EL CASO DE LA REGASIFICADORA

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El exdirector nacional de Energía, Ramón Méndez, afirmó ayer en la Justicia Especializada en Crimen Organizado que el proyecto de la regasificadora no se concretó debido a que el consorcio OAS, subcontratado por GNLS (grupo integrado por Gaz de France y Marubeni), abandonó la obra.

El consorcio OAS, un conglomerado empresarial brasileño, fue vinculado al mayor escándalo de corrupción conocido como “Lava Jato” en 2014. Durante las investigaciones judiciales realizadas en Brasil, un delator señaló que los gobiernos brasileño y uruguayo de la época intercedieron para que Gas Sayago contratara a OAS pese a que este consorcio carecía de experiencia en obras de infraestructura en el país. La Justicia uruguaya investiga ahora si existieron o no presiones del gobierno de entonces para contratar a OAS.

Méndez declaró ayer ante la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, y el fiscal Luis Pacheco, en el marco de una denuncia realizada en 2013 por el abogado Gustavo Salle (hoy jubilado) sobre eventuales irregularidades en la construcción de la regasificadora de Puntas de Sayago. Al expediente se le agregaron los resultados de una comisión preinvestigadora de Diputados y las recientes denuncias de UTE y Ancap.

En la audiencia de ayer, el asesor legal de UTE, Jorge Barrera, preguntó a Méndez:

-¿A qué atribuye el fracaso de la regasificadora?

-El proyecto no llegó a su fin debido a que la empresa privada (OAS) subcontratada por la empresa privada (GNLS), que fue contratada por Gas Sayago, abandonó la obra. Y esto obligó a que la empresa GNLS también tuviera que abandonar la obra. Quiero agregar algo interesante porque es un tema que se informa incorrectamente: los famosos pilotes no es dinero uruguayo enterrado, sino que es parte de la inversión de GNLS y que el Estado uruguayo habría tenido que pagar en caso de que la regasificadora se hubiera terminado de construir. Esos pilotes se hicieron con el dinero de los accionistas de GNLS y fueron parte de las pérdidas que tuvo que asumir la empresa.

El 3 de junio de este año, la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) entregó al directorio de UTE un informe de una auditoría realizada a Gas Sayago. El informe sostiene que sacar los pilotes costaría US$ 8 millones.

En otro tramo del interrogatorio, el fiscal Pacheco insistió en el caso OAS. La misma estrategia aplicó Pacheco cuando declaró el expresidente de UTE, Gonzalo Casaravilla.

-Si le consta que existieron influencias o intermediaciones de parte de funcionarios de Brasil ante funcionarios gubernamentales de nuestro país.

-No me consta que haya habido ningún tipo de intermediación. Y vuelvo a señalar que la más importante de las dos contrataciones, que era construir la obra principal, fue la decisión de la empresa GNLS sin la intervención de ningún funcionario del Estado uruguayo- declaró Méndez-.

Los abogados de Ancap, Beatriz Scapusio y Gustavo Bordes, insistieron sobre las demandas millonarias que enfrenta Gas Sayago pese a que está en proceso de liquidación. Scapusio preguntó:

-Usted tenía conocimiento de que OAS actualmente demandó en US$ 30 millones a Gas Sayago, UTE y Ancap, por un incumplimiento que el consorcio brasileño generó al retirarse?

-Cuando se corta un contrato, muchas veces termina en demandas cruzadas, porque cada parte trata de disminuir sus pérdidas. No me resulta para nada sorprendente que, en este caso, una empresa como OAS, que tuvo un golpe por las actitudes que tomaron algunos directores, busque tratar de recuperar parte del dinero que perdió e intente realizar un juicio. No me sorprende. Pero habrá que esperar por el resultado del mismo.

Ayer también declaró, aunque como indagado, el exvicepresidente de UTE César Briozzo. Hoy también testificará como imputada la exgerenta general de Gas Sayago, Marta Jara. En tanto, Raúl Sendic, expresidente de Ancap, postergó su comparecencia.