Decenas de trabajadores llevan a la Justicia reclamos por descuentos salariales que no habrían llegado a destino

Un conflicto por retenciones efectuadas sobre los salarios de trabajadores de una empresa de limpieza comenzó a avanzar por distintas vías ante la Justicia laboral. Los reclamos apuntan a determinar qué sumas fueron descontadas de los sueldos para pagar obligaciones con terceros y si ese dinero fue efectivamente volcado, y cuándo, a sus destinatarios.

Los abogados Ignacio Barlocci y María Izaguirre representan a 23 trabajadores que ya atravesaron la instancia de conciliación por situaciones de características similares. La mayoría de esos casos se encuentra ahora en diligencias preparatorias.

El objetivo de esas actuaciones es obtener la documentación necesaria para reconstruir, trabajador por trabajador, durante qué períodos autorizó determinadas retenciones, cuáles fueron efectivamente practicadas por la empresa y en qué oportunidades el dinero descontado fue transferido —o no— a las instituciones correspondientes. Con esos datos, los abogados prevén delimitar períodos y montos antes de presentar las demandas.

Sin embargo, existe más de una decena de trabajadores que se encuentran en la misma situación que recurrió a otra defensa. Fuentes del caso dijeron a El País que la gran mayoría de los trabajadores con reclamos similares ya tiene actuaciones en curso.

La empresa involucrada es Cleannet Uruguay, dedicada a servicios tercerizados de limpieza y que presta tareas, entre otros lugares, en el Puerto de Montevideo.

Uno de los expedientes más avanzados corresponde a un trabajador que se desempeña como limpiavidrios en el puerto. La demanda fue presentada contra la compañía y también contra el presidente del directorio, Sergio Perrone, cuya eventual responsabilidad personal es uno de los puntos discutidos en el proceso.

El mecanismo cuestionado estaba vinculado a servicios o líneas de crédito con la Cooperativa de Consumos del Transporte (Cotrans), ANDA y la cooperativa ACE. Determinados montos debían ser descontados del salario por Cleannet y posteriormente volcados a esas instituciones. En el expediente también aparecen una retención judicial por alimentos y aportes destinados al Sindicato Único Portuario (Supra).

Uno de los elementos más relevantes hasta el momento surgió durante una audiencia celebrada ante el Juzgado de Trabajo de 11^er Turno. Allí, el vicepresidente de Cotrans declaró que la empresa actuaba como agente de retención. Es decir, la cooperativa comunicaba los importes correspondientes y la empresa debía descontarlos del salario del trabajador para luego transferirlos.

Consultado por el caso concreto del trabajador que tiene el expediente más avanzado, afirmó que existieron problemas con los pagos. Un descuento comunicado en diciembre de 2025, que debía ser abonado en enero, fue pagado el 29 de abril de 2026.

El representante de la cooperativa declaró además que la cuenta corriente del trabajador registraba entonces una deuda de $66.435 y que Cotrans no le estaba concediendo préstamos. Agregó que el empleado había mostrado recibos de sueldo en los que figuraban descuentos realizados.

Interrogado por la defensa, el testigo no pudo precisar qué parte correspondía a capital, intereses o mora ni identificar exactamente los meses involucrados. Explicó que se basaba en la cuenta corriente del socio y que la deuda figuraba con la cooperativa.

ANDA también dio cuenta de antecedentes de atrasos. Un abogado de la institución declaró que Cleannet había firmado un acuerdo durante 2025 porque venía realizando pagos fuera de fecha y señaló que posteriormente la situación se había regularizado en buena medida.

Además, explicó que cuando una empresa supera ciertos períodos de atraso, sus trabajadores pueden quedar temporalmente impedidos de utilizar el crédito. Pero no pudo afirmar que esa consecuencia hubiera afectado específicamente al trabajador de este expediente.

La presidenta de ACE aportó menos elementos y declaró que no intervenía en la administración de la cooperativa y que desconocía si habían existido inconvenientes concretos con los pagos correspondientes a este trabajador.

Cleannet rechazó la demanda y cuestionó tanto la naturaleza de los montos reclamados como los daños que el trabajador atribuye a la empresa, según documentos del caso a los que accedió El País. Entre sus argumentos, sostiene que las sumas cuestionadas no pueden ser consideradas salarios impagos porque correspondían a obligaciones asumidas por el propio trabajador con terceros y la compañía intervenía como agente de retención.

"Es importante hacer notar desde ya a la Sede el compromiso de Cleannet con el cumplimiento y apego a la normativa en materia de derecho laboral, seguridad, salud e higiene laboral dicen que empresa tiene baja conflictividad laboral", expresó la empresa en la contestación de la demanda y agregó que "el relato del actor se basa en extremos comprobablemente falsos y no resiste un análisis jurídico serio".

La defensa también discute que eventuales atrasos en esos pagos sean la causa de los perjuicios crediticios, familiares y emocionales reclamados.

En cuanto a Sergio Perrone, el demandante pretende que responda personalmente junto con la empresa. Su defensa rechaza ese planteo y sostiene que no existe prueba suficiente de una actuación personal que permita atribuirle las obligaciones de la sociedad ni de un enriquecimiento propio o un desvío de fondos hacia su patrimonio.

Además, en su contestación de la demanda la empresa no solo negó los hechos relatados por el trabajador, sino que se opuso a la prueba. Por ejemplo, al testimonio de un testigo que declararía sobre un local comercial alquilado por Perrone junto a su hermano, asegurando que se trata de una prueba impertinente. También aseguró que los abogados del trabajador solicitaron información reservada.

Finalmente, desde la empresa propusieron testimonio notarial de poder para pleitos, informe del Clearing, calificación de riesgos del BCU, entre otros medios probatorios.

Este caso más avanzado permanece actualmente en etapa probatoria y a la espera del diligenciamiento y respuesta de distintos oficios. Durante la audiencia, a cuya acta accedió El País, la jueza dispuso reiterar pedidos de información a ANDA, ACE y Cotrans y ordenó incorporar documentación pendiente.

Todavía no existe una sentencia que determine qué sumas fueron efectivamente descontadas y no transferidas, qué consecuencias pueden atribuirse a esos eventuales incumplimientos ni si corresponde extender responsabilidad personal a Perrone.

Mientras ese expediente espera nueva documentación, los restantes casos avanzan mediante diligencias preparatorias que buscan reconstruir el recorrido del dinero antes de presentar las demandas. Esto es qué retenciones autorizó cada trabajador, qué descuentos realizó Cleannet y qué montos llegaron finalmente a las instituciones a las que estaban destinados.