Sandra Fleitas, fiscal de Delitos Económicos, solicitará la imputación por estafa de Pedro y Carlos Pérez, titulares de la corredora de bolsa Pérez Marexiano, según informó El Observador y confirmó a El País la fiscal del caso.
A finales de octubre de 2025 el directorio del Banco Central (BCU), había resuelto "intervenir preventivamente la Compañía de Valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa S.A", una corredora de bolsa con vínculos históricos en la creación de la Bolsa de Valores de Montevideo tras detectar "graves incumplimientos".
La intervención del Banco Central fue "con suspensión de las actividades y sustitución total de sus autoridades estatutarias, así como a Carlos Pérez y Pedro Pérez (los dos accionistas de la firma) de sus atribuciones de personal superior", según señaló la resolución en ese momento.
En 2025, el BCU designó como interventora de la corredora de bolsa a la contadora Ana Chaves, la misma que fue interventora en GBU. Además, decidió "dar cuenta al Ministerio Público de los hechos constatados ante la eventual consumación de conductas tipificadas como delito".
La resolución del directorio del BCU da cuenta de "posibles actos delictivos" de un exempleado de Pérez Marexiano y que entre otros "graves incumplimientos" de la corredora esta el "haber ocultado información relevante" sobre esa persona al BCU.
Los detalles del caso
El caso se remonta a abril de 2025 cuando los accionistas de la corredora de bolsa, denunciaron ante la Justicia por estafa y apropiación indebida a Luis Ignacio González Palombo, un exempleado de la firma al que acusaron de captar inversores haciéndose pasar por empleado de la empresa, según había consignado el diario El Observador en su momento.
Si bien el abogado de Pérez Marexiano, Jorge Barrera fue quien presentó la denuncia contra González Palombo, posteriormente el abogado de un grupo de damnificados por el exempleado, Ignacio Durán, la amplió e incluyó a los directores de la sociedad de bolsa alegando que estaban al tanto de las maniobras ya que atendía a sus clientes desde las oficinas de la empresa, había señalado también El Observador.
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