Jueza resolverá hoy si Besozzi puede entrar a la intendencia; tribunal sostuvo medidas menos restrictivas

Al momento, el intendente electo cuenta con una medida cautelar que le impide acercarse a dependencias municipales, pero el 11 de julio asumirá como jefe departamental.

Besozzi.
Chacra. Besozzi pasó su arresto domiciliario total en su casa, en las afueras de la ciudad de Mercedes.
Foto: Ignacio Sánchez/El País.

La jueza Ximena Menchaca definirá este viernes si Guillermo Besozzi, proclamado intendente de Soriano, podrá ejercer normalmente su cargo una vez que asuma. Esto es así debido a que hasta el momento pesa sobre él la prohibición de acercarse y comunicarse con la Intendencia de Soriano y sus reparticiones.

La semana pasada, el Tribunal de Apelaciones había dejado firme la resolución de Menchaca respecto a que no era necesario que el intendente electo siguiera cumpliendo con la medida de arresto domiciliario total, como tenía inicialmente. Los ministros del tribunal, consta en la sentencia a la que accedió El País, argumentaron que aunque los riesgos para la investigación siguen vigentes, estos pueden mitigarse con las medidas de restricción que le impuso la jueza, entre las que están no salir del país ni acercarse a la intendencia.

En ese sentido, advirtieron que la fiscal ya tuvo “un lapso más que suficiente” con el imputado en arresto domiciliario total (un mes y medio) para “asegurar las evidencias más importantes según su consideración”.

Como la jueza Menchaca aún no recibió formalmente la sentencia del tribunal, se excusó de resolver este jueves -como estaba previsto- si levantaba la prohibición que tiene Besozzi de acercarse a dependencias municipales. Sin embargo, los abogados del intendente -Pablo Vera y Nelson Rosa- y la fiscal Charline Ferreyra ya le brindaron sus argumentos.

Según reconstruyó El País, la fiscal insistió en que Besozzi podría entorpecer la investigación si ingresa a sede de la Intendencia y que incluso podría llegar a cometer nuevos delitos. Además, pidió consultar a la Corte Electoral para que emitan opinión sobre si está en condiciones de asumir, estando en la posición jurídica en la que está.

Rosa y Vera, por su parte, valoraron que no dejarlo ingresar a sedes municipales sería ir contra la voluntad popular, dado que fue electo intendente por la soberanía. Además, denunciaron que hubo “inacción” de la Fiscalía, que no fue “célere”.

Presentaron un pedido de acceso a la información pública a la Intendencia para saber qué información tenían pendiente de enviarle a la Fiscalía, que en tal caso sería la que Besozzi podría “entorpecer”. Según indicaron ellos en audiencia, en un informe fechado el 2 de junio por encargados del Departamento de Jurídica, les comunicaron que no había nada pendiente para enviar. A la salida de la audiencia de este jueves, Besozzi habló con los medios presentes y dijo que siente que la Fiscalía lo “quiere proscribir a toda costa”.

Aseguró que el 11 de julio va a asumir y a ejercer, pero desde “dónde” lo sabrá este viernes.

Semanas atrás, Besozzi había dicho a Eco Digital que si la Justicia no eliminaba su prohibición de ingresar a la intendencia, gobernaría en un “gazebo en la plaza”.

El tribunal

La decisión de los jueces Luis Charles, Gabriela Merialdo y Adriana de los Santos de confirmar el fallo que sacó a Besozzi del arresto domiciliario total se tomó por unanimidad.

Los ministros explicaron que “resulta indudable que en el caso el peligro de entorpecimiento de la investigación continúa vigente, dadas las múltiples diligencias pendientes y especialmente la necesidad de producir la prueba en el juicio oral”. “Los imputados podrían abordar testigos, en la mayoría de los casos conocidos, integrantes de la comunidad donde residen, con la finalidad espuria de torcer sus manifestaciones para colocarse en una posición favorable. También podrían intentar frustrar otras evidencias respecto a lo cual disponen de un abanico de posibilidades”, comenzaron por fundamentar.

Sin embargo, dijeron, la pregunta es cómo mitigar el riesgo teniendo en cuenta que debe haber también un equilibrio con los derechos y garantías. En este caso, valoraron que el transcurso del tiempo no hizo desaparecer el riesgo, “pero también que la titular de la acción penal ha dispuesto de un lapso más que suficiente para asegurar las evidencias más importantes”.

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