Son ocho testimonios que impactaron en lo más profundo de la sociedad uruguaya, la clase política y el Partido Nacional. Son ocho declaraciones de víctimas de abuso sexual que señalaron al senador blanco Gustavo Penadés como el perpetrador de una serie de delitos que fue cometiendo a lo largo de los años y con un determinado “modus operandi”. Y los detalles de esta explotación de menores -a quienes el político contactaba en lugares públicos y por chat- se conocieron este martes, cuando el Senado, previo análisis de parte de la carpeta fiscal, aprobó su desafuero.

El 28 de marzo, a la tarde, estalló la bomba. La militante nacionalista Romina Celeste Papasso denunció en el programa Hacemos lo que Podemos que Penadés había abusado de ella cuando era un adolescente y aún no había hecho su transición de género. Esta fue la primera víctima del caso en presentarse como tal. Papasso dijo que aquel encuentro -cerca de 15 años atrás- se dio en Parque Batlle. Dijo que la llevó a un hotel, que le “marcó la vida” y que así la inició en una vida de explotación sexual. Pero horas después, en Twitter, señaló -y mostró con fotos- que había más casos como el de ella, y recientes.

Los testimonios con que cuenta la fiscal del caso, Alicia Ghione, hacen referencia a los puntos de encuentro con el senador -se mencionan el Parque Batlle y el propio Palacio Legislativo, entre otros-, la forma en la que el adulto se acercaba a sus víctimas y que, en ocasiones, el legislador empleaba la “violencia” física para someterlas.

Hay una declaración que, incluso, da a entender que el denunciado era consciente de la ilegalidad. “Yo le dije de arranque que era menor de edad y recuerdo que me dijo un chiste medio turbio… ‘si hay pelitos no hay delitos’...”, señaló el denunciante.

Penadés dio dos declaraciones públicas. La primera, el 29 de marzo, antes de que la Fiscalía iniciara su investigación, y cuando la única acusación era la que hizo Papasso. Allí defendió a ultranza su inocencia. “Niego rotundamente las conductas delictivas de las que se me acusa y las declaraciones que solo quieren someterme al escarnio público”, declaró. Y agregó que llegaría “hasta las últimas consecuencias”, denunciando por difamación a Papasso.

La segunda, la hizo tras su primer interrogatorio fiscal: “No me arrepiento de nada porque no cometí ningún delito”.

La identidad de las víctimas se encuentra bajo reserva por temor a que sufran amenazas, señaló la fiscal en su pedido de desafuero.

“Esta Fiscalía ha reunido información de otras posibles víctimas que presuntamente han recibido amenazas por la causa de explotación sexual”, escribió la investigadora, que recordó que el pasado 17 de abril “murió por homicidio un adolescente cuyos amigos afirman (que) tenía relación y mucha información sobre Penadés”. Y esto, lamentó, “hizo que algunos de ellos no quieran participar de la presente investigación”.

Penadés, de acuerdo a la investigación de Ghione, no actuaba solo. Contaba, en principio, con la ayuda de un docente del Liceo Militar -que fue cesado esta semana por el ministro Javier García-, que “reclutaba” menores para el senador, de acuerdo a la teoría del caso de la fiscal. Pero Ghione tiene otra sospecha: que este segundo hombre “no solo recibiría dinero del senador, sino de otros hombres para los que realiza el mismo trabajo de ‘reclutador en la explotación sexual de menores de edad’”. Por esta razón -porque puede haber una red de trata- es que evalúa trasladar esta investigación a un juzgado de Crimen Organizado.

El Partido Nacional trató este caso en la reunión de su Directorio de este lunes. La definición -que generó polémica interna pues no estuvieron de acuerdo la vicepresidenta Beatriz Argimón y los dirigentes de Por la Patria- fue esperar a que el Senado votara el desafuero (que se concretó el miércoles) antes de derivar el caso a su Comisión de Ética. Penadés, no obstante, se adelantó a toda consecuencia orgánica dentro de su fuerza política pues presentó este miércoles su renuncia como afiliado de esta colectividad, pero también a “todas las responsabilidades partidarias” por las que fue electo o designado.

Penadés le transmitió al presidente Luis Lacalle Pou, al ministro del Interior -y líder del Herrerismo, su sector- Luis Alberto Heber, así como a varios dirigentes cercanos que era inocente. Lo hizo convencido, sosteniendo la mirada y, en algún caso, “con lágrimas en los ojos”, narraron a El País fuentes políticas. Pero, conforme fueron conociéndose las distintas denuncias, ese convencimiento de Penadés dejó de ser creíble para muchos en su entorno. “No lo conocíamos, no es la misma persona que estábamos hablando, nos cuesta creer que sea verdad”, dijo ayer Heber en Canal 10.

Desde el principio el senador subrayó su disposición a colaborar con la investigación, razón por la cual comunicó -dos veces- a la Cámara de Senadores que no se opondría al levantamiento de sus fueros. En la segunda misiva, del 31 de mayo pasado, de hecho, pidió que su desafuero se aprobara “en forma inmediata en el plenario, sin pasar por Comisión de Constitución y Legislación del Senado”, lo que a la postre no ocurrió porque tuvo un pasaje previo por ese último ámbito. Por lo demás, Penadés ha insistido con su visión de que este es un problema personal que no afecta a su gobierno ni su partido.

El desafuero se votó por unanimidad. Y el Frente Amplio, aunque evitó una confrontación dura, de todas formas marcó distancia con el oficialismo y criticó los mensajes de apoyo que dieron en un primer momento Lacalle Pou y Heber. El senador José Carlos Mahía, por ejemplo, acusó al ministro del Interior de “priorizar su vínculo personal” y obviar que entre sus tareas está la “protección de las víctimas”. Otros senadores, como Alejandro Sánchez, cuestionaron que desde filas nacionalistas se haya hablado de la posibilidad de sellar “un pacto de caballeros” y votar el desafuero en forma ágil.

Con el principal involucrado liberado de la protección constitucional de la que gozaba hasta este miércoles, la fiscalía ahora se apresta a continuar la investigación sin otra particularidad que la complejidad de una indagatoria que tendrá varias víctimas. Pues a las ocho que ya declararon hay al menos otras cuatro que ya fueron identificadas. Pero en la agenda de la fiscal ya está fijado para la semana próxima el inicio de las declaraciones anticipadas de las ocho primeras víctimas, de modo de ya contar con su testimonio formal que serán luego incluidos en el juicio oral.