Por Eduardo Barreneche y Rosina De Armas

Alas 12:00 horas de ayer, el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, ingresó a la sede de la Fiscalía acompañado por tres abogados. Poco después, aconsejado por sus asesores legales, Leal se negó a declarar ante la fiscal Gabriela Fossati, que investiga el caso Astesiano.

En una corta reunión, Fossati mencionó a Leal que estaba siendo indagado por un supuesto delito de encubrimiento. “La explicación de la Fiscalía (Fossati) no es clara. No nos explicó ningún hecho con apariencia delictiva. Invocar un delito en el aire no es establecer cuál es el hecho que está investigando. Por lo tanto, nosotros estamos solicitando el cierre de la investigación y el archivo de la causa”, dijo el abogado Diego Camaño en rueda de prensa.

En la instancia con Leal, Fossati dijo que iba a continuar con la investigación. Luego comenzó a interrogar al exjerarca del Ministerio del Interior.

En ese momento Camaño aconsejó a Leal que no declarara por entender que cualquier imputado tiene derecho a conocer cuáles son los cargos que se le formulan.

“De acuerdo a la ley entendemos que él (Leal) no tiene garantías”, explicó el abogado ante los medios. Y agregó que evalúa recusar a la fiscal.

Según supo El País, Leal tendría información sobre un supuesto ilícito y viajó hasta la casa de Raúl Astesiano, padre del excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, ubicada en la Barra do Chuí (Brasil), para confirmarlo. La fiscal Fossati entendió que, con su accionar, Leal cometió un delito de encubrimiento.

El Código Penal señala que incurre en encubrimiento la persona que, después de haberse cometido un ilícito, estorba las investigaciones o elimine pruebas.

La pena que enfrenta un acusado de encubrimiento va de tres meses de prisión a 10 años de penitenciaría.

Otro aspecto en discusión es que el eventual delito cometido por Leal habría sucedido en la casa de los padres de Astesiano en Barra do Chuí, territorio brasileño.

En ese caso se aplica el artículo 10 del Código Penal. Esta norma dice que los delitos cometidos por un uruguayo y que son castigados tanto por la ley brasileña como por la uruguaya, al autor de los ilícitos se le aplica la ley de este país si éste no es requerido por la justicia brasileña.

Para complejizar aún más el panorama político y judicial, Fossati presentó ayer cinco denuncias ante el fiscal de Corte, Juan Gómez, por supuestos casos de difamación e injurias. Entre los denunciados se encuentra el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, el director de la revista Caras y Caretas, Alberto Grille y tres usuarios de redes sociales.

Con respecto de Pereira, Fossati entendió que este la difamó cuando sostuvo: “Se cruzaron límites inadmisibles” y la fiscal “no actuó de acuerdo a derecho” cuando imputó a Leal.

Grille, en una de sus columnas, tildó de “cobarde” a Fossati y señaló que la fiscal “no es un buen ejemplo de ciudadanía, al menos para mí”.

Los tres usuarios de las redes sociales afirmaron que Fossati tendría vinculación con el Partido Nacional y cuestionaron su accionar como fiscal.

Por la fecha del primer supuesto ilícito, la denuncia de Fossati recaería en su propia fiscalía, lo cual la obligaría a abstenerse. Ante la “inconveniencia” de la situación, el fiscal de Corte emitió una resolución que establece “que cuando un hecho de apariencia delictiva tenga como denunciante, víctima o indagado a un fiscal, el mismo debe ser asignado a otro equipo fiscal”, dice un comunicado del organismo.

Tras la denuncia de Fossati, el presidente del Frente Amplio se reunió con el Secretariado Ejecutivo de esa fuerza política. “Al FA no lo hace callar una denuncia de ninguna fiscal”, advirtió Pereira. Y agregó: “No la quise ofender, ni objetivamente ni subjetivamente”.

Según supo El País, los delegados de la fuerza política respaldaron a Pereira por unanimidad en el Secretariado Ejecutivo. Y volvieron a apuntar contra el gobierno, exigiendo responsabilidad política por el caso Astesiano. Esta visión quedó plasmada en una declaración de ocho puntos que el organismo partidario divulgó de tarde.

Con la indagatoria de Leal sobre la mesa, sumada a la denuncia de Fossati contra Pereira, el Frente Amplio está decidido a que el foco mediático no esté puesto sobre la oposición.

El presidente frenteamplista y sus correligionarios lo dejaron claro ayer. “Lo importante es que procesaron al jefe de seguridad del presidente de la República por cuatro delitos de corrupción y todavía no hay responsables políticos en el gobierno”, advirtió Pereira.

Enrique Rubio, senador de la Vertiente Artiguista, enumeró a El País una serie de hechos que considera “altamente preocupantes”, incluida la denuncia de Fossati. “Este no es un problema para considerar a la ligera. Tiene ribetes institucionales, en la medida que aparentemente -con intención o sin ella- se restringe o coarta la manifestación del ámbito político”, valoró. En sintonía con sus compañeros de partido, el legislador pidió que el gobierno asuma su cuota de responsabilidad. “Globalmente hay una ofensiva de la coalición por desplazar el centro de atención de un episodio de corrupción extendida”, dijo.