Por Eduardo Barreneche
El exdirector de Convivencia y Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, llegó ayer sonriente y distendido al juzgado penal de la calle Juan Carlos Gómez (Ciudad Vieja). Lo escoltaban sus abogados Diego Camaño, Rodrigo Martínez y Carlos Rodríguez.
Poco después arribó el fiscal subrogante, Fernando Romano. Lo acompañaban dos funcionarios que trabajan con la fiscal Gabriel Fossati, -con licencia médica durante dos semanas-. Se trataban de la fiscal adjunta Gloria Nicolini y el coordinador Pablo Bardino.
La audiencia del juez Gonzalo Arzuaga duró apenas 20 minutos. Los abogados de Leal plantearon al magistrado que no sabían las razones que llevaron a Fossati a imputar al sociólogo frenteamplista de incurrir en un supuesto encubrimiento. “Por eso pedimos informes en cuatro ocasiones”, dijo Camaño al juez Arzuaga.
Esta es la primera audiencia judicial para solicitar informes sobre la imputación a una persona desde que se implementó el nuevo Código de Proceso Penal (CPP) el 1º de noviembre de 2017.
Asuntos internos indagó a los Astesiano
Asuntos Internos fue la dependencia del Ministerio del Interior que le tomó declaraciones al padre del excustodio Alejandro Astesiano, Raúl Astesiano, y a sus dos hermanos, Raúl Carlos y Fabricio.
La fiscal de Flagrancia de 12° Turno, Gabriela Fossati, los convocó como testigos luego de que, desde la cárcel de Punta de Rieles, el ahora condenado denunciara ante las autoridades penitenciarias que Leal había visitado a sus padres en Barra do Chui, Brasil, y les había ofrecido dinero para traslados.
Decisión fiscal
El 16 de febrero pasado, Leal fue citado a declarar por la fiscal Fossati sobre la visita que realizó a la familia del excustodio presidencial Alejandro Astesiano en la Barra do Chui (Brasil) para, eventualmente, ofrecerle dinero y ayuda.
En aquel entonces el exjerarca del Ministerio del Interior al arribar a la sede de la Fiscalía anunció que, luego de su declaración, daría una rueda de prensa. Sin embargo, Leal comenzó a declarar y al rato Fossati detuvo el interrogatorio. Le trasmitió que había pasado de testigo a indagado. Un testigo de un caso no puede mentir, mientras que el indagado tiene el derecho a falsear o abstenerse a declarar.
Tras despedirse de la fiscal Fossati, Leal no salió por la puerta principal de la sede de la Fiscalía, sino que utilizó una puerta lateral por donde ingresan las personas que van a hacer alguna denuncia o declaran como testigo sobre un caso. Leal esquivó a los medios de prensa que se agolpaban en la puerta principal de Fiscalía.
En la audiencia de ayer, Camaño preguntó al fiscal Romano si encontró en la carpeta investigativa la fundamentación de Fossati para investigar a Leal.
Romano, que suplanta a la fiscal, respondió que, por el momento no había encontrado elementos que indicaran algún indicio de delito, y pidió algunas semanas para continuar analizando la carpeta investigativa del caso Astesiano que hoy supera las 400.000 páginas informatizadas, según dijo una fuente del caso a El País.
Los abogados de Leal plantearon que la Fiscalía debía ser más rápida, porque cada día que pasaba se seguía violentando la garantía de una persona investigada.
La visión de los abogados defensores de Leal en la audiencia fue que, en caso de no existir eventuales hechos delictivos en la carpeta investigativa, la Fiscalía tendrá que archivar la causa. Y agregaron ante el juez Arzuaga que dentro de poco más de una semana se cumplirá un mes que el exjerarca del Ministerio del Interior está imputado sin saber las razones.
Finalmente, en la audiencia se acordó que el fiscal Romano tiene plazo hasta el próximo jueves para informar si Leal continuará imputado o no.
Fossati estará de licencia médica mientras se desarrolle esa audiencia.
