El Poder Ejecutivo autorizó la subasta pública de tres padrones ubicados en Punta Ballena, departamento de Maldonado, que fueron decomisados por la Justicia Penal en una causa por lavado de activos vinculada al narcotráfico. El inmueble perteneció a Gerardo González Valencia, narcotraficante mexicano condenado por crimen organizado, y pasó a manos del Estado tras una sentencia firme.
La resolución fue adoptada en el marco de las competencias de la Junta Nacional de Drogas (JND), organismo que administra los bienes decomisados en causas vinculadas al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. Los padrones —identificados con los números 125, 126 y 127— están ubicados en Ruta 10 esquina Juana de América, frente a la rotonda de acceso a Ruta 12, en la zona de Solanas.
Según consta en el documento oficial, el decomiso fue dispuesto por el Juzgado Letrado de Primera Instancia Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno, mediante la sentencia Nº 27/2020, dictada el 30 de noviembre de 2020, en una causa que investigó un delito continuado de lavado de activos. En el mismo proceso judicial también fue condenada Wendy Amaral Arévalo por asistencia al lavado de activos.
La subasta se realizará a través de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios, en el marco del convenio vigente con la Junta Nacional de Drogas. Las bases fijadas para el remate son de US$ 70.000 para el padrón 125, US$ 86.000 para el padrón 126 y US$ 82.000 para el padrón 127.
El procedimiento se ajustará a la normativa vigente en materia de bienes decomisados, incluyendo lo dispuesto por el Decreto-Ley Nº 14.294 y la Ley Nº 19.574 sobre lavado de activos, y deberá contar con la intervención del Tribunal de Cuentas, según lo establecido en la resolución.
La subasta forma parte de la política estatal de recuperación y reutilización de activos provenientes del delito, una herramienta que busca debilitar económicamente a las organizaciones criminales y reintegrar esos recursos al circuito legal.
Subasta de mansión en Punta del Este
Tal como informara El País, en noviembre de 2025 Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia y presidente de la Junta Nacional de Drogas, dispuso la subasta de la mansión de Punta del Este que perteneció al narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos. El narco había sido extraditado de Uruguay en mayo de 2020.
El inmueble está ubicado en el Padrón N° 7617 de la calle Voltaire entre Luis Pasteur y Avenida de las Magnolias, en Punta del Este, departamento de Maldonado. La mansión había sido decomisada por la Justicia Penal a favor de la Junta Nacional de Drogas, según señala la resolución emitida por Presidencia.
La subasta de la mansión comenzará con una base de US$ 680.000, y se realizará a través de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores.
¿Quién es González Valencia?
González Valencia, uno de los líderes del cártel de Los Cuinis, fue detenido en Uruguay en 2016 y extraditado a Estados Unidos en 2020.
La Justicia de Estados Unidos utiliza un ranking de puntos para medir la gravedad del delito. En el Distrito de Columbia el máximo son 43 puntos y los delitos cometidos por González Valencia se calcularon en 38 puntos. El Tribunal lo encontró culpable por traficar durante más de una década miles de kilos de droga, además le agregó años por posesión de un arma de fuego y el uso de violencia.
Según el fallo, González Valencia y sus asociados traficaron cocaína en un cargamento de cadáveres de tiburón, y emplearon una amplia gama de métodos de transporte, incluidos aviones comerciales, embarcaciones y camiones. González Valencia empleaba con frecuencia la violencia y las amenazas de violencia en su negocio de narcotráfico.
Él mismo portaba una pistola y armaba a sus subordinados con rifles AK-47. Por ejemplo, en una ocasión en 2005, contrató a sicarios, les proporcionó armas y les ordenó que mataran a un hombre que sospechaba que le había robado la cocaína.
Después del asesinato, González Valencia llamó a la familia de la víctima durante el funeral para asumir la responsabilidad del asesinato y exigir 12 millones de dólares por la droga supuestamente desaparecida.
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