” se habrían atenuado los resultados negativos que tuvo el emprendimiento y que, “conforme a la normativa vigente”, las irregularidades encontradas “pueden constituir falta administrativa” con la debida sanción, además de las eventuales responsabilidades que se están dirimiendo en la órbita penal.