El narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia, uno de los líderes del cártel de Los Cuinis, que fue detenido en Uruguay en 2016 y extraditado a Estados Unidos en 2020, intentó ampararse en fallos de la Justicia uruguaya para evitar que un Tribunal de Apelaciones norteamericano confirmara la cadena perpetua a la que fue sentenciado.
La audiencia se celebró en el mes de abril, y la sentencia, ahora divulgada por el Distrito de Columbia, detalla que, por primera vez, el narcotraficante basó su defensa en la interpretación de jueces y fiscales uruguayos que entendían que la aplicación de la cadena perpetua “vulneraría el orden público” de nuestro país.
La dureza de la pena que el narco podría recibir fue motivo de discrepancias y confusiones en la Justicia uruguaya, situación que dilató el proceso de extradición y obligó a la propia Embajada de Estados Unidos a intervenir, haciendo notar que no se podían poner condiciones en ese aspecto.
Sin embargo, en los estrados norteamericanos la defensa del narco puso allí el acento, detalló cada uno de los fallos judiciales uruguayos y apeló a que Estados Unidos tuviera “comity” o “cortesía” con Uruguay, una práctica por la cual, en el ámbito judicial, un tribunal reconoce una sentencia extranjera por respeto a la soberanía del país que la emitió. Ese principio no es obligatorio ni vinculante, sino una decisión voluntaria basada en la reciprocidad y la buena fe.
Pero la respuesta del Tribunal de Apelaciones norteamericano fue breve y contundente: calificó de “frívolo” el argumento del narco y lo mandó a prisión de por vida por el delito de conspiración para distribuir miles de kilos de cocaína en Estados Unidos.
Idas y vueltas
Durante cuatro años, González Valencia batalló en los tribunales uruguayos para evitar su extradición. Fue quien, estando preso, amenazó al entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, con “colgarlo del puente más alto del Uruguay”.
El 12 de junio de 2017, el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, se pronunció a favor de la extradición, pero en su fallo dejó constancia de que debía estar “supeditada” a que Estados Unidos “no impondrá en el caso la pena de muerte, como así tampoco -aunque no lo prevea expresamente el Tratado de Extradición- una pena de reclusión perpetua ni pena equivalente, ya que las mismas no están previstas en nuestro país, y ello vulneraría nuestro orden público”.
El 28 de agosto de 2017, la jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu concedió la extradición de González Valencia con la condición de que en Estados Unidos no se lo condenara a cadena perpetua. “Entiende la sentenciante que es admisible imponer al Estado requirente la condición en relación con la pena de prisión perpetua, desde que la misma no está prevista en nuestro orden público interno y contraviene nuestro orden público internacional”.
Aludió también a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, que establece que los Estados Parte tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar todos aquellos actos que -sin llegar a la tortura- constituyan penas crueles, inhumanas o degradantes. Larrieu sostuvo que “puede concluirse que la prisión perpetua constituye una pena inhumana y, por lo tanto, inadmisible para nuestro orden público internacional”.
Larrieu invocó palabras del profesor Raúl Cervini sobre la necesidad de contemplar los derechos humanos del extraditado frente al deber de la cooperación internacional.
La defensa de González Valencia apeló. La sentencia redactada por la ministra Gabriela Merialdo confirmó la extradición y también las condiciones relativas a la cadena perpetua fijadas en el fallo de primera instancia. El narco recurrió a la Suprema Corte.
La sentencia redactada por la ministra Elena Martínez y apoyada por unanimidad de la Corte deja claro que ante Estados Unidos la única condición que puede invocar Uruguay para cualquier extradición es que no se aplique la pena de muerte.
No obstante, detalla: “El riesgo de que se le imponga la pena de prisión perpetua o la pena de muerte está conjurado porque la sentencia de primera instancia (confirmada por la impugnada) condicionó la concesión de la extradición a que las autoridades intervinientes aseguren que, en caso de ser condenado, no se le impondrá a González Valencia”.
Esto hizo que la Embajada de Estados Unidos enviara una nota a la Justicia haciendo notar que esta condición vinculada a la pena perpetua excedía las potestades del Estado uruguayo y no era de recibo ni se asumía compromiso alguno para cumplirla.
Finalmente, Uruguay admitió que no podía exigir garantías sobre la pena a Estados Unidos aunque se dejó constancia de una “expectativa de cumplimiento voluntario” por parte de la justicia norteamericana que, a la luz de los hechos, no tuvo la menor consideración.
Tiburones con cocaína y la llamada en el entierro
La Justicia de Estados Unidos utiliza un ranking de puntos para medir la gravedad del delito. En el Distrito de Columbia el máximo son 43 puntos y los delitos cometidos por González Valencia se calcularon en 38 puntos, es decir, casi el máximo. El Tribunal lo encontró culpable por traficar durante más de una década miles de kilos de droga, además le agregó años por posesión de un arma de fuego y el uso de violencia. Según el fallo, González Valencia y sus asociados traficaron cocaína en un cargamento de cadáveres de tiburón, y emplearon una amplia gama de métodos de transporte, incluidos aviones comerciales, embarcaciones y camiones. González Valencia empleaba con frecuencia la violencia y las amenazas de violencia en su negocio de narcotráfico.
Él mismo portaba una pistola y armaba a sus subordinados con rifles AK-47. En una ocasión en 2005, contrató a sicarios, les proporcionó armas y les ordenó que mataran a un hombre que sospechaba que le había robado la cocaína.
Después del asesinato, González Valencia llamó a la familia de la víctima durante el funeral para asumir la responsabilidad del asesinato y exigir 12 millones de dólares por la droga supuestamente desaparecida.
Más de 76 mil documentos como pruebas
Los González Valencia son poderosos narcotraficantes en México. Gerardo cayó en Uruguay en 2016 y en abril de este año fue confirmada su cadena perpetua en Estados Unidos. Su hermano Abigail enfrenta en estas horas un proceso judicial en el Distrito de Columbia y, si tiene suerte, también será sentenciado a estar en prisión el resto de su vida. Gerardo y Abigail fundaron el cártel de Los Cuini. Pero Abigal fue también el cerebro financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del México.
En la primera audiencia celebrada hace tres semanas, se presentaron más de 76 mil documentos de interceptaciones de comunicaciones, que incluyen registros de conversaciones en dispositivos Blackberry en las que aparecen Abigail, su cuñado que es líder de la organización y otros cómplices.
Abigal González Valencia enfrenta tres cargos principales: crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina, y uso de armas de fuego.
De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, González Valencia diseñó un esquema financiero que permitió al CJNG expandirse a mercados internacionales, particularmente en Estados Unidos y Europa, donde la venta de cocaína alcanzaba precios millonarios.
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