El Partido Nacional insiste con que, dado que al intendente electo Guillermo Besozzi de Soriano le recae la medida cautelar de no poder ingresar a la intendencia o sus dependencias, se va a encontrar en una disyuntiva entre cumplir con el mandato judicial (al no ir a la comuna) pero desobedecer lo que determinó la Corte Electoral, o, el escenario contrario.

Al mediodía del lunes, tres senadores blancos —Javier García, Álvaro Delgado y Carlos Camy— presentaron ante la Suprema Corte de Justicia un documento donde se plantea la preocupación por esta situación que enfrentan. Lo mismo hizo la presidenta del directorio, Macarena Rubio, en la Corte Electoral.

García indicó a El País que la “decisión del pueblo de Soriano y la proclamación de la Corte Electoral no se puede cumplir” porque no se levantó la medida cautelar. Y añadió: “No es tema de Besozzi sino que de la Justicia”.

A Besozzi se lo imputó por siete delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar delitos, cohecho simple, coautoría de un delito de cohecho calificado y reiterados delitos de abuso de funciones.

El documento del Partido Nacional dice que Besozzi está en una situación “irregular” que “podría afectar el sistema político electoral” de Uruguay.

Los nacionalistas sostienen que Besozzi fue “abruptamente detenido por personal policial a raíz de una orden de detención” de Fiscalía, y que días después se dispuso como medida cautelar el arresto domiciliario. Al mes siguiente, se recuerda, se decide que este sea solo nocturno y dispuso la prohibición de “acercamiento y comunicación con la intendencia y sus dependencias”.

Después de ya electo, su defensa solicitó que deje sin efecto la prohibición de acercarse a la intendencia, para que pueda ejercer desde allí su cargo de jefe comunal. Pero —continúan los nacionalistas— el trámite procesal que le dio la jueza de garantías a la solicitud "ha impedido que hasta la fecha se haya obtenido una resolución”.

En ese sentido, afirmaron que, si bien siempre para discutir este tipo de solicitudes la jueza convocó a audiencia para dirimirlo, en esta oportunidad tomó otra decisión. Hizo que este pedido se tramitara por escrito, por eso le dio "vista" a la Fiscalía para que opine del escrito presentado por la defensa de Besozzi. Pero el Ministerio Público, aseguraron los blancos, contestó fuera de fecha y ante eso, en lugar de interpretarlo como una no oposición al pedido como debió haber ocurrido, la jueza cambió su decisión original y convocó a audiencia para discutirlo.

Los blancos dicen que la “dilatación para resolver sobre la medida cuyo cese se solicita, impidiendo el libre ejercicio de un cargo ya electo por una mayoría abrumadora, en las condiciones analizadas, es una clara intervención ilegítima e infundada que afecta el sistema electoral-político de la República, afectando directamente la voluntad popular”.

El jueves habrá una audiencia judicial en la que la defensa de Besozzi solicitará que lo dejen ingresan a la intendencia.