Inconveniente
La detención de Astesiano y la divulgación de sus chats dejó en jaque el gobierno durante varias semanas. Después de la pandemia, esas debieron ser las horas más oscuras que enfrentó el presidente Luis Lacalle Pou, quien fue testigo directo de la detención de su hombre de confianza en materia de seguridad por parte de dos oficiales de Inteligencia.
No obstante, la imputación a Leal le dio “aire” al gobierno. Desde la izquierda se dijo que Leal había caído en una trampa y se mencionó que el caso Astesiano tenía visos de corrupción en el gobierno pero que era el Frente Amplio el partido que tenía el primer imputado.
El pasado jueves Fernando Pereira dijo en Radio Universal que para la coalición de izquierda “fue un error” que Leal visitara a los padres de Astesiano a la Barra do Chui. “Para el Frente Amplio fue inoportuna (esa reunión). Para mí no fue inoportuna. Pero soy parte de un colectivo. El Frente cree que el error de la fiscal (Fossati) es incalificable”, agregó el presidente de la coalición de izquierda.
El 13 de febrero de este año, Pereira también le dio el apoyo al exdirector de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior. “Tengo tranquilidad de saber cómo trabaja Leal, y también de la certeza de que sus explicaciones darán luz sobre esta situación”, para que la Justicia pueda actuar en libertad y sin presiones”, dijo. Tres días más tarde, Pereira insistió en su respaldo a Leal y optó por cargar las responsabilidades en el gobierno. “Se están pasando límites que no creíamos que se irían a pasar”, afirmó al cuestionar el cúmulo de señalamientos que partieron desde el oficialismo.
El 18 de febrero pasado, Pereira, convocó a una reunión de la que participaron los referentes de los sectores que integran el Secretariado Ejecutivo. Allí los delegados subrayaron que la visita de Leal al padre de Astesiano, había sido a título personal y no en nombre de la fuerza opositora.
Una crítica más profunda la realizó el líder de Asamblea Uruguay, Danilo Astori. Expresó que Leal cometió “un error muy grande” al visitar a la familia Astesiano. Y concluyó: “Contribuyó a confundir las cosas” y perjudicó “el análisis de este tema y sus consecuencias”.
Gestor ruso declara ante el juez en la próxima semana
El gestor ruso Alexey Slivaev declarará el próximo lunes ante la Justicia sobre los pasaportes uruguayos apócrifos otorgados a personas de su nacionalidad y a ucranianos. Slivaev es investigado por la fiscal Gabriela Fossati por falsificación de documentos y asociación para delinquir.
De los celulares incautados al escribano Álvaro Fernández -también imputado en el llamado caso Astesiano- y a Slivaev surge que ambos se comunicaban a través de la red social Signal para coordinar las entregas de partidas adulteradas a ciudadanos rusos con el objetivo de que estos tramitaran la ciudadanía uruguaya, según consta en un documento policial al que tuvo acceso El País.
A esas partidas se le agregaba un padre o abuelo natural uruguayo, lo cual permitía que ese ciudadano ruso pudiera obtener la nacionalidad uruguaya bajo el amparo de dos leyes (16.021 y 8.196). Dichas normas sostienen que los hijos y nietos de uruguayos pueden tramitar la ciudadanía uruguaya.
El 23 y el 24 de marzo de este año, el escribano Fernández recibió del gestor ruso un documento de identidad perteneciente a un ciudadano caucásico para que el notario preparara la partida de nacimiento rusa que a posteriori se iba a presentar en Identificación Civil. Poco después, el gestor ruso también le envió al escribano un documento de una niña rusa, cuyo padre también pretendía que ella obtuviera la nacionalidad uruguaya. Al rato, Alexey Slivaev también mandó al profesional una foto de una mujer, supuesta madre de la niña.
Según oficios de la fiscal Gabriela Fossati enviados a varias reparticiones estatales, la Fiscalía investiga la confección de pasaportes falsos supuestamente realizados desde 2013